Lula busca una economía donde quepan todos mientras Bolsonaro se decanta por el modelo Milei
El programa de Lula da Silva para un nuevo mandato reúne propuestas en áreas como protección social, salarios, empleo, educación, salud, vivienda y seguridad alimentaria, con medidas dirigidas a ampliar los ingresos y el acceso a derechos y servicios públicos.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, plantea dar continuidad a una agenda centrada en reducir la pobreza y las desigualdades sociales y económicas. Foto: EFE Verde
28 de septiembre de 2026 Hora: 19:15
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La reducción de la pobreza y las desigualdades ha sido uno de los ejes de las políticas sociales impulsadas por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su mandato, con medidas centradas en la transferencia de ingresos, la creación de más empleos, el acceso a servicios públicos y la protección de los sectores más vulnerables.
En esa línea, el programa presentado para un nuevo período de Gobierno vuelve a colocar la reducción de brechas sociales y económicas entre sus prioridades y plantea profundizar las políticas desarrolladas en los últimos cuatro años.
Titulado “Directrices para el programa de transformación de Brasil: un país soberano, democrático, desarrollado, sostenible y creativo”, el plan de gobernanza reúne en 84 páginas las propuestas para un nuevo mandato y está estructurado en 13 capítulos. Sus contenidos abarcan áreas como democracia, desigualdad, seguridad, educación, salud, cultura, vivienda, economía, agricultura, energía, medio ambiente, trabajo y política internacional.
Ampliar los programas sociales
El programa contempla mantener la Bolsa Familia y ampliar los beneficios destinados a niños y adolescentes, además de preservar el Beneficio de Prestación Continuada (BPC), dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. También prevé dar continuidad a iniciativas como Desenrola, orientada a facilitar la renegociación de las deudas de los hogares.
Bolsa Familia constituye una de las principales herramientas para garantizar ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y favorecer su acceso a alimentos básicos. La propuesta vincula el combate al hambre con el fortalecimiento de los ingresos familiares, mediante la valorización del salario mínimo y la generación de empleos con derechos laborales, bajo el planteamiento de que reducir la inseguridad alimentaria también requiere mejorar la capacidad económica de los hogares.
En esta línea, el jefe de Estado decretó recientemente un reajuste del 15,04% para los beneficios del Bolsa Familia, con lo que el monto mínimo garantizado por familia pasará de 600 a 691 reales (unos 134 dólares) a partir de octubre.
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La actualización, calculada con base en la inflación acumulada desde marzo de 2023, busca preservar el poder adquisitivo de las familias beneficiarias y reforzar su capacidad para cubrir gastos esenciales, entre ellos la alimentación. Los nuevos valores comenzarán a pagarse el 19 de octubre y también elevarán los montos adicionales destinados a la primera infancia, así como a gestantes, madres lactantes, niños y adolescentes.
Preservar el aumento real del salario mínimo
Lula propone continuar la política de valorización del salario mínimo mediante reajustes que superen la inflación, de modo que los trabajadores obtengan una mejora real de sus ingresos.
El mecanismo vigente toma en cuenta la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el crecimiento de la economía, aunque su aplicación está condicionada por las reglas fiscales.
La propuesta adquiere relevancia dentro del programa por el efecto que el salario mínimo tiene no solo sobre los trabajadores que reciben directamente ese piso salarial, sino también sobre otros ingresos vinculados a él, como determinadas prestaciones sociales y jubilaciones.
El planteamiento oficial presenta la valorización del salario como una herramienta para ampliar el poder de compra de los trabajadores y favorecer una distribución más amplia de los beneficios del crecimiento económico. Lula ha defendido públicamente que los incrementos por encima de la inflación permiten mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Reducir la jornada laboral
Una de las propuestas más importantes es poner fin a la escala 6×1 y reducir la jornada a 40 horas semanales sin disminución salarial. La medida contempla dos días de descanso por semana, lo que supone avanzar hacia un esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso (5×2), en lugar del actual modelo de seis jornadas laborales por una de descanso.
