Una huelga indefinida del sector transporte y la escasez crítica de combustible mantienen a La Paz y El Alto en parálisis total, mientras gremiales se suman a las protestas y la Central Obrera Boliviana convoca a una marcha nacional.

La crisis social en Bolivia se intensificó con la duplicación de los bloqueos de carreteras a nivel nacional, los cuales pasaron de 62 a 150 puntos de obstrucción vial, afectando de manera drástica a los departamentos de Chuquisaca, Oruro y La Paz.

El comandante de la policía, Mirco Socol, constató el incremento de las medidas de presión por parte de los sindicatos del transporte, quienes determinaron el inicio de una huelga indefinida ante la escasez crítica de combustibles que inutilizó a más del 80 por ciento del parque automotor en La Paz, la vecina ciudad de El Alto y las provincias del país.

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A la parálisis absoluta del transporte urbano se sumó el sector de los comerciantes gremiales, cuyos representantes advirtieron sobre el desabastecimiento total de mercancías en mercados y calles populares.

Los transportistas reclamaron el sistemático incumplimiento de los convenios por parte de las autoridades, exigiendo compensaciones económicas por los daños ocasionados en los motores debido a la mala calidad de la gasolina importada y la presentación de los informes técnicos comprometidos hace semanas con la Universidad Estatal.

En medio de los esfuerzos de intermediación de la Iglesia católica, el defensor del pueblo y la vicepresidencia, la Defensoría alertó que el lenguaje de amenazas e insultos utilizado por voceros gubernamentales bloquea las opciones de diálogo con la dirigencia obrera.

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Mientras la conflictividad en las calles va en aumento, la Cámara de Diputados aprobó la anulación de la ley que reglamentaba los estados de excepción, disposición que fue inmediatamente promulgada por el presidente del Congreso, Rodrigo Paz, allanando el camino legal para que el Poder Ejecutivo pueda decretar un estado de sitio en las próximas horas.

Esta nueva norma faculta el despliegue directo de los cuerpos castrenses en el control de disturbios civiles, siendo sancionada en un contexto de agudas protestas populares y bloqueos de rutas donde diversos sectores sociales exigen la renuncia del mandatario Rodrigo Paz, quien cumplió seis meses al frente del Ejecutivo.

La reforma legal abroga de manera explícita la Ley 1341, una normativa protectora vigente desde octubre de 2020 que reglamentaba los estados de excepción y limitaba la participación militar en manifestaciones ciudadanas a un plazo máximo de 60 días, condicionada a que la Policía resultara totalmente rebasada.

La sesión legislativa se efectuó mediante la modalidad virtual debido a que los cortes de carreteras impidieron el traslado físico de los asambleístas hacia La Paz.

El proyecto se incorporó mediante dispensación de trámite bajo el impulso del legislador opositor Carlos Alarcón, quien catalogó la antigua ley de restrictiva, mientras que diputados defensores de los derechos sociales advirtieron que esta abrogación desprotegerá las reivindicaciones populares y profundizará la violencia estatal.

El aislamiento vial mantiene un desabastecimiento severo de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales en las principales ciudades del país. Por su parte, la Administración de Rodrigo Paz defendió la validez de la medida legal señalando que los mecanismos de excepción constitucional constituyen el último recurso ante el agotamiento de las mesas de diálogo con los sectores movilizados.

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