El secretario de la Defensa Nacional de México, general Ricardo Trevilla, informó que un recuento de 16 meses realizado por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum revela que hasta un 78% de las armas confiscadas a la delincuencia organizada provienen de EE.UU. Durante la actual administración aseguraron 18.000 armas, de las cuales la gran mayoría fueron adquiridas legalmente en armerías de Arizona, California y Texas para ser traficadas ilícitamente hacia territorio mexicano.

El jefe castrense destacó la presencia de armamento altamente letal utilizado contra unidades blindadas, detallando el decomiso de 215 fusiles tipo Barret calibre .50; 273 ametralladoras de diversos calibres; 20 lanzagranadas calibre 40 y 13 lanzacohetes.

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Trevilla precisó que, desde 2012, se aseguraron 137.000 cartuchos de munición calibre 50, de los cuales el 47% fue producida en Lake City Army Ammunition Plant, de Kansas City, para luego ser comercializada en armerías del sur de EE.UU.

Estos pertrechos permiten a los carteles derribar helicópteros y asesinar a civiles y policías. Ante esta realidad, México, que estima la existencia de 13 millones de armas sin registrar en su territorio equivalente a una por cada 10 habitantes, mantiene demandas judiciales en cortes estadounidenses contra las empresas armadoras por su responsabilidad en la violencia.

Paralelamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que entre octubre de 2024 y enero de 2026 se logró la detención de 43.438 personas por delitos de alto impacto y el decomiso total de 22.800 armas de fuego. La estrategia de seguridad permite incautar 327 toneladas de droga, incluyendo 1.800 kilos de fentanilo y 51 toneladas de cocaína interceptadas en altamar, además del desmantelamiento de más de 2.000 laboratorios de metanfetaminas.

Estos resultados se reflejan en una reducción del 42% en los homicidios dolosos, bajando el promedio diario de 86,9 a 50,9 muertes en enero de 2026, lo que representa la cifra más baja en 16 meses de gestión. Paradójicamente, mientras la administración de Donald Trump declaró en febrero de 2025 a seis carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, estas mismas agrupaciones adquieren pertrechos producidos en instalaciones estatales norteamericanas, lo que evidencia una grave contradicción en la política de seguridad de Washington.

El armamento de alto calibre surtido desde Lake City permitIó a los carteles derribar helicópteros, asesinar a funcionarios y atacar fuerzas militares con tácticas de guerra. La pesquisa destaca que incluso versiones incendiarias y perforantes de blindaje, comercializadas actualmente por internet, se emplearon en ataques contra la policía mexicana en 2024.

Pese a que un portavoz militar de EE.UU. justificó las ventas comerciales de la planta como un ahorro de 50 millones de dólares anuales para los contribuyentes, minoristas en línea admitieron comportamientos de compra irregulares que sugieren el desvío masivo de estos suministros hacia el sur, donde la demanda de los grupos delictivos es insaciable frente al reducido mercado civil estadounidense para este tipo de munición.

Ante esta situación, México intentó buscar justicia mediante una demanda de 10.000 millones de dólares contra fabricantes de armas, acusándoles de fomentar la violencia y causar perjuicios económicos al Estado. Sin embargo, en junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que el Gobierno mexicano no puede demandar a estas empresas, amparándose en legislaciones que las eximen de responsabilidad.

Esta decisión judicial deja desprotegida a la nación latinoamericana frente al tráfico ilícito de armas que genera inseguridad y muerte, mientras el flujo de pertrechos militares desde el norte continúa nutriendo el poder de fuego de las organizaciones criminales en perjuicio de la soberanía regional.

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