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El programa también plantea fortalecer la negociación colectiva y ampliar la protección de los trabajadores de plataformas digitales, con garantías relacionadas con la seguridad social, accidentes laborales, incapacidad y maternidad.
Hacer más progresivo el sistema tributario
Este es probablemente uno de los puntos más directamente vinculados con la redistribución del ingreso. El programa propone mantener la exención del Impuesto sobre la Renta para los sectores de menores ingresos y financiarla mediante una mayor tributación sobre offshores y fondos exclusivos, es decir, mecanismos utilizados principalmente por contribuyentes de mayores ingresos.
La idea ya aparecía en las directrices del programa de 2022: reducir el peso de los impuestos sobre los sectores de menores ingresos y aumentar la contribución de los más ricos.
Educación como mecanismo para reducir brechas
El programa plantea ampliar la educación en tiempo integral y priorizar su financiamiento, junto con medidas para garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas, entre ellas la continuidad de Pé-de-Meia, dirigido a alumnos de la enseñanza media pública que ofrece incentivos económicos para reducir el abandono escolar.
También propone reforzar las políticas de alfabetización de adultos y crear una estrategia nacional permanente para recuperar y acelerar los aprendizajes, con especial atención a los últimos años de la educación básica y a la enseñanza media.
En el ámbito de la primera infancia, el programa reconoce el acceso a las guarderías como una medida vinculada tanto al desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños como a las condiciones de vida de las familias.
La ampliación de estos servicios busca, además, facilitar la incorporación de las madres al mercado laboral al garantizar espacios seguros y adecuados para el cuidado de sus hijos durante la jornada de trabajo.
Reducir desigualdades: más vivienda y servicios públicos
El programa plantea ampliar las políticas habitacionales, incluido Minha Casa, Minha Vida, además de ampliar el acceso a la salud, el saneamiento y otros servicios públicos. En materia sanitaria, contempla recuperar las coberturas de vacunación mediante campañas en escuelas y comunidades, así como ampliar la incorporación de vacunas contra el dengue en las regiones más afectadas.
También propone reforzar el programa Más Médicos, con incentivos para atraer y retener profesionales en zonas del interior, la Amazonía y territorios indígenas, y reducir las listas de espera para cirugías, exámenes y consultas especializadas mediante el fortalecimiento de la atención en el Sistema Único de Salud (SUS), incluida la expansión de la telesalud para conectar a pacientes de áreas rurales con especialistas.
El eje social del programa sitúa entre sus objetivos la reducción de la pobreza y las desigualdades, la inclusión social y productiva y una mayor distribución del ingreso.
Ampliar las políticas de cuidados
Propone crear y fortalecer una Política Nacional de Cuidados para ampliar los servicios destinados a la atención de niños, personas mayores y otras personas que requieren asistencia, y reducir la carga que estas tareas representan para las familias.
Entre las medidas contempladas figuran las Cuidotecas, espacios destinados al cuidado infantil, y la ampliación de servicios como los restaurantes populares. La propuesta busca también favorecer la participación de las mujeres en el mercado laboral, al reducir parte de las responsabilidades de cuidado que tradicionalmente recaen sobre ellas.
Fortalecer la agricultura familiar y la producción de alimentos
La seguridad alimentaria también aparece vinculada al fortalecimiento de la producción agrícola, con especial atención a la agricultura familiar. El mandatario propone ampliar los subsidios, mecanismos de apoyo y compras públicas para incorporar a los pequeños productores al abastecimiento de alimentos destinados a escuelas y redes locales de distribución, al tiempo que promueve una producción de alimentos saludables y de calidad.
La propuesta incorpora además criterios de sostenibilidad y transición agroecológica, con incentivos para reducir las emisiones asociadas a la producción y combatir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena, desde el campo hasta el consumo.
Enfrentar las desigualdades raciales
El programa plantea mantener la lucha contra el racismo como una dimensión central de las políticas destinadas a reducir las desigualdades en Brasil. Para ello, propone dar continuidad a las decisiones adoptadas en la V Conferencia Nacional para la Promoción de la Igualdad Racial (V CONAPIR), celebrada en 2025, y avanzar en la reglamentación del Estatuto de la Igualdad Racial para consolidar estas medidas como políticas de Estado.
La propuesta también contempla ampliar la participación de la población negra en la administración pública, especialmente en los niveles superiores de gestión, y mantener las políticas de cuotas para el acceso al servicio público.
Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres
Asimismo, plantea fortalecer las políticas de igualdad salarial y garantizar la aplicación efectiva de la legislación que establece la obligación de igual remuneración para mujeres y hombres que realizan trabajos de igual valor o desempeñan la misma función.
La propuesta contempla reforzar los mecanismos de transparencia, fiscalización y seguimiento de las diferencias salariales, así como las medidas dirigidas a corregir las desigualdades detectadas en las empresas.
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La legislación vigente establece, entre otros mecanismos, la publicación periódica de informes de transparencia salarial para las empresas privadas con 100 o más trabajadores y la elaboración de planes de acción cuando se identifican disparidades.
Asimismo, plantea ampliar la participación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, combatir la precarización y la informalidad y favorecer su acceso a puestos de mayor responsabilidad.
Bolsonaro: aplicar un modelo Milei para Brasil
Las políticas económicas aplicadas por el Gobierno de Javier Milei en Argentina aparecen como una referencia para el proyecto que Flávio Bolsonaro propone para Brasil. Su programa apuesta por un fuerte ajuste del Estado, con una reducción del gasto público, recortes en la estructura ministerial, revisión de beneficios tributarios y un nuevo marco para contener las cuentas públicas. La propuesta ha sido presentada bajo la idea de un “tesouraço”, en alusión a la motosierra que identifica al Gobierno argentino.
El llamado “tesouraço” plantea una transformación profunda de las prioridades económicas: reducir el gasto y la estructura pública antes que ampliar la intervención estatal para sostener programas sociales, inversiones y mecanismos de redistribución.
El plan de Bolsonaro contempla revisar y eliminar más de 1.000 normas tributarias y regulatorias y avanzar hacia un modelo de presupuesto de base cero, acompañado de un drástico recorte del gasto público. La propuesta fija como objetivo reducir la deuda pública en al menos cuatro puntos porcentuales del PIB durante el mandato, mediante una reducción masiva de los gastos administrativos y una revisión de las estructuras del Estado.
El ajuste también alcanzaría directamente al aparato gubernamental. El programa plantea eliminar al menos diez ministerios, reducir los cargos en comisión, limitar los llamados supersalarios y desmantelar buena parte de las estructuras y regulaciones estatales que considera innecesarias.
A ello se suma un ambicioso programa de privatizaciones que contempla poner en manos privadas alrededor de 20 empresas estatales, incluidos medios públicos, lo que supondría reducir la presencia directa del Estado en sectores que actualmente permanecen bajo control público.
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La reducción del gasto, el achicamiento de la estructura gubernamental, las privatizaciones y la disminución de la recaudación tributaria limitarían el margen presupuestario para ampliar políticas de protección, inversión y redistribución.
En ese escenario, los sectores de menores ingresos —que dependen en mayor medida de las transferencias públicas y de servicios como la salud y la educación— quedarían más expuestos a los efectos de esta política.
El contraste con el modelo defendido por Lula resulta evidente. Mientras el actual Gobierno sostiene la expansión de programas de transferencia de ingresos, la inversión pública y la valorización del salario mínimo como instrumentos para reducir la pobreza y las desigualdades, el proyecto de Flávio coloca el ajuste fiscal y la reducción del aparato estatal en el centro de su estrategia económica.
Autor: teleSUR: idg - JDO
Fuente: Agencias
