Es el tema que desvela a Petro. En repetidas ocasiones ha señalado al expresidente Iván Duque y su Gobierno de no haber cumplido con la implementación del acuerdo de Paz de La Habana entre el Estado colombiano y las FARC-EP, hoy partido Comunes. También ha acusado al anterior Gobierno de haber dejado desfinanciada la implementación y de presunta corrupción, en el manejo de los recursos asignados.

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El Gobierno, en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, adelanta varios frentes de diálogo con diferentes grupos ilegales que le creen a la Paz Total donde se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez; el Comando Central de las FARC, de Iván Mordisco; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, mejor conocidas como el Clan del Golfo; y otras organizaciones criminales como Los Pachelly y La Oficina.

Dentro de la ambiciosa apuesta también ha sido creada una mesa de trabajo donde ya se han sentado representantes de los diferentes combos, o bandas de delincuencia común organizada que actúan especialmente en la ciudad de Medellín y que se dedican principalmente al tráfico de estupefacientes y a la extorsión de comerciantes.

Guillermo Segovia, analista político, ve con buenos ojos los avances que se han logrado durante el primer año del ‘Gobierno del Cambio’, pese a los múltiples obstáculos que a diario se presentan: ‘’Lo que pasa es que el país en diversas regiones presenta múltiples formas de violencia que se entrecruzan y combaten entre sí. Una afectación muy alta, muy grande de la población civil que también lleva escepticismo’’.

Precisamente sobre lo anterior, el presidente Petro ha repetido en diferentes escenarios que la principal condición del Gobierno para adelantar la Paz Total es que cualquier grupo que acepte dialogar con el Estado debe dejar por fuera de cualquier afectación a la población civil. ‘’A partir de allí, ir con los actores armados tratando los puntos específicos del por qué se presentan la rebelión o la insurgencia en el caso político, y ver cómo aquellos que protegen economías ilegales encuentran una posibilidad legal de insertarse en la legalidad con algunos atractivos, con algunas concesiones, pero que permitan que para siempre dejen de delinquir’’, puntualiza Segovia.

Transversal a la búsqueda de la Paz Total, Petro le ha dado prioridad al cumplimiento del primer punto del acuerdo de La Habana con las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), con medidas ambiciosas que hacen parte de la Reforma Agraria, como la compra de tierras para campesinos desplazados y despojados en el pasado principalmente por el accionar paramilitar en diferentes regiones de Colombia.

Segovia asegura que para cumplir con el punto uno de La Habana es importante ‘’como los organismos que tienen que ver con la cuestión agraria ponen en ejecución medidas que permitan comprar tierras y otorgárselas al campesinado sino a la vez depurar una serie de circunstancias que estaban impidiendo la debida titulación, la disposición por el Estado de esas tierras y también facilitar los escenarios de negociación para hacer adjudicaciones’’.

El Gobierno ha titulado 30.000 hectáreas de una ambiciosa meta de 3 millones de hectáreas que pretende entregar y titular al campesinado y llevó al Congreso una reforma constitucional que por primera vez le da un status al campesinado frente a sus derechos.

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