Retoma de Palacio de Justicia... Un Crimen de Estado

RETOMA DE PALACIO EN COLOMBIA