La mayoría de los estadounidenses considera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su familia se benefician indebidamente de las criptomonedas, mientras el presidente presiona al Congreso para aprobar la Ley de Claridad, según la encuesta de Reuters/Ipsos y las declaraciones de este miércoles en la Casa Blanca.

La encuesta de Reuters/Ipsos, realizada durante cuatro días y finalizada el lunes, reveló que el 63% de los consultados calificó de inapropiado que Trump y su familia obtengan beneficios de sus negocios de criptomonedas.

El 32 por ciento consideró apropiada la operación y el resto no respondió. La mitad de los republicanos cree que el presidente permite que sus intereses empresariales influyan en sus decisiones.

Trump ganó más de mil 400 millones de dólares el año pasado con las iniciativas familiares en el ámbito de las criptomonedas, entre las que figuran World Liberty Financial y la moneda meme del mandatario. En marzo de 2025, dos meses después de iniciar su segundo mandato, el presidente promocionó su propia criptomoneda en redes sociales y la describió como «la mejor de todas».

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La división partidista es notoria, tres de cada diez republicanos calificaron las operaciones de inapropiadas, mientras que siete de cada diez las consideraron apropiadas. Los demócratas destacan la supuesta corrupción oficialista de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, que definirán el control del Congreso durante los próximos dos años.

Trump insta al Congreso a regular el sector

En paralelo, el presidente reunió este miércoles en la Casa Blanca a los principales ejecutivos de la industria de las criptomonedas y los instó a aprobar un proyecto de ley que aporte definiciones más claras al creciente sector, «Ahora necesitamos que el Congreso dé el siguiente paso aprobando la Ley de Claridad, una versión justa de la Ley de Claridad», afirmó durante el acto.

Participaron el director general de Coinbase, Brian Armstrong; el director general de Robinhood, Vlad Tenev; el codirector general de Kraken, Arjun Sethi, y el director general de Intercontinental Exchange, Jeffrey Sprecher. También asistieron el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), Mike Selig; el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Paul Atkins, y el asesor de criptomonedas de la Casa Blanca, Patrick Witt.

La Ley de Claridad busca clasificar los activos digitales o tokens como valores financieros o materias primas, delimitando además qué instituciones públicas vigilarán el mercado. Analistas y empresarios advierten que la falta de un marco legal específico somete a la industria a vaivenes políticos y disputas judiciales, un escenario de incertidumbre que persiste mientras la propuesta continúa congelada en el Senado ante el inminente fin del periodo legislativo.

La SEC propuso el martes unas normas esperadas que eximirían a determinadas ofertas de tokens de la normativa sobre valores, lo que facilitaría a las empresas de criptomonedas la emisión de estos activos y la captación de fondos. La CFTC tiene previsto debatir la regulación del sector en una reunión prevista para el jueves.

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Sin embargo, muchos demócratas y algunos republicanos han afirmado que no votarían a favor de un proyecto de ley que no incluya disposiciones contundentes para prohibir que los cargos políticos, incluido Trump, se beneficien de sus propias iniciativas en el ámbito de las criptomonedas. Esa exigencia choca directamente con el historial financiero del mandatario, que ha defendido públicamente sus activos digitales desde la campaña electoral.

La Casa Blanca desestimó cualquier acusación de conducta indebida y afirmó que las inversiones del presidente son administradas por instituciones financieras independientes, «No hay conflictos de intereses. El presidente solo actúa en beneficio del pueblo estadounidense», declaró la portavoz Anna Kelly en un comunicado.

El mandatario aseguró que no desempeña ningún papel en el día a día de los negocios de su familia desde que volvió al cargo. Su gabinete, sin embargo, concentra las críticas por contar con 57 millonarios, mientras el debate sobre la frontera entre los intereses privados y el ejercicio del poder público se intensifica de cara a los comicios legislativos de noviembre.

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