Representantes de comunidades indígenas y de cooperativas mineras de Bolivia denunciaron que fueron excluidos por el Gobierno en la elaboración del proyecto del nuevo Código Minero, normativa que regula las actividades minero-metalúrgicas y que el Ejecutivo planea presentar a finales de este mes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.

Desde la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas, la enlace general Ruth Alipaz advirtió que esta propuesta normativa podría profundizar la vulneración de los derechos territoriales, la contaminación ambiental y los conflictos locales, señalando que en su construcción debieron participar las organizaciones, la academia y la sociedad civil.

Indicó que el texto permitiría el ingreso de operadores mineros a tierras indígenas y áreas protegidas sin una participación de las comunidades en las decisiones. Jimena Pérez, al frente del Comité de Control Social de Tipuani, denunció que la venta de terrenos de residentes locales a agentes mineros y la entrada de cooperativas a zonas pobladas generan la destrucción de viviendas.

Días pasados, desde la ciudad de Potosí, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Josué Caricari, exigió al Ejecutivo frenar la socialización del nuevo Código Minero y cuestionó que la propuesta avance a espaldas de uno de los sectores clave de esta industria.

El dirigente reclamó que el presidente Rodrigo Paz detenga el proceso actual para convocar a actores involucrados en el rubro, al tiempo que exigió la destitución del ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, debido a lo que calificó como una falta de respeto hacia la federación y la minería nacional.

Caricari alertó que determinados artículos del proyecto legislativo ponen en riesgo la continuidad de las cooperativas mineras y amenazan miles de puestos de trabajo. También rechazó la convocatoria a una cumbre minera tras denunciar que su organización fue marginada de ese espacio de debate.

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Por su parte, la dirigente comunitaria Ruth Pérez solicitó al Ejecutivo que respete la autonomía de las poblaciones indígenas, exija la protección de las fuentes de agua y prohíba el uso de mercurio en el sector, mientras que investigadores apuntaron que el texto omite el reconocimiento de personas dedicadas a la minería artesanal, como barranquilleros, poceros y mujeres.

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia también exigió al Gobierno detener la socialización del proyecto debido a que podría comprometer la permanencia de sus entidades y afectar miles de empleos. Su presidente, Josué Caricari, afirmó que su sector tampoco fue tomado en cuenta en la creación del borrador ni en las discusiones del plan.

Trascendió que la iniciativa gubernamental busca normar o permitir la asociación de cooperativas con empresas privadas o grandes inversionistas para incorporar tecnología en un país que se mantiene entre los principales productores mundiales de plata, estaño y zinc, además de poseer grandes reservas de plomo.

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