Las boyas en el Estrecho y la suspensión de Schengen entre Italia y España no son medidas de emergencia: son la arquitectura permanente de una Europa que blinda su frontera de capital mientras sostiene, con su historia y su presente económico, las condiciones que expulsan a esas mismas personas.

Por María Fernanda de la Quintana

(Cifras al cierre de esta nota, viernes 31 de julio de 2026)

Entre 40.000 y 50.000 personas cruzaron en las últimas horas desde Marruecos hacia Ceuta: a nado, con cámaras de aire y flotadores improvisados, o derribando tramos de la valla fronteriza. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó que al menos 67 personas murieron ahogadas o en una estampida en el espigón, y afirmó que la situación está prácticamente controlada. Con este balance, los migrantes hallados sin vida en Ceuta durante 2026 ya superan los 90 —más del doble de los 46 registrados en todo 2025—, y las tareas de rescate en el mar seguían este sábado, mientras el gobierno daba la crisis por cerrada. No es una cifra de gestión migratoria. Es una cifra de mortalidad evitable, producida por una frontera diseñada para que cruzarla cueste la vida.

El lenguaje como primera arma

Frente a esa cifra, la respuesta política no fue humanitaria: fue territorial. Pedro Sánchez calificó la llegada de estas personas como una «violación de la integridad territorial de España«, un giro que no es menor: cuando un gobierno incorpora el léxico de la seguridad nacional para describir un fenómeno migratorio, contribuye a desplazar el debate desde la protección de derechos hacia la lógica de la amenaza. Santiago Abascal no tardó en capitalizar ese marco discursivo: habló directamente de invasión, describió a quienes cruzan como hombres en edad militar que no huyen ni de la guerra ni de la pobreza, y llamó a expulsarlos «con los medios que sea» si el Estado no lo hacía primero. Vox negó, de hecho, que hubiera mujeres o niños entre quienes cruzaron; las autoridades españolas confirmaron la presencia de 500 menores entre ellos.

Los flujos migratorios contemporáneos también deben leerse a la luz de una historia de relaciones coloniales y poscoloniales que contribuyó a configurar desigualdades persistentes entre Europa y buena parte de África y Asia. Ese legado histórico se entrelaza hoy con dinámicas económicas, climáticas, geopolíticas y bélicas que impulsan los desplazamientos humanos. En ese contexto, reducir la migración a un problema de control fronterizo supone invisibilizar las condiciones estructurales que la producen.

La respuesta es infraestructura, no derecho

Más allá de las palabras, la medida concreta que anunció Sánchez fue instalar boyas en el agua para devolver en frontera a quienes lleguen a nado. Este sábado, el gobierno confirmó los detalles: una barrera de contención marítima de 500 metros entre Ceuta y Marruecos, mientras continuaban las tareas de rescate en el mar. Es una decisión reveladora: frente a una crisis humanitaria, el Estado responde con ingeniería de contención, no con vías legales y seguras. No hay corredor humanitario, no hay ampliación del asilo. Hay una boya, y ahora, quinientos metros de ella.

Esa misma lógica opera a escala continental. Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, fue progresivamente sustituyendo sus misiones de búsqueda y rescate marítimo por vigilancia aérea con drones. El presupuesto no creció para salvar más vidas en el mar: creció para detectar y contener antes de que hiciera falta rescatar a nadie.

El éxodo no nace en el momento en que alguien decide cruzar una valla. Nace antes, en el mismo continente que hoy levanta boyas: en los términos de intercambio que fijan potencias como España y Francia sobre las materias primas africanas, en las deudas heredadas de la descolonización, en las políticas agrícolas europeas que subsidian su propia producción y arruinan la de sus antiguas colonias. La frontera no contiene una amenaza externa: administra, del lado de adentro, las consecuencias de un reparto económico que Europa nunca dejó de escribir del lado de afuera.

El patrón se repite: cinco años del mismo guion

Esta no es la primera vez. En mayo de 2021, cuando Marruecos aflojó los controles fronterizos en medio de una disputa diplomática por el Sáhara Occidental, entre 9.000 y 12.000 personas cruzaron a Ceuta en 48 horas, entre ellas al menos 1.200 menores no acompañados. El propio Parlamento Europeo tuvo que aprobar una resolución acusando a las autoridades marroquíes de usar a esos niños como instrumento de presión diplomática contra España. Cinco años después, el guion se repite casi intacto: un vecino que abre la frontera cuando le conviene, una Europa que reacciona con indignación puntual, y una arquitectura de fondo que nunca se toca.

