Más derechos, más autonomía: la agenda de Lula para las mujeres
Desde su regreso a la Presidencia en 2023, Lula da Silva ha impulsado políticas dirigidas a fortalecer los derechos de las mujeres, con medidas contra la violencia machista y acciones en materia de igualdad salarial, autonomía económica, salud y cuidados.
Lula ha situado los derechos, la autonomía y la protección de las mujeres entre las prioridades de su agenda de Gobierno. Foto: EFE
2 de octubre de 2026 Hora: 22:54
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Durante su actual mandato (2023-2026), el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha impulsado diversas iniciativas legislativas, económicas y sociales con el propósito de reducir las desigualdades, ampliar los derechos y mejorar las condiciones de vida de la población. Entre las acciones orientadas a fortalecer la protección de las mujeres, su Gobierno aprobó un subsidio de hasta seis meses para aquellas víctimas de violencia machista que se vean obligadas a abandonar sus puestos de trabajo, cuyo acceso requerirá únicamente una resolución judicial, sin necesidad de someterse a una evaluación médica.
La medida, que se incorpora a la Ley Maria da Penha, constituye un avance en la protección de las víctimas al suprimir el peritaje médico que hasta ahora representaba un obstáculo para acceder a la prestación, pues podía retrasar su entrega o impedir que las mujeres recibieran el apoyo económico.
Su aprobación guarda relación con las prioridades defendidas por Lula durante su campaña por la reelección, en la que ha situado la igualdad de género y el combate a la violencia doméstica entre los ejes de su discurso.
En cuanto a la financiación del subsidio, las trabajadoras con empleo formal recibirán el pago de sus primeros 15 días de alejamiento laboral por parte de sus empleadores, mientras que el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) asumirá la prestación a partir del día 16. En el caso de las mujeres que no cuenten con un vínculo laboral formal, el organismo público cubrirá el beneficio durante todo el período de protección, que podrá extenderse hasta seis meses.
Acciones de Lula contra el feminicidio y en defensa de las mujeres
La lucha contra la violencia machista también ha motivado iniciativas de alcance nacional durante el tercer Gobierno de Lula da Silva. Una de ellas es el Pacto Nacional Brasil contra el Feminicidio, suscrito en febrero de 2026 mediante un compromiso conjunto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para coordinar esfuerzos frente a los asesinatos de mujeres por razones de género.
El acuerdo establece como prioridades agilizar la aplicación de las medidas de protección, fortalecer las redes de atención a las víctimas, ampliar las acciones educativas y garantizar que los responsables de las agresiones respondan ante la justicia.
En el ámbito tecnológico, el Gobierno brasileño ha puesto en marcha herramientas destinadas tanto a mejorar la respuesta institucional como a proteger directamente a las mujeres que enfrentan situaciones de riesgo.
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Entre ellas figura el Sistema Integrado Mulher Segura, creado para reunir, organizar y sistematizar información sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres a partir de los registros de organismos públicos.
Esta plataforma permite consolidar datos a escala nacional y proporcionar información que contribuya a diseñar políticas de prevención y perfeccionar la actuación de las instituciones encargadas de atender a las víctimas.
A esta iniciativa se suma el Programa Alerta Mulher Segura, que incorpora el monitoreo electrónico de los agresores como mecanismo para reforzar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección.
El sistema contempla la utilización de tobilleras electrónicas por parte de los responsables de la violencia y la entrega de dispositivos portátiles de rastreo a las víctimas. Cuando el agresor traspasa el perímetro de seguridad establecido por la Justicia, se activa una alerta automática que advierte a la mujer y permite movilizar a las fuerzas policiales para intervenir con mayor rapidez.
En paralelo, Lula ha promovido reformas legales para fortalecer la respuesta frente a las agresiones reiteradas y las amenazas contra las mujeres, incluso cuando los responsables ya se encuentran sometidos a procesos judiciales o medidas restrictivas. Las nuevas disposiciones amplían los instrumentos de protección y refuerzan la actuación de las autoridades ante el incumplimiento de las órdenes judiciales, con el propósito de reducir los riesgos para las víctimas y evitar que las amenazas deriven en nuevos episodios de violencia.
Igualdad salarial y autonomía para las mujeres
La reducción de las desigualdades de género también ha sido uno de los objetivos de las políticas económicas y sociales impulsadas por el líder del Partido de los Trabajadores (PT). Su Gobierno ha promovido medidas para ampliar la independencia financiera de las mujeres, combatir la discriminación en el ámbito laboral y garantizar que los recursos de los programas de asistencia lleguen a quienes desempeñan un papel fundamental en el sostenimiento de sus hogares.
Uno de los principales avances en esta dirección fue la promulgación, en julio de 2023, de la Ley de Igualdad Salarial (14.611), que establece la obligatoriedad de garantizar la misma remuneración a hombres y mujeres que realicen trabajos de igual valor o desempeñen idénticas funciones.
La normativa incorpora mecanismos de transparencia salarial, fiscalizaciones más rigurosas y sanciones para las empresas que incurran en prácticas discriminatorias. Asimismo, contempla la publicación semestral de informes sobre las remuneraciones en las compañías con al menos 100 empleados, con el propósito de identificar disparidades y exigir planes de acción para corregirlas.
