El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión del cargo y su renuncia a ser candidato en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tras el accidente de tren que la pasada semana causó 69 muertos.

Puente informó su decisión en una comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que aseguró que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente ocurrido en Urda (Toledo, al sur de Madrid), en el que dos trenes de alta velocidad chocaron y causaron la muerte de 69 personas y un centenar de heridos.

Durante su intervención, Puente reconoció que un ministro de Transportes «no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año», justificando su marcha bajo criterios de dignidad, coherencia y empatía política. El dirigente socialista recurrió además a célebres palabras del pasado europeo al sentenciar que «la culpa no puede morir sola», marcando un punto de inflexión respecto a su postura inicial de agotar la legislatura para esclarecer los hechos.

La sesión parlamentaria estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento con los portavoces de la oposición. Mientras que la representante del Partido Popular, Ester Muñoz, recriminó al Ejecutivo una gestión negligente e insensible ante catástrofes sucesivas, y Pepa Millán de Vox exigió juicios directos por las 116 muertes acumuladas en el sector, Puente defendió la transparencia de su comparecencia frente a la inacción histórica de la bancada de derecha.

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Paralelamente a la crisis política, la investigación técnica sobre el terreno avanza bajo estrictas medidas judiciales, prohibiendo el acceso al perímetro de impacto en Toledo para preservar pruebas clave. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) rectificó y fijó definitivamente en 69 el número de víctimas mortales, un guarismo trágico que se produjo después de que el centro de control de Adif autorizara a un AVE reanudar la marcha a 200 km/h pese a la caída del sistema de seguridad LZB y la presencia estática de un convoy de Iryo.

Previamente, el ministro había informado de que el Ejecutivo español había aprobado una línea de ayudas de 30 millones de euros para indemnizar a las víctimas del accidente y a sus familiares, según anunció Puente tras el Consejo de Ministros de la mañana.

Entre otras medidas, se prevé reducir temporalmente el número de frecuencias de la línea Madrid-Sevilla (donde ocurrieron ambos accidentes), aunque manteniendo el número de plazas, y una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

El impacto social del siniestro trascendió los أmbitos institucionales con huelgas generales convocadas por el sindicato de maquinistas SEMAF en demanda de mayores inversiones y renovaciones de plantillas.

Con la dimisión de Óscar Puente, el Gobierno afronta un reajuste profundo en su cúpula de transportes, obligado a recomponer la confianza quebrada en la red de alta velocidad y a responder judicialmente ante un trauma nacional que ya se ha cobrado la dimisión irrevocable del principal responsable ministerial.

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