La jueza federal April M. Perry bloqueó este jueves de manera temporal el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois.

La medida, ordenada por la Administración del presidente Donald Trump y rechazada por la ciudadanía, busca reforzar las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de Chicago.

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La decisión se tomó tras una audiencia de seis horas, durante la cual la magistrada determinó que no existen “pruebas creíbles” de un riesgo de “rebelión”. Tal argumento fue utilizado por el Departamento de Justicia (DOJ) para justificar la movilización de 200 soldados de Texas enviados hace dos días.

La jueza Perry, nombrada por el expresidente Joe Biden, emitió una orden de restricción temporal que impide legalmente la presencia de las tropas en el estado.

“Considero que permitir el despliegue de la Guardia Nacional en el centro de detención de Broadview o en cualquier otro lugar de Illinois solo echará más leña al fuego”, afirmó durante la sesión.

Agregó que la percepción de la situación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es “simplemente poco fiable”.

La orden tendrá una vigencia aproximada de 14 días, según fuentes judiciales. El Departamento de Justicia anticipó que recurrirá la resolución.

La petición para bloquear el despliegue fue presentada por la administración estatal de Illinois, gobernada por el demócrata J.B. Pritzker, quien ha cuestionado la legalidad de la medida federal.

Tras la decisión, Pritzker publicó en la red social X: “Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley. Hoy, un tribunal confirmó lo que todos ya sabíamos”.

El gobernador también ordenó el miércoles una investigación sobre una reciente redada de ICE en un complejo de apartamentos en Chicago, donde se reportaron detenciones de ciudadanos estadounidenses y niños.

Durante la audiencia, Christopher Wells, abogado de la Fiscalía General de Illinois, acusó a la Administración Trump de “tergiversaciones y exageraciones” sobre la situación en el estado y la autoridad presidencial para movilizar tropas de Texas.

Wells argumentó que el despliegue causa “daños irreparables” y que, aunque la conducta de algunos manifestantes es “deplorable”, las acciones federales son “ilegales”.

Por su parte, Eric Hamilton, letrado del DOJ, defendió que el tribunal no debe evaluar la existencia de una rebelión, sino el riesgo potencial de ella. Hamilton respondió a interrogantes de la jueza sobre la posible presencia de tropas en barrios y zonas escolares “siempre que sea preciso”.

El despliegue formaba parte de la operación Midway Blitz, una campaña de arrestos masivos del ICE en Chicago destinada a deportar a migrantes con órdenes pendientes.

La jueza Perry había solicitado más tiempo el lunes para deliberar, advirtiendo al inicio de la sesión que tenía “varias páginas de preguntas pendientes”.

Esta resolución se suma a otras limitaciones judiciales contra políticas migratorias de Trump, como la impuesta ayer por un juez federal en Chicago, que restringió los arrestos del ICE sin orden judicial, favoreciendo a demandantes en una acción colectiva por extralimitaciones de la Patrulla Fronteriza.

Además, un grupo de exalmirantes y generales del Ejército y la Armada de EE.UU. presentó ayer un documento a la jueza, alertando sobre “riesgos implícitos” en este tipo de movilizaciones y advirtiendo contra la “politización de las fuerzas armadas”.

El enfrentamiento entre la Administración Trump y autoridades locales de Illinois, un estado de mayoría demócrata, refleja tensiones crecientes por las políticas migratorias, que incluyen redadas en ciudades como Chicago, donde protestas han acompañado las operaciones del ICE.

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