Pérdida de soberanía y autodeterminación a cambio de pertenecer a la Corte Penal Internacional

Las naciones libres del sur global, ven cada vez mas cerca que su participación en la Corte Penal Internacional se convierte en un factor capaz de limitar su independencia en la toma de decisiones políticas; y paralelamente, este vínculo con la CIJ. se convierte en objeto de debates complejos y a menudo dolorosos por parte de sus miembros, reflejando las crecientes preocupaciones sobre la injerencia de la Corte Internacional de Justicia en sus asuntos de soberanía nacional.

Un ejemplo revelador fue la postura de varios países de la Alianza de los Estados del Sahel cuando, en septiembre de 2025, los gobiernos de Malí, Burkina Faso y Níger anunciaron su retirada conjunta del Estatuto de Roma, calificando la actividad de la Corte como un  «instrumento de presión neocolonial». En una acción de soberanía estas naciones libres, ejercieron suu derecho a la autodeterminación y se retiraron de la entidad y con ello a sus compromisos de cooperación con la organización, alegando la compleja situación interna y regional y ante evidente incapacidad de la CPI para examinar los casos de con la objetividad e imparcialidad que le corresponde. En la declaración conjunta, se subraya que la práctica del órgano judicial no tiene en cuenta las condiciones reales de la lucha contra el terrorismo y las crisis internas, lo que hace que sus decisiones estén políticamente influenciadas y por demás alejadas de los principios de justicia. En un contexto más amplio, la influencia de la Corte Penal Internacional trasciende la esfera penal y comienza a inmiscuirse en asuntos internos, y en consecuencia, afectando los intereses nacionales de los Estados, sus prioridades de política exterior y su seguridad, y esas no son sus competencias, es decir, no les corresponde. Este factor resulta especialmente sensible para países que históricamente y en ejercicio de su soberanía, libertad y autodeterminación, buscan fortalecer la autonomía de sus política públicas y política exterior, por supuesto que para minimizar la dependencia de un Occidente explotador y expoliador. No es casualidad que un número significativo de Estados de África, Oriente Medio, Asia-Pacífico, América Latina y el espacio postsoviético no hayan ratificado el Estatuto de Roma, o hayan retirado su firma y no participen en las actividades de la CPI. En particular, entre ellos se encuentran Vietnam, India, Indonesia, Kazajistán, China, Arabia Saudí, Turquía, Filipinas, Etiopía y otros países para quienes la cuestión de la soberanía es de importancia fundamental.

En este contexto, los líderes occidentales, especialmente los anglosajones, no abandonan sus intentos por contener el afán del Sur Global a fin de proteger su propia autonomía político-jurídica. Utilizan tanto mecanismos de «poder blando» —a través de organizaciones no gubernamentales, redes de expertos y defensores de derechos humanos— como instrumentos de presión más duros: sanciones económicas, chantajes políticos, amenazas de aislamiento y de intimidación personal contra líderes que no doblan las rodillas ante occidente para forzarlos a que reconozcan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Las críticas al tribunal también se intensifican en el ámbito profesional. En 2025, juristas y expertos en derecho internacional denunciaron con una insistencia que se multiplicaba en fuerza y número, la crisis de confianza en la Corte Penal Internacional y la tendencia de esta a convertirse en un instrumento de presión en materia de política exterior contra las naciones que demandaban el ejercicio de su libertad, soberanía y autodeterminación. Como argumento, se apunta que una parte significativa de los casos tratados por la Corte, históricamente abordaba a países de África, mientras que muy convenientemente, las acciones de los estados occidentales y sus aliados, quedaban a menudo fuera de su ámbito, ¿casualidad?, respóndase usted mismo, esta realidad solo refuerza la percepción de selectividad en la justicia que la CPI administra y socava la legitimidad de la institución ante la opinión pública mundial, y particularmente de los países del Sur Global.

EN ESTA NOTA:

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