ONU: Voto de Argentina y Ecuador contra Cuba desnuda el nuevo eje de Washington
La especialista Ermelinda Malcotte explicó para teleSUR que los gobiernos de Javier Milei y Daniel Noboa actúan como garantes de la política de agresión estadounidense contra la soberanía de los pueblos de la región.
La solidaridad con Cuba triunfa en la ONU, afirma especialista
29 de octubre de 2025 Hora: 13:52
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La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) exigió este miércoles, por trigésimo tercer año consecutivo, el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos (EE.UU.) contra Cuba. La resolución obtuvo un respaldo abrumador de 165 votos a favor, siete en contra y doce abstenciones.
En el marco de esta nueva victoria diplomática para la isla, la especialista Ermelinda Malcotte analizó para teleSUR que el contundente resultado representa el rechazo de la «enorme mayoría del mundo» a la política de Washington, la cual busca «asfixiar a la población al punto de que ellos vayan en contra de su propio gobierno».
Según la analista, Washington insiste en el bloqueo porque otros métodos de agresión, como «la invasión militar y los actos terroristas, no le funcionan». El bloqueo, por lo tanto, se mantiene como el arma principal para intentar doblegar la soberanía de la isla.
Malcotte afirmó que el apoyo masivo a Cuba es el resultado de su histórica «diplomacia de solidaridad», citando el rol de los médicos cubanos en el mundo y la participación de la isla como garante en procesos de paz, como el acuerdo de 2016 en Colombia.
EE.UU. busca el saqueo y recolonización
La especialista afirmó que esta política de agresión no busca acuerdos, sino un «cambio de régimen» para recolonizar la isla y saquear sus recursos. «Ese es el objetivo con Cuba, y también con Venezuela«, puntualizó, al analizar las verdaderas intenciones detrás de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington.
Malcotte explicó que el marco legal que evidencia este plan es la Ley Helms-Burton, promulgada en 1996, la cual endureció el bloqueo y estableció su carácter extraterritorial. Dicha legislación, lejos de ser flexible, fija condiciones específicas para su propio levantamiento.
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Una de las condiciones fundamentales, según detalló Malcotte, es forzar a Cuba a «volver a un capitalismo neoliberal brutal». Este punto revela que el fin no es promover la democracia, sino desmantelar el modelo económico y social de la isla para imponer uno afín a los intereses de Washington.
La segunda condición es aún más explícita en su objetivo de saqueo: la indemnización a todas las empresas estadounidenses que fueron nacionalizadas tras la Revolución Cubana. Malcotte recordó que estas corporaciones «negaron recibir indemnización en el momento que Cuba lo propuso».
La especialista subrayó el carácter depredador de esta cláusula, ya que la ley establece que el pago de la indemnización continuará «hasta que las empresas piensen que ya se cumplió», lo que en la práctica significa «saquear totalmente Cuba».
La alineación de Argentina y Ecuador
Ermelinda Malcotte también analizó el panorama regional reflejado en la votación, destacando la sumisión de ciertos gobiernos a los intereses de EE.UU. «No es una sorpresa que voten como votaron», afirmó, refiriéndose a países como Argentina y Ecuador.
«Ecuador se convirtió, con el Gobierno de Noboa, en un país que ha cumplido con la política de agresión de Estados Unidos a sus vecinos», señaló Malcotte, vinculando esta posición a la ofensiva constante contra los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Sobre Argentina, calificó al Gobierno de Javier Milei como un garante de los intereses de Washington en la región, lo que explica su voto en contra de la resolución. Este contexto, indicó, se enmarca en un momento de «agresión terrible» en el Caribe Sur contra naciones soberanas como Venezuela.
Malcotte denunció que los derechos humanos «se han convertido en un arma para luchar contra los países que tienen un proyecto político diferente o que solamente quieren defender su soberanía».
Calificó como una «gran farsa» que naciones con un pasado esclavista y genocida, como EE.UU. y países europeos, se erijan como los principales defensores de estas garantías. Sostuvo que esta narrativa es impulsada por Organizaciones No Gubernamentales financiadas por agencias como la Usaid y la NED, y amplificada por medios de comunicación financiados por oligarquías para manipular a la opinión pública.
Autor: teleSUR: DRB