La legislación también refuerza los canales de denuncia y promueve programas de formación e inclusión para facilitar el acceso de las mujeres al empleo, su permanencia en el mercado laboral y sus posibilidades de ascenso profesional.
En los casos de discriminación salarial, las empresas pueden enfrentar multas equivalentes a diez veces el nuevo salario que correspondería a la trabajadora afectada, una cuantía que se duplica cuando existe reincidencia, sin excluir otras responsabilidades legales.
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En el ámbito de la protección social, el Gobierno de Lula ha mantenido la prioridad de las mujeres como titulares de los pagos de la Bolsa Família, especialmente cuando son responsables del sostenimiento del hogar.
Esta disposición permite que las transferencias monetarias lleguen directamente a las madres y jefas de familia, quienes suelen asumir una parte considerable de las tareas de cuidado y administración de los recursos domésticos. De esta manera, el programa no solo contribuye a aliviar las dificultades económicas de los sectores más vulnerables, sino que también fortalece la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre el bienestar de sus familias.
Salud, cuidados y medidas para reducir la carga sobre las mujeres
El Gobierno de Lula también ha abordado ámbitos que inciden directamente en la vida cotidiana de las mujeres, como la salud menstrual, el trabajo de cuidados y la conciliación entre las responsabilidades familiares y laborales. Estas iniciativas parten de reconocer que las tareas domésticas y de atención a niños, personas mayores o con discapacidad recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres y pueden limitar su participación en el empleo y en otros espacios de la vida social.
Uno de los programas desarrollados en este ámbito es Dignidad Menstrual, que garantiza la entrega gratuita y continuada de toallas sanitarias a personas que cumplen determinados criterios de vulnerabilidad.
La distribución se realiza a través del Programa Farmacia Popular, integrado al sistema público de salud, y está dirigida, entre otros grupos, a estudiantes de bajos ingresos de la red pública, personas inscritas en el Cadastro Único y quienes se encuentran en situación de calle. Cada beneficiaria puede retirar hasta 40 unidades para un período de 56 días.
En diciembre de 2024, Lula sancionó la Política Nacional de Cuidados, que reconoce la atención como un derecho y establece la responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, el sector privado y la sociedad.
La norma reconoce tanto el derecho de las personas a recibir asistencia como el de quienes la proporcionan, además de contemplar el bienestar y la autonomía personal. También plantea ampliar servicios como guarderías, atención domiciliaria y centros destinados a personas mayores o con discapacidad.
Esta política fue posteriormente reglamentada para establecer el Plan Nacional de Cuidados como instrumento de planificación de las acciones públicas en esta materia. El objetivo es coordinar medidas entre distintos organismos y niveles de Gobierno, con metas y mecanismos de ejecución destinados a ampliar progresivamente la oferta de servicios y avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en las tareas de cuidado.
A estas medidas se sumaron en 2026 nuevas disposiciones para trabajadores tercerizados de la Administración Pública Federal. Lula reglamentó el reembolso-creche, una ayuda para cubrir gastos de guardería o cuidados infantiles, y extendió a determinados trabajadores tercerizados una jornada semanal de 40 horas, frente a las 44 anteriores.
El reembolso puede alcanzar los 526,64 reales (alrededor de 101 dólares) mensuales por dependiente de hasta cinco años y 11 meses, mientras que la reducción de jornada beneficia a más de 40.000 trabajadores y busca ampliar el tiempo disponible para el descanso y las responsabilidades familiares.
Más oportunidades para las mujeres en la ciencia, la cultura y el deporte
Las políticas de igualdad promovidas durante el Gobierno de Lula también han alcanzado ámbitos como la investigación científica, la producción cultural y el deporte de alto rendimiento. En estos sectores, la Administración federal ha impulsado mecanismos de apoyo económico y medidas destinadas a reducir obstáculos que pueden limitar la permanencia y el desarrollo profesional de las mujeres.
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En el campo científico, el Gobierno ha destinado recursos específicos para proyectos liderados por investigadoras y para iniciativas orientadas a ampliar la participación femenina en áreas en las que históricamente han tenido menor presencia.
Estos programas buscan no solo financiar investigaciones, sino también favorecer la formación, la permanencia y la progresión profesional de las mujeres en la ciencia y la tecnología.
Entre las acciones desarrolladas se encuentra el programa Feminismos, Mulheres e Meninas na Ciência, promovido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que contempla apoyo a proyectos científicos y acciones de divulgación y formación.
El respaldo también se ha extendido al sector cultural, mediante convocatorias y mecanismos de financiación que contemplan la participación de mujeres en áreas como el cine, la literatura y otras expresiones artísticas. Estas iniciativas forman parte de las políticas destinadas a ampliar la presencia femenina en la producción cultural y facilitar el acceso a recursos públicos para desarrollar proyectos.
En el deporte de alto rendimiento, una medida relevante fue la ampliación de la protección a las atletas que reciben apoyo económico público. La legislación brasileña garantiza la licencia de maternidad para las deportistas beneficiarias del Bolsa Atleta, de modo que puedan interrumpir temporalmente sus actividades para tener un hijo sin perder automáticamente el respaldo financiero estatal. La medida busca evitar que la maternidad suponga una ruptura en sus trayectorias deportivas y permitir que las atletas puedan regresar posteriormente a las competiciones.
Autor: teleSUR: idg - JB
Fuente: Agencias
