La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) enfrenta una investigación por parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes tras utilizar una táctica policial que consistió en vigilar, pero no incautar, grandes cargamentos de fentanilo. La estrategia buscaba armar casos penales de mayor alcance contra el narcotráfico, lo que permitió que cantidades masivas de esta sustancia mortal llegaran a las calles en medio de la crisis de opioides en el país.

El presidente de la comisión legislativa, James Comer, solicitó al secretario de Justicia, Todd Blanche, la entrega de los registros relacionados con estas operaciones. La medida del Congreso surge luego de demanda interpuesta la semana pasada por el fiscal general de Nuevo México (epicentro de la crisis de esa droga), Raúl Torrez, quien busca obligar al Departamento de Justicia a transparentar estos mismos datos.

“Si bien los agentes de la DEA quizá no tengan los recursos para interceptar cada envío conocido, una política que les ordene no interceptar envíos cuantiosos es inconcebible y sin duda provocó un daño considerable y la pérdida de vidas“, escribió Comer en la carta enviada a Blanche.

Biden’s DEA knew fentanyl was flooding America’s streets and did nothing.

Americans paid the price with their lives. https://t.co/fLYOD0TFoI

— Rep. James Comer (@RepJamesComer) August 31, 2026

La solicitud legislativa se centra en las acciones de la Administración de Joe Biden, señalando que la modificación de las directrices facilitó la llegada de la droga a la población. Las denuncias se fundamentan en una investigación periodística de la agencia AP, la cual reveló que agentes federales y sus informantes observaron repetidamente el trasiego de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025 sin intervenir.

Los protocolos, creados en 2017, exigían incautar la sustancia a la brevedad posible; sin embargo, en 2024 el Departamento de Justicia otorgó mayor discrecionalidad a las fuerzas policiales sobre si actuar para impedir el tráfico del fentanilo.

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Esta práctica de dejar “caminar“ la droga continuó durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, en la antesala de un decomiso de tres millones de pastillas anunciado en mayo de 2025 por la entonces secretaria de Justicia, Pam Bondi.

Durante dicho operativo, según testimonios de exsupervisores de la DEA que actuaron como denunciantes, las autoridades observaron la distribución de grandes volúmenes de pastillas sin actuar, a pesar de que la red criminal pudo haber sido desmantelada seis meses antes.

Ante las críticas por permitir el avance del opioide sintético —catalogado por la Casa Blanca como “arma de destrucción masiva“—, el organismo de control interno del Departamento de Justicia inició una revisión a nivel nacional sobre el uso de estas tácticas.

Por su parte, el administrador de la DEA, Terry Cole, defendió la complejidad de las investigaciones a largo plazo y la actuación bajo el marco de la ley, manifestando su disposición a colaborar con la inspección general.

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