Ceuta: la geografía del castigo en la Europa fortaleza (Parte 3)

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La intensa presencia de efectivos armados, la instalación de alambres de púas y el despliegue de tanquetas con cañones de agua alterando radicalmente la cotidianidad de las comunidades fronterizas. Foto: EFE.


Por: María Fernanda de la Quintana

21 de noviembre de 2026 Hora: 14:10

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El muro se volvió contrato

Cinco países de la Unión Europea anunciaron que negocian con Ruanda la apertura, en 2027, de un centro de deportación a miles de kilómetros de sus fronteras. El Reino Unido ya probó ese camino: gastó 700 millones de libras para enviar a cuatro personas. Europa pasó de levantar muros a alquilar un país que los levante.

En marzo de 2023, la ministra del Interior británica, Suella Braverman, recorrió en las afueras de Kigali las viviendas que se construían para recibir a los solicitantes de asilo deportados desde el Reino Unido. Los deportados nunca llegaron. Cuando el plan se canceló, en julio de 2024, el gobierno laborista reveló el saldo: 700 millones de libras gastados para trasladar a cuatro personas, y las cuatro habían ido como voluntarias.

Tres años después, Europa vuelve a Kigali. El 16 de noviembre, en Viena, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el canciller austríaco, Christian Stocker, anunciaron que Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia negocian con Ruanda abrir allí, en 2027, lo que los gobiernos llaman un «centro de retorno». Sería el primero de la Unión fuera de su territorio. Stocker lo llamó un “cambio de paradigma verdaderamente histórico”.

La letra del acuerdo

El centro recibiría a solicitantes de asilo rechazados cuyos países de origen se niegan a readmitirlos, con excepción de los menores no acompañados. Ruanda podría darles un permiso de residencia si no aceptan volver a sus países. Los cinco gobiernos cubrirán los costos, y Alemania ya reservó 20 millones de euros en su presupuesto de 2027. Según personas que conocen las negociaciones, los Países Bajos se concentrarán en hombres adultos de países vecinos de Ruanda y Alemania, en migrantes que no colaboran con su identificación y provienen de Estados que no aceptan recibir a sus propios nacionales.

El acuerdo tiene una base legal reciente. El 1 de octubre, la Unión aprobó el Reglamento de Retorno, inspirado en los centros que Giorgia Meloni abrió en Albania. Votó en contra un solo país, España, y se abstuvo Bélgica. Ese reglamento, junto con el Pacto de Migración y Asilo vigente desde junio, permite detener hasta dos años a quien deba ser expulsado. El ministro del Interior ruandés, Vincent Biruta, aseguró que su país no cobra. El comunicado conjunto describe una asociación que abarca “otras áreas de interés común”. Una de ellas tiene antecedentes: en febrero de 2024, la UE firmó con Kigali un memorando sobre materias primas críticas.

La frontera que la Europa fortaleza levantó en Ceuta y en el Mediterráneo sigue en pie, y ahora tiene una sucursal en África, con un dueño de casa que dice no cobrar y un inquilino que paga todos los gastos.

El argumento de los gobiernos

Los gobiernos que firman tienen un argumento, y conviene escucharlo entero. El sistema de expulsiones fracasa: en un trimestre típico, los Estados de la Unión emiten unas 117.500 órdenes de salida y menos de un tercio se cumplen. Muchos países de origen no aceptan a sus nacionales, y miles de personas quedan en un limbo legal dentro de Europa, sin papeles y sin salida. El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, defendió los centros como una salida positiva para quienes no tienen perspectivas en Europa ni un país que los reciba.

El argumento se desarma con los números de quienes ya lo probaron. Del ensayo británico quedaron cuatro voluntarios. En Albania, según ActionAid y la Universidad de Bari, el centro de Gjadër recibió 307 personas en 2025 y logró 59 repatriaciones; cada una costó más de 68.000 euros. La externalización fracasó en los dos lugares donde Europa la ensayó, y aun así vuelve a probarse. La ONU, Human Rights Watch y Save the Children advirtieron además sobre los riesgos del nuevo centro: la detención, el acceso a asistencia legal, las garantías procesales y la falta de supervisión independiente.

Ruanda, según la justicia británica

El socio elegido tiene antecedentes documentados. El 15 de noviembre de 2023, la Corte Suprema del Reino Unido declaró ilegal el plan británico: consideró que las personas enviadas a Ruanda quedaban expuestas a violaciones de derechos humanos, incluido el riesgo de ser devueltas a los países de los que huían. El gobierno de Rishi Sunak respondió con una ley que obligaba a los jueces a considerar a Ruanda un país seguro. Londres quiso corregir a sus jueces. Los cinco gobiernos eligieron un camino más simple: llevar a las personas a un país donde los tribunales europeos no tienen jurisdicción. El anuncio de Viena llegó tres años y un día después de aquel fallo.

Cancelado el plan, Kigali demandó a Londres ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para cobrar pagos pendientes, y en junio de 2026 el tribunal rechazó todos los reclamos financieros de Ruanda, que sumaban más de 100 millones de libras. En paralelo, el gobierno británico redujo su ayuda a Ruanda al acusarlo de respaldar al grupo armado M23 en el este de la República Democrática del Congo, algo que Kigali niega. Allí, la guerra mantiene desplazadas a millones de personas, en la misma región de donde salen el coltán, el estaño y el oro que el memorando con Bruselas busca asegurar. En febrero de 2025, el Parlamento Europeo condenó el apoyo de Ruanda al M23 y pidió suspender de inmediato ese memorando. Veintiún meses después, cinco países de la Unión negocian con Kigali un centro de deportación. Ese es el país al que Europa le confía a las personas que no quiere ver.

La geografía de la subcontratación

Europa subcontrata el castigo a un Estado que su propio Parlamento acusó de alimentar una guerra. Lo hace para negar la responsabilidad sin renunciar al control.
El castigo ocurre a miles de kilómetros, en un país que no responde ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y adonde no llegan los jueces que frenaron los traslados a Albania. Los cinco gobiernos conservan la decisión de quién se va, y Kigali administra la espera. La Comisión Europea celebró el anuncio y se reservó analizar “caso por caso” si financia los traslados: la responsabilidad queda repartida entre todos para que no la cargue nadie.

La lógica de Ceuta continúa en Ruanda: el muro se muda. En Ceuta, la frontera funcionaba como arquitectura permanente; en Ruanda, se convierte en un servicio que se contrata, se presupuesta y se paga por persona. La geografía del castigo se transforma en geografía de la subcontratación.

Y tiene una historia. Ruanda fue parte del África Oriental Alemana hasta 1916; después pasó a manos de Bélgica, que la administró hasta la independencia. Más de un siglo más tarde, Alemania vuelve a Kigali con un contrato bajo el brazo. Ya no administra el territorio: le encarga a su antigua colonia la custodia de las personas que expulsa, y paga los gastos. Bélgica, la otra potencia colonial, se abstuvo en la votación que lo hizo posible.

Quién paga el contrato

El esquema tiene beneficiarios precisos. Los gobiernos europeos ganan una imagen de firmeza ante un electorado al que la extrema derecha disputa el tema migratorio.
El modelo lo inauguró la ultraderechista Giorgia Meloni en Albania, y ahora lo firma el centro. El anuncio lo hicieron una socialdemócrata, la danesa Frederiksen, cuyo gobierno ya había aprobado en 2021 una ley para enviar solicitantes de asilo fuera de Europa, y un conservador que gobierna con los socialdemócratas, el austríaco Stocker. Alemania lo integraa través deuna coalición de democristianos y socialdemócratas.

Kigali gana recursos y un lugar en la mesa europea. Pagan las personas que el sistema elige: hombres adultos, sin papeles, de países que no los reclaman, sujetos a una detención que puede durar dos años en un país donde nunca estuvieron. Son los que no tienen Estado que los defienda ni electorado que los cuente.

La Europa que se presenta en los foros internacionales como garante de los derechos humanos firmó en Viena su desmentida. Los derechos rigen dentro del territorio, y lo que molesta se manda afuera a un país que acepta el encargo a cambio de financiamiento y de una alianza con Europa que ya incluye sus minerales. El muro de Ceuta se ve desde la costa; el de Kigali se firma en un despacho y no lo ve nadie.

*Periodista, Licenciada en Ciencias y Humanidades, Máster en Bioética Internacional, Especializada en “Bioética y Derechos Humanos en América Latina” (UBA), formada en geopolítica en CLACSO.

Autor: María Fernanda de la Quintana

Fuente: TeleSUR

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