Un total de 3.170 palestinos se han visto obligados a abandonar sus hogares en Hebrón, una ciudad de la Cisjordania ocupada, a medida que Israel intensifica su control militar, utilizando la muerte de dos soldados como pretexto, tres días después del inicio de una operación a gran escala que diferentes ONG han calificado de «castigo colectivo».

Según los datos actualizados por la municipalidad de Hebrón, que sitúan la cifra en 3.189 personas desplazadas, este éxodo forzoso afecta a unas 488 familias procedentes principalmente de los barrios de Deir Bahha y Al Jalda.

El operativo militar, desatado tras la muerte de dos militares israelíes cerca de un puesto de control el pasado viernes, ha dejado atrapados a cientos de vecinos en sus viviendas sin poder salir, mientras se suceden detenciones masivas que alcanzan al menos a 70 palestinos.

Entre los afectados se encuentran más de 200 menores de dos años y de edad temprana, así como unas 250 personas mayores de 60 años, cifras que evidencian el impacto humanitario sobre los sectores más vulnerables de la población civil sitiada. Ante la declaración de estado de emergencia local, un grupo de crisis integrado por autoridades y ciudadanos ha habilitado refugios y acogidas temporales gracias a la solidaridad de familias locales que han abierto sus puertas.

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La ofensiva incluye una campaña de destrucción masiva de viviendas, demolición de manzanas enteras y edificios residenciales por parte del Ejército israelí, que justifica estas acciones bajo el argumento de haber destruido «infraestructuras construidas en violación de la ley». Sin embargo, fuentes locales y agencias como Wafa denuncian que la ofensiva responde a una estrategia de castigo indiscriminado sobre los residentes urbanos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió la continuidad de las operaciones asegurando que el Ejército se prepara para una escala sin precedentes desde la Guerra de los Seis Días de 1967. No obstante, este despliegue ha generado tensiones internas; informes de medios como Ynet revelan desacuerdos entre Netanyahu y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien abogó por dar por concluida la operación debido a los limitados resultados tácticos y al hallazgo de un número reducido de armas.

Organizaciones internacionales y facciones palestinas como Hamás condenaron enérgicamente el asedio. Líderes políticos como Mahmoud Mardawi denunciaron que la agresión en Cisjordania responde a motivaciones propagandísticas y electorales del gobierno de Netanyahu, el cual pretende imponer planes de anexión y desplazamiento masivo que no quebrantarán la resistencia de la población.

Testimonios recogidos por medios internacionales reflejan la crudeza de la situación en el cuarto día del asedio, con ciudadanos huyendo únicamente con la ropa que vestían y sin poder retornar para asegurar sus bienes o documentos. La crisis humanitaria se agrava con el paso de las horas ante la imposibilidad de acceder a suministros básicos y la persistencia de las hostilidades en la zona.

Pese a la gravedad de los hechos, estas acciones militares continuadas por parte de Israel vulneran de forma flagrante múltiples normativas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

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Entre las principales disposiciones infringidas destaca el Artículo 33 del IV Convenio de Ginebra de 1949, que prohíbe terminantemente el castigo colectivo al estipular que ninguna persona protegida puede ser castigada por un delito que no haya cometido personalmente, vetando además las medidas de intimidación, de terror y los actos de represalia contra los bienes de los civiles.

Asimismo, la ofensiva infringe el Artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, el cual prohíbe de manera explícita los desplazamientos forzosos, las evacuaciones masivas y las transferencias de población desde un territorio ocupado, exigiendo que cualquier civil evacuado temporalmente por imperativos militares sea devuelto a sus hogares tan pronto como cesen las hostilidades en la zona.

En el mismo sentido, se vulnera el Artículo 53 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe la destrucción de bienes particulares, municipales o estatales por parte de la potencia ocupante, a menos que dichas demoliciones sean absolutamente inevitables e imperiosas para el desarrollo estricto de operaciones militares directas, un criterio que no se cumple ante la demolición masiva de manzanas enteras.

Finalmente, estas prácticas violan los Artículos 46 y 55 de los Reglamentos de la Convención de La Haya de 1907, los cuales obligan a la potencia ocupante a respetar la propiedad privada, las leyes del país, la vida familiar y los derechos básicos de los habitantes del territorio ocupado, prohibiendo de forma categórica la destrucción indiscriminada y el menoscabo de los bienes comunitarios y particulares.

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