Lo que sí cambió esta vez es que la propia ONU salió a discutir la versión oficial mientras la crisis todavía estaba en curso. El Secretario General pidió respetar «los derechos y la dignidad» de todas las personas que llegan a Ceuta, y ACNUR fue más allá: rechazó explícitamente la idea de que el aumento de las llegadas responda a un solo hecho puntual —como una sentencia judicial mal interpretada, la explicación que circuló desde el gobierno español— e insistió en que hay que mirar el conjunto de factores. Es la propia agencia de la ONU para refugiados desmintiendo, en tiempo real, el relato que los gobiernos usan para no discutir las causas estructurales.

El número que sostiene la tesis

Frontex nació en 2004; para 2005, su primer año pleno de operación, contaba con apenas 50 empleados y 6 millones de euros de presupuesto. En 2025 administraba más de 1.120 millones de euros — un salto de casi 190 veces en dos décadas.

Ese dinero se tradujo en 100 millones de euros invertidos en drones de vigilancia —contratados con Airbus, la israelí Israel Aerospace Industries y la también israelí Elbit Systems, según consta en preguntas formales presentadas ante el Parlamento Europeo— para monitorear el Mediterráneo desde el aire. Se tradujo en un cuerpo armado propio que apunta a 10.000 efectivos uniformados y armados para 2027: el primer cuerpo uniformado permanente de toda la Unión Europea, con facultades para verificar identidad, tomar huellas y portar armas. Y se tradujo en resultados concretos: entre 2009 y 2019, Frontex coordinó 60.135 expulsiones en 1.437 operaciones conjuntas de retorno, según una investigación de El Orden Mundial basada en solicitudes de acceso a la información dirigidas directamente a la agencia.

Veinte años de continuidad presupuestaria no son una respuesta de emergencia. Son una decisión sostenida, construida ladrillo a ladrillo, sobre qué hacer con las personas que el propio orden económico internacional expulsa de sus lugares de origen: no acogerlas, contenerlas.

La fractura no es solo con el Sur

Lo nuevo de esta semana es que esa arquitectura empezó a fisurarse puertas adentro. Italia planteó directamente la suspensión o expulsión de España del espacio Schengen por la crisis en Ceuta, una propuesta que sumó el respaldo de Finlandia, Dinamarca y República Checa. Horas después, la propia Roma matizó que los controles serían solo para viajeros no europeos, y la Comisión Europea terminó descartando la exclusión: no existe mecanismo legal para expulsar a un socio de Schengen, y Bruselas constató que no hubo desplazamiento de personas desde Ceuta hacia la España peninsular ni hacia el resto del bloque. Ursula von der Leyen, mientras tanto, salió a exigir devoluciones rápidas y desmantelamiento de redes de tráfico antes que a preguntarse por las causas del éxodo.

Ni siquiera hay solidaridad real entre los socios de la fortaleza. Cuando la presión migratoria toca a un Estado miembro, los otros no se abren para sostenerlo: se cierran contra él, con la misma lógica de contención que aplican hacia afuera.

Pero la fractura institucional convive con una convergencia ideológica que cruza fronteras y océanos. El canciller alemán Friedrich Merz celebró la disposición española a impedir el ingreso de migrantes irregulares al continente. El canciller italiano Antonio Tajani fue más allá y calificó de error haber otorgado ciudadanía española y europea a más de 500.000 migrantes irregulares, presentándolo como un estímulo a la trata de personas. Y la instrumentalización saltó el Atlántico: Donald Trump usó las imágenes de Ceuta para advertirle a su electorado que Estados Unidos correrá la misma suerte si el Partido Demócrata gana en 2028, mientras la Casa Blanca —aliada del gobierno marroquí— responsabilizó a las «políticas globalistas de extrema izquierda» de Sánchez por el caos fronterizo.

La cohesión de esta arquitectura se sostiene en los tratados que regulan sus fronteras y en un lenguaje político compartido. Mientras los gobiernos europeos discuten los alcances de Schengen, las derechas internacionales convergen con mayor facilidad en la identificación de un adversario común.

Es la misma arquitectura que reaparece cada vez que el capital necesita territorio: los Estados desregulan sin fricción cuando se trata de extraer recursos, y militarizan sin límite cuando se trata de contener personas. Ceuta no es una excepción europea: es la versión migratoria de una lógica que también gobierna cómo se reparte la tierra, el agua y el subsuelo en cualquier punto del mapa global.

La Europa fortaleza distribuye el castigo puertas adentro con la misma lógica con que lo distribuye puertas afuera: cuando la presión llega a sus propios socios, se cierran entre sí. Veinte años y 1.120 millones de euros después, la pregunta ya no es si Europa puede pagar la acogida. Ha decidido, con presupuesto y con dos décadas de continuidad, pagar el rechazo.

EN ESTA NOTA:

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