El Senado de México aprobó este viernes y remitió al poder ejecutivo una reforma de urgencia a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para blindar las candidaturas de vínculos con el crimen organizado y evitar la infiltración de intereses delictivos en el ámbito electoral.

La norma jurídica crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, bajo control del Instituto Nacional Electoral (INE), encargada de detectar perfiles políticos o públicos con nexos con el narcotráfico.

«La proximidad de los procesos electorales que justificaron convocar a las Cámaras del Congreso a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias obliga al Senado a adoptar decisiones oportunas que permitan generar certeza jurídica y confianza ciudadana en torno a las personas postuladas para cargos de elección popular”, dijo la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) recibió el respaldo de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) en una sesión extraordinaria en el Senado, que avaló la iniciativa con dispensa de trámites seis horas después de recibir el proyecto desde la Cámara de Diputados.

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La mayoría de la Cuarta Transformación impulsó el debate directo en el pleno, omitiendo la sesión de las Comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, programada para este viernes.

La senadora del PVEM, María del Rocío Corona Nakamura, aseveró que la iniciativa fortalece de forma integral la probidad de las candidaturas mediante el intercambio de información interinstitucional, atendiendo a la preocupación histórica del país sobre los intentos de infiltración del crimen organizado en la gestión pública y en la toma de decisiones políticas en México.

Las bancadas de Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) rechazaron la propuesta en un ríspido debate. Frente a las críticas de la oposición, la senadora Margarita Valdez, de Morena, precisó que la nueva comisión carece de facultades punitivas y «no se trata de un órgano sancionador, ni su función es sustituir al ministerio público».

Destacó que el órgano técnico analizará los listados de aspirantes que presenten voluntariamente los partidos y candidaturas independientes antes de su registro oficial, de forma coordinada con instituciones federales de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, para emitir diagnósticos preventivos en beneficio de la ciudadanía.

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