A menos de 30 días para el inicio de la Copa Mundial 2026, la justicia federal de México emitió un fallo trascendental que frena las pretensiones de la FIFA y del Grupo Ollamani. Un juez otorgó medidas cautelares a los propietarios de palcos y plateas del Estadio Azteca (recientemente denominado Estadio Banorte), garantizando que sus títulos de propiedad sean respetados por encima de los reglamentos del organismo internacional durante el torneo.

La disputa legal escaló luego de que el consorcio liderado por Emilio Azcárraga Jean emitiera comunicados «amenazantes» que prohibían a los titulares rentar, vender o comercializar sus espacios bajo la advertencia de cancelarlos. El fallo judicial no solo desestima estas restricciones, sino que autoriza a los dueños a ingresar con sus propios alimentos y bebidas, además de asegurarles el acceso a sus cajones de estacionamiento privado.

Roberto Ruano, vocero de la Asociación de Palcos y Plateas, fue enfático al señalar que «ningún reglamento de un organismo internacional va a pisotear los derechos que tenemos como mexicanos». El fallo establece que, si la administración del estadio o la FIFA omiten la entrega de los boletos físicos, los propietarios están legalmente facultados para ingresar a los partidos, incluyendo el juego inaugural, presentando únicamente su título de propiedad.

Este conflicto tiene su origen en la omisión de Grupo Ollamani al negociar con la FIFA, al no reportar que el estadio se financió originalmente en 1966 mediante la venta de estos espacios con contratos de 99 años. Dicha falta informativa obligó a la empresa a asumir un costo estimado de 62,4 millones de dólares para cubrir los 15.000 lugares exclusivos y así evitar sanciones mayores por parte de la federación internacional.

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Un obstáculo más para la organización

La resolución judicial representa un nuevo revés para la administración del «Coloso de Santa Úrsula», que ya enfrenta retrasos significativos en las obras de remodelación y problemas presupuestales. El abogado Balfré Morales confirmó que se notificará oficialmente a todas las partes involucradas en las próximas 24 horas para asegurar el cumplimiento inmediato de la orden.

Con esta decisión, los palcohabientes logran blindar su patrimonio ante el intento de la FIFA de monopolizar el control total del recinto. El mensaje es claro: los contratos privados y las leyes nacionales prevalecen sobre los intereses comerciales de las grandes corporaciones deportivas en territorio soberano.

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