Derecha argentina bloquea en el Congreso leyes para endeudados y discapacitados
El quinto intento por debatir el sobreendeudamiento familiar en el Congreso fracasó al no alcanzar la mayoría necesaria, registrando 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones.
De acuerdo con informes del sector y organizaciones sociales, el endeudamiento en el país se ha transformado en un mecanismo de subsistencia bajo la presión inflacionaria y la caída del poder adquisitivo, afectando a entre el 70 % y el 90 % de los hogares. Foto: EFE
26 de agosto de 2026 Hora: 17:59
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El partido político del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), junto a Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y otros bloques aliados en la Cámara de Diputados de Argentina, bloquearon este miércoles el tratamiento de proyectos de ley orientados a paliar la crisis económica de millones de deudores bancarios, usuarios de billeteras virtuales y personas con discapacidad.
Durante la sesión convocada para debatir el Régimen de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) —ambas iniciativas promovidas por la gestión de Javier Milei—, las bancadas opositoras solicitaron apartamientos del temario para incorporar los proyectos de emergencia social. Las mociones fueron rechazadas al no alcanzar el respaldo de las tres cuartas partes del cuerpo legislativo, registrando 133 votos afirmativos, 107 negativos y 11 abstenciones.
Este bloqueo parlamentario representa el quinto intento fallido por debatir la problemática del sobreendeudamiento familiar en el Congreso. Anteriormente, la alianza gobernante impidió el quórum en dos sesiones especiales y frustró otros dos intentos de modificación del temario de debate.
Las propuestas presentadas buscan establecer mecanismos de salvataje financiero para deudores morosos de la banca tradicional y empresas FinTech, así como un régimen temporal de saneamiento económico para personas y pequeñas empresas.
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El diputado del bloque Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, denunció la paralización de estas iniciativas en las comisiones de la Cámara de Diputados y cuestionó la postura del Gobierno de catalogar la situación como un conflicto exclusivo entre privados.
“Estamos hablando de un universo de endeudados en mora cercano a los 20 millones de argentinos, por lo tanto una problemática de este calibre no puede estar ausente del debate parlamentario”, advirtió Martínez. La demanda social sobre este tema motivó recientemente una movilización masiva hacia la Plaza de Mayo.
Por su parte, el legislador de Provincias Unidas, Pablo Juliano, remarcó que las propuestas de asistencia financiera carecen de costo fiscal para el Estado, por lo que no colisionan con las pautas de gasto público del Ejecutivo.
La negativa de la mayoría legislativa afectó también a los sectores vulnerables del país. El diputado Juan Marino (UxP) solicitó un apartamiento de temario con el objetivo de prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad, propuesta que fue igualmente desestimada por el oficialismo y sus aliados, dejando fuera de la agenda parlamentaria la asistencia a este colectivo.
De acuerdo con informes del sector y organizaciones sociales, el endeudamiento en el país se ha transformado en un mecanismo de subsistencia bajo la presión inflacionaria y la caída del poder adquisitivo, afectando a entre el 70 % y el 90 % de los hogares.
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Millones de familias recurren de forma sistemática al crédito diario y al uso de tarjetas no para consumir, sino para cubrir necesidades elementales como la compra de alimentos, el pago de servicios básicos y la adquisición de medicamentos, arrastrando una creciente morosidad ante la ausencia de controles públicos sobre los costos financieros que imponen los bancos y las entidades tecnológicas.
El presidente Javier Milei ha descartado la implementación de salvatajes estatales al argumentar que los compromisos financieros asumidos por los ciudadanos pertenecen estrictamente al ámbito de la libertad contractual entre privados, desatendiendo los reclamos urgentes de sindicatos, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y organizaciones de deudores que exigen medidas concretas de alivio.
Autor: teleSUR: mr - JB
Fuente: Página/12




