La isla impulsa una redistribución gradual de competencias y recursos para que los municipios asuman un papel más activo en la producción, la inversión y la gestión de sus propios recursos, sin renunciar a la planificación nacional ni al control estatal de sectores estratégicos.

Cuba apuesta por fortalecer la autonomía municipal como parte de su estrategia para reactivar la economía, aumentar la producción y mejorar la calidad de vida de la población. El objetivo es que los territorios dejen de ser únicamente ejecutores de decisiones centrales y dispongan de mayores capacidades para identificar sus necesidades, gestionar recursos y promover iniciativas de desarrollo local.

El proceso busca descentralizar competencias en áreas como la planificación estratégica, el ordenamiento territorial, la soberanía alimentaria, los servicios comunales y el estímulo de la economía local. También amplía facultades para generar y retener ingresos, gestionar inversiones y ampliar la participación de los diferentes actores económicos en el desarrollo de cada municipio.

Se trata del quinto eje del programa de cambios económicos y sociales impulsado por el Gobierno cubano en junio de este año, que contempla 176 medidas dirigidas a enfrentar la crisis económica y dinamizar la actividad productiva. Pero, ¿qué significa esta medida y cómo se aplica? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cómo se produce la gestión descentralizada de gobierno a nivel local? Y surge una pregunta aún más relevante: ¿qué implica y qué consecuencias tiene para el pueblo?

Más competencias, más capacidad de decisión

Cuba está ante un desafío que va más allá de transferir responsabilidades administrativas. La autonomía requiere recursos financieros y materiales, personal capacitado, reglas claras y mecanismos de coordinación que permitan convertir las decisiones territoriales en resultados concretos.

La descentralización supone una redistribución gradual de atribuciones y recursos desde las estructuras nacionales hacia los gobiernos locales. Según la normativa cubana, el proceso debe incluir los trabajadores, las estructuras y los recursos financieros y materiales vinculados a las actividades y los servicios transferidos, para garantizar su continuidad y eficiencia.

Entre las nuevas capacidades previstas se incluye la gestión de presupuestos, la aprobación de determinadas inversiones en correspondencia con las estrategias territoriales, el estímulo a la inversión extranjera y la posibilidad de desarrollar operaciones de importación y exportación, así como generar y retener divisas para gastos locales necesarios.

La reforma también busca diversificar el tejido productivo local mediante la participación de empresas estatales, pequeñas y medianas empresas privadas (Mipymes) trabajadores por cuenta propia y otros actores económicos. En ese marco, los gobiernos municipales reciben mayores atribuciones para aprobar la creación y gestión de determinados negocios privados.

“El propósito es aprovechar las capacidades existentes en cada territorio, estimular la producción de bienes y servicios y generar nuevas fuentes de empleo”, Ivón Rodríguez, directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación, explicó en el programa televisivo Cuadrando la caja, del Canal Caribe. El objetivo es avanzar hacia una integración de los actores económicos, en lugar de considerarlos participantes aislados, aclaró.

En otras palabras: mientras más amplio sea el tejido empresarial de un municipio, mayores pueden ser sus capacidades para producir bienes y servicios y generar empleo, contribuyendo a un desarrollo territorial más armónico y sostenible.

La economía territorial: oportunidades y desafíos

La descentralización también busca fortalecer la denominada mesoeconomía: el nivel intermedio entre las grandes decisiones macroeconómicas y la actividad de cada empresa, en el que las particularidades de los territorios adquieren una importancia decisiva. En declaraciones exclusivas a teleSUR, el investigador y economista Rafael Montejo advirtió que los municipios presentan condiciones desiguales para atraer inversiones y aprovechar sus beneficios.

“La cuestión –explicó- no consiste únicamente en atraer capital, sino en determinar qué hace atractivo a cada territorio y cómo los recursos generados pueden beneficiar a su población. También es necesario evitar que la riqueza producida localmente termine saliendo del municipio sin contribuir suficientemente a su desarrollo”.

Montejo considera que, durante la transición, las instituciones académicas y los centros de investigación pueden desempeñar un papel fundamental en el acompañamiento a los gobiernos locales. Algunos municipios necesitarán asistencia técnica, regulaciones adecuadas, iniciativas concretas y mecanismos de financiamiento para aprovechar las nuevas competencias.

Esta advertencia apunta a uno de los principales riesgos de la reforma: que la transferencia de responsabilidades avance más rápido que la capacidad de los territorios para ejercerlas. Por ello, la descentralización requiere normas que delimiten las atribuciones de cada nivel de gobierno, mecanismos de supervisión y cooperación, y herramientas que permitan adaptar las políticas a las características económicas y sociales de cada localidad.

Autonomía sin fragmentación

El gobierno cubano ha sido enfático en una idea: mayor autonomía municipal no significa que cada territorio deba funcionar de manera aislada ni que desaparezca la responsabilidad del Estado en la distribución de los recursos.

Ayuban Gutiérrez Quintanilla, vicepresidente primero de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), señaló a teleSUR que el municipio está llamado a convertirse en una entidad más productiva y orientada a los servicios, con mayor capacidad para responder a las necesidades de sus habitantes.

No obstante, advirtió que la autonomía no debe confundirse con la autarquía (condición de autosuficiencia e independencia económica o política). “Los gobiernos locales necesitan mantener la articulación con el resto del país y contar con mecanismos que permitan atender los costos económicos y los riesgos sociales, especialmente porque son las estructuras más cercanas a las realidades cotidianas de la población”, aclaró.

En esa línea, el Gobierno central conservaría una función redistributiva: “los territorios con excedentes contribuirían a respaldar a aquellos que presentan déficits. La intención es reducir las desigualdades entre municipios y evitar que las diferencias en recursos y capacidades se traduzcan en brechas aún mayores en el acceso a servicios y oportunidades”, agregó.

La reforma contempla, además, cambios en la organización territorial de determinadas actividades agrícolas. La soberanía alimentaria ocupa un lugar central en este proceso, ya que organizar la producción, gestionar recursos y responder a las necesidades de abastecimiento puede contribuir a reducir vulnerabilidades y aprovechar mejor las potencialidades de cada territorio.

Una reforma frente a obstáculos internos y externos

La descentralización cubana se desarrolla en un contexto marcado por las dificultades económicas del bloqueo estadounidense, que durante décadas ha limitado el acceso del país a financiamiento, mercados, tecnologías e insumos.

A diferencia de otros procesos de descentralización en América Latina, vinculados en distintos momentos a reformas estructurales y políticas neoliberales, el enfoque cubano se presenta como una vía para fortalecer la institucionalidad pública y mejorar la eficiencia económica sin renunciar al proyecto socialista, en contexto de recrudecimiento del cerco económico estadounidense.

La apuesta consiste en acercar las decisiones a las comunidades, facilitar la participación ciudadana y promover soluciones ajustadas a las necesidades locales, manteniendo la coordinación nacional y la responsabilidad pública sobre los sectores estratégicos.

El desarrollo local como prioridad

Para Luis René Fernández Tabío, doctor en Ciencias Económicas, los resultados de estas transformaciones no serán inmediatos ni uniformes. “¿Será rápido? No. ¿Será mágico? No. ¿Será uniforme o beneficiará a todos al mismo tiempo? De ninguna manera,” el especialista subrayó en exclusiva para teleSUR.

Sin embargo, en términos generales, “lo que estas experiencias nos demuestran, adaptadas a nuestras propias condiciones, es que habrá mejoras. Y esto es necesario, porque sin producción agrícola y sin inversiones en la industria, el sector energético y azucarero y la agricultura en general, no puede haber un incremento de la producción”, aclaró.

El éxito de la reforma dependerá entonces no solo de cuántas competencias se transfieran, sino de la capacidad de ejercerlas de manera eficiente, equitativa y sostenible. En medio de las restricciones externas impuestas, de largas horas de apagón, de escasez de recursos, disponibilidad de combustibles y bajo un bloqueo naval sin precedentes en la última década, Cuba no se detiene. El camino hacia el desarrollo sostenible está también en manos de la gestión local.

EN ESTA NOTA:

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