La Misión de Investigación de las Naciones Unidas confirmó la existencia de motivos razonables para señalar que Estados Unidos cometió crímenes de guerra durante los bombardeos perpetrados en Irán. El informe técnico, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, documenta ataques indiscriminados dirigidos contra infraestructura civil que causaron severas pérdidas humanas.

Entre las agresiones analizadas destaca el impacto de misiles Tomahawk contra la escuela primaria Al-Shajara Al-Tayyiba en Minab (provincia de Hormozgán, sur), donde fallecieron más de 150 personas, incluyendo 120 menores de edad. Asimismo, el organismo registró un ataque aéreo en Lamerd (provincia de Fars, también en el sur) mediante municiones con submuniciones de tungsteno sobre zonas residenciales y deportivas, el cual dejó 22 civiles muertos.

Frente a las conclusiones, los expertos independientes instaron a Washington a cesar de inmediato las violaciones del derecho internacional y asumir el pago de indemnizaciones integrales a los afectados. Por su parte, el Poder Judicial iraní ratificó su determinación de coordinar acciones para exigir responsabilidades y reparaciones financieras por las agresiones registradas.

Las investigaciones adicionales revelaron la continuidad de bombardeos sobre objetivos no militares desde el inicio de las acciones bélicas el 28 de febrero. A principios de septiembre, se confirmó la destrucción de una vivienda durante una celebración familiar en la ciudad de Kuhstak mediante munición estadounidense, dejando decenas de víctimas.

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La representación multilateral solicitó la paralización urgente de los enfrentamientos y la reactivación de los mecanismos de negociación para alcanzar una paz duradera en la región. Además, el documento exhorta a la comunidad internacional a aplicar el principio de jurisdicción universal para juzgar a los responsables de las violaciones cometidas.

El reporte también atribuye responsabilidades a las autoridades locales iraníes por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a la represión de manifestaciones internas previas al conflicto. En este contexto, la misión insistió en la necesidad de garantizar mecanismos de rendición de cuentas imparciales para todas las partes involucradas.

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