El Gobierno utiliza el fútbol para contener la rabia de los argentinos y argentinas ante el ajuste ejecutado por el ultraderechista Javier Milei: cualquier persona que haya protestado contra la reforma laboral no podrá acceder a las canchas.

Un elemento que constituye parte de la identidad nacional es utilizado como chantaje político, ya que el ejecutivo nacional decidió la prohibición de ingreso a estadios de fútbol para personas que participaron en protestas contra la reforma laboral donde se registraron “episodios violentos”.

Esta medida que fue oficializada este 25 de marzo a través del Boletín Oficial, establece restricciones de concurrencia administrativa, una herramienta que permite impedir el acceso a eventos deportivos a personas consideradas potencialmente peligrosas.

El Gobierno se justifica al señalar que la medida busca reforzar la prevención de incidentes en espectáculos deportivos y eventos masivos, evitando la presencia de personas con antecedentes de conductas violentas.

La reforma laboral

Lo que el Gobierno de Javier Milei llama “modernización” es, en los hechos, más precarización, según advierten especialistas y sindicatos.

Desde la plataforma Latfem valoran que «se trata de un proyecto redactado a medida de los grandes grupos económicos —que ven a los sindicatos y las leyes laborales como un obstáculo para las inversiones y el crecimiento económico—, que disminuye la protección para quienes tienen un empleo formal e ignora por completo la realidad de lxs trabajadorxs informales —unos 5,6 millones de personas, según datos del INDEC— y de la economía popular.

Para licencias por enfermedad o accidentes no laborales, se reduce el pago del salario al 50 por ciento, si la ausencia se deriva de una actividad voluntaria riesgosa, o al 75 por ciento si no se deriva de una actividad voluntaria riesgosa.

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Uno de los puntos más polémicos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), este sistema sustituye el esquema tradicional de indemnizaciones por un fondo de cese financiado por aportes mensuales obligatorios de los empleadores (entre el 1% y el 2,5% según el tamaño de la empresa). Estos recursos se depositarán en cuentas individuales, lo que exime la responsabilidad directa de la empresa al momento del despido.

La crisis social

Según el secretario de Finanzas de Argentina, Federico Furiase, “no hay mucha gente que esté peor” producto de la suba generalizada de precios, la caída de las ventas, el cierre de empresas y los despidos masivos.

Por el contrario, argumenta que hay familias a las que “les está yendo mucho mejor en poco tiempo” y que seguirán creciendo porque “la inflación de abril y mayo va a caer fuertemente”. Sin embargo, la realidad que muestra Argentina no es la del discurso oficial imperante.

Medios locales señalaron que durante los dos años de gestión de Javier Milei se perdió un puesto de trabajo formal cada cuatro minutos. En su programa de radio, la conductora Elizabeth Vernaci, quien denunció su propio despido y el de su compañera Lizy Tagliani, señaló las empresas que despidieron o cerraron y la cantidad de trabajadores afectados en cada una de ellas: “Fate: 900, ILVA: 300, Whirlpool: 220, Corven: 150, Newsan: 150, SKF: 145, La Suipachense: 143, TN Platex: 88, Vuklcalar: 80, Pampar: 80, Magnera: 60, Dana: 50, Acerías Berisso: 50, Color Living: 40, Luxor: 40, Essen: 34 y Radio Pop 2: Lizy y yo”.

En un artículo, Tiempo argentino refiere que los despidos, lejos de limitarse a los 60.000 empleados públicos signados como “casta” por el Gobierno de La Libertad Avanza, crecen en el sector privado que sufre el derrumbe del consumo, la apertura comercial y la valorización especulativa del tipo de cambio.

A razón de más de 30 por día, cerraron más de 22.000 empresas, señaló el medio, al puntualizar además que en términos concretos se trata de la emergencia de casi 400.000 nuevos desocupados en dos años de gobierno que llevan a 1,7 millones las personas que se encuentran en esa condición.

El consumo masivo decayó, y esto se evidencia en la caída del poder adquisitivo de la población. Paralelo la inflación no dejó de aumentar. El informe de Tendencias de Consumo Masivo de la consultora Scentia arrojó una caída del 3,4 por ciento en febrero en relación con el mismo mes de 2025.

En la comparación con enero pasado, la caída fue del 6,3 por ciento. Según esta perspectiva, el consumo masivo acumuló en el primer bimestre una caída del 2,1 por ciento.

Se ha encarecido de igual manera el acceso a la vivienda. En el caso específico de Buenos Aires capital la información oficial del Gobierno porteño asegura que desde la asunción de Jorge Macri el Ejecutivo porteño «devolvió a sus legítimos dueños 569 inmuebles que estaban usurpados». Esto equivale a un promedio de un desalojo cada 30 horas, a 23 desalojos por mes o 277 por año.

Otro de los datos que reflejan la crisis argentina fue resultado de una Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) realizada por la Universidad de San Andrés, que replicó la Agencia Noticias Argentinas. De acuerdo a este trabajo, el 37 por ciento de las respuestas indicaron a los bajos salarios como una de las preocupaciones centrales y el 36 por ciento a la falta de trabajo.

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