El proceso judicial que investiga el fallecimiento de Diego Armando Maradona entró en un receso hasta el 27 de agosto. El tribunal determinó el aplazamiento de las audiencias tras el hallazgo de una inconsistencia en los estudios médicos utilizados por la junta pericial.

Durante el desarrollo del debate, la defensa de una de las imputadas advirtió que los expertos evaluaron informes que no pertenecían al exfutbolista. Se trató de exámenes renales correspondientes al padre del futbolista argentino, Don Diego Maradona, quien recibió atención en la misma red de salud privada durante el año 2015.

Ante esta situación, el presidente del tribunal ordenó el registro y secuestro de la documentación en las instalaciones médicas vinculadas al caso. El objetivo de la medida fue verificar la procedencia de los análisis peritados y esclarecer los motivos de la confusión en los sistemas de registro de pacientes.

El fiscal de la causa respaldó los allanamientos e indicó que las instituciones sanitarias aportaron información inexacta. Sin embargo, el funcionario judicial desestimó que este hallazgo representara la caída del proceso, al sostener que los responsables del error «nos engañaron», pero aseguró que el juicio continuaría su curso.

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Las autoridades judiciales aclararon formalmente que la invalidación de estos documentos específicos no anuló de manera automática el resto de las conclusiones probatorias. El trabajo general elaborado por los profesionales de la junta médica mantuvo su vigencia dentro del expediente principal.

Este proceso legal, que contó con el antecedente de un primer debate anulado en 2025, mantuvo en el banquillo a siete trabajadores sanitarios. Todos ellos enfrentaron la acusación de homicidio con dolo eventual, bajo el argumento de que conocían los riesgos fatales de la internación domiciliaria y omitieron actuar para evitarlos.

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