El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien estuvo detenido por más de dos meses en El Salvador tras ser deportado por un supuesto “error administrativo”, continuará detenido en Tennessee (sur) mientras una corte evalúa el riesgo de que sea expulsado de manera acelerada si es entregado a las autoridades de inmigración.

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Ábrego enfrenta cargos en Estados Unidos por, presuntamente, haber transportado personas sin documentos dentro del territorio nacional.

El caso fue impulsado por la administración de Donald Trump poco después de que el salvadoreño fue retornado a suelo estadounidense, en respuesta a presiones judiciales que exigían facilitar su repatriación y permitirle defenderse bajo principios del debido proceso.

La semana pasada, la jueza Barbara Holmes ordenó su liberación condicional al considerar que Ábrego no representa una amenaza para la comunidad ni existe riesgo de fuga.

No obstante, advirtió que, de quedar en libertad, el migrante sería transferido probablemente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que podría desencadenar una deportación acelerada.

Durante una nueva audiencia celebrada este miércoles en la Corte del Distrito Medio de Tennessee, en el centro de Nashville, Holmes decidió prolongar su detención temporal mientras analiza el impacto que tendría su traspaso a ICE sobre el desarrollo del proceso penal en curso.

Por su parte, los representantes del Departamento de Justicia defendieron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que pertenece ICE, es un ente independiente y que no pueden garantizar el destino de Ábrego una vez entre en su jurisdicción.

“Intentaremos seguir las órdenes de la corte lo más que podamos, pero tenemos limitaciones”, argumentó uno de los abogados gubernamentales.

Por su parte, la defensa de Ábrego cuestionó esta postura y resaltó que sí existe coordinación entre las agencias involucradas, además, afirmó que es posible establecer garantías sobre el tratamiento del caso.

La jueza fijó como plazo el jueves al mediodía para que ambas partes entreguen sus alegatos finales respecto al posible riesgo de deportación inmediata y sus consecuencias legales.

Ábrego García vivía en Maryland desde hace más de diez años, tras huir de El Salvador por amenazas de la pandilla Barrio 18, según documentos presentados por su defensa. En ese entonces, una corte determinó que debía protegérsele y evitar su repatriación al país centroamericano, o corría riesgo de ser asesinado. Su caso ganó atención entre críticos de la Administración de Donald Trump y defensores de los derechos humanos, al convertirse en símbolo de los abusos contra migrantes durante la política de deportaciones masivas.

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