Organizaciones indígenas del pueblo Kichwa expresaron este viernes su rechazo a la presencia de legisladores en la provincia de Imbabura, resuelta por la sesión del pleno de la Asamblea Nacional este 28 de noviembre, que calificaron de marketing político y derroche de recursos públicos.

Autoridades de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte (Chijallta FICI) y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) condenaron a la Asamblea por legislar siguiendo intereses «del gran capital» y no las necesidades de los pueblos. «Esta decisión es un agravio, una falta de respeto y una burla hacia nuestros pueblos y comunidades», dijeron las organizaciones en un comunicado.

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Sumado a la condena rotunda por el silencio del Parlamento frente a las represiones ordenadas por el Gobierno de Daniel Noboa contra la comunidad imbabureña, caracterizadas por graves violaciones a los derechos humanos y el irrespeto al derecho a la libre protesta, las organizaciones del pueblo Kichwa sentenciaron la incapacidad de la Asamblea para hacer frente a los índices alarmantes de desnutrición infantil, la explotación laboral, los abusos de la agroindustria sobre miles de trabajadores y las carencias históricas en infraestructura.

«Frente a estos hechos gravísimos, la Asamblea Nacional guardó silencio, no exigió investigaciones, no demandó responsabilidades, no escuchó a las víctimas y prefirió aplaudir la política de bonos asistencialistas del Gobierno», señalan en el comunicado.

En este contexto, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) manifestó su contundente rechazo a la sesión de la Asamblea Nacional convocada en la localidad y calificó el encuentro legislativo como un «espectáculo» y una «ofensa» a las comunidades, a la luz de los antecedentes de represión en la zona.

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana decidieron no asistir al acto oficial. En un gesto simbólico, los legisladores presentes en Imbabura optaron por realizar una caravana para visitar a la familia de Efraín Fuerez, comunero asesinado durante las manifestaciones. Posteriormente, acudieron al mural en homenaje a Fuerez, ubicado en Cotacachi, acompañados por sus familiares.

Fernando de la Torre, legislador imbabureño de la RC, calificó esta decisión como un acto «simbólico» hacia la población que resistió activamente durante las protestas. «Nosotros siempre vamos a estar de lado de los pueblos y nacionalidades», expresó.

Por su parte, Juan Andrés González, jefe de bancada de la RC, señaló que la bancada se negó a participar en la sesión convocada por Alianza Democrática Nacional (ADN), argumentando que no se prestarán para acciones con las que el oficialismo intenta «lavarse las manos».

Al menos 391 violaciones fueron documentadas por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos durante las protestas indígenas en rechazo a las políticas neoliberales del Gobierno de Daniel Noboa. El abuso de la fuerza pública dejó un saldo de al menos tres manifestantes asesinados: Efraín Fuerez, José Guamán y Rosa Paqui, miembros de comunidades indígenas.

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