Este nuevo aniversario del golpe se vive en Chile bajo el primer Gobierno de ultraderecha desde el retorno a la democracia. Esa combinación —poder político que se distancia simbólicamente de la fecha y sobrevivientes que siguen esperando justicia— puede funcionar como un potente disparador de reexperimentación traumática, no como un cierre.

El presidente José Antonio Kast, en el poder desde el 11 de marzo de 2026 tras ganar la segunda vuelta con un 58% de los votos, decidió marginarse de los actos oficiales del 11 de septiembre y pasar la conmemoración en la región de Los Ríos, en el marco de una campaña llamada «Chile nos encanta». El Frente Amplio ha criticado esta postura por la ausencia de una condena explícita a las violaciones de derechos humanos, mientras sectores oficialistas la respaldan como parte de una lectura «no ideologizada» de la fecha.

Este tipo de gesto —el silencio o la ambigüedad institucional frente al 11 de septiembre— no es un hecho neutro para quienes vivieron la represión: la psicología política ha documentado que la falta de reconocimiento estatal de los hechos, sobre todo cuando proviene de «poderes públicos diseñados para conferir amparo», genera un daño emocional suplementario y profundiza el quiebre del sentido simbólico del Estado como garante de cohesión social.

Ignacio Martín-Baró, psicólogo salvadoreño asesinado en 1989, sostuvo que el trauma producido por la violencia política no es un fenómeno individual, sino la «cristalización concreta en los individuos de una relación social disforme y deshumanizadora». Para él, la guerra y la represión generan un proceso que empobrece la capacidad de pensar con lucidez, comunicarse con veracidad y ser sensible al dolor ajeno. Esta noción es clave para leer el Chile de hoy: cuando el aparato estatal minimiza, relativiza o guarda silencio sobre la dictadura, no solo se administra un relato histórico, sino que se reactivan las «situaciones límite» —los contextos que exceden la capacidad de las personas para procesar lo vivido— que Martín-Baró identificó como el núcleo del daño psicosocial. Un Gobierno que evita pronunciarse sobre los crímenes de Estado reproduce, en menor escala, esa misma lógica deshumanizadora que originó el trauma.

Elizabeth Lira, Premio Nacional de Humanidades, académica y referente en el trabajo terapéutico con víctimas de la dictadura chilena y en la construcción del PRAIS (Programa de Reparación Integral de Salud), ha mostrado que la evolución del daño psíquico está indisociablemente ligada a los dilemas de la transición: verdad versus ocultamiento, justicia versus impunidad, memoria versus olvido. Su trabajo evidencia que el proceso reparatorio no termina con la vuelta a la democracia; se sostiene o se erosiona según lo que el Estado hace o deja de hacer con la verdad y la justicia.

Cuando prevalece la impunidad, la literatura clínica describe una retraumatización concreta: los sobrevivientes tienden a privatizar sus vivencias como mecanismo de protección, lo que exacerba fantasías de muerte, pensamientos persecutorios, actividad onírica angustiosa y reactividad fóbica, dificultando la elaboración del duelo. El negacionismo agrava este cuadro de forma específica: al no estar sancionado en Chile, deja a sobrevivientes y familiares en un plano de completa desprotección, imposibilitando un duelo cabal y produciendo lo que algunos autores llaman un «no-acontecimiento» que revictimiza y ataca la identidad misma de las víctimas, extendiéndose incluso a su descendencia.

Bruno Bettelheim, psicólogo austríaco sobreviviente de los campos de concentración nazis, describió tres estrategias que adoptan quienes sobreviven a la violencia extrema: quedar tan traumatizados que nunca logran reintegrar su experiencia; evadir la culpa negando que el hecho tuvo impacto significativo, intentando «seguir la vida como si nada», o confrontar directamente el horror para reconstruir un sentido debida. Bettelheim consideraba que la estrategia de la negación es insostenible no solo para el sobreviviente individual, sino para la civilización entera después de una atrocidad histórica. Aplicado al contexto chileno actual, un clima político que tolera el negacionismo o evita nombrar los crímenes empuja precisamente hacia esa negación colectiva que Bettelheim advertía como no viable, porque impide la «nueva integración personal» que solo es posible reconociendo el trauma en su real dimensión.

La investigación chilena sobre transgeneracionalidad muestra que el daño no se detiene en la generación directamente afectada. Estudios con hijos y nietos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos documentan una transmisión de memoria de alta intensidad afectiva —una «posmemoria»— que sigue actuando como resistencia contra la negación y la impunidad, pero también como fuente de sufrimiento heredado: quiebre en los procesos de individuación, mandatos familiares implícitos y una suerte de «cripta psíquica» que atraviesa el núcleo familiar. En los nietos de expresos políticos se ha identificado una apropiación transgeneracional del trauma psicosocial asociado a la historia familiar, consistente con hallazgos previos en hijos de sobrevivientes. La desaparición forzada, en particular, produce lo que se ha descrito como un «secuestro permanente»: la ausencia de información impide el cierre del duelo y la impunidad percibida se vive como un nuevo crimen que retraumatiza a la familia completa, dejándola en el desamparo.

En este marco, un aniversario vivido bajo un Gobierno que rehúye pronunciarse con claridad sobre las violaciones de derechos humanos no es solo un episodio simbólico: para los sobrevivientes de tortura y los familiares de víctimas de desaparición y ejecución extrajudicial, puede operar como confirmación de que la sociedad y el Estado siguen sin garantizar verdad, justicia y no repetición, reactivando el ciclo de daño que Martín-Baró, Lira y Bettelheim, desde tradiciones distintas, coinciden en señalar como consecuencia directa —no colateral— de la impunidad y el negacionismo.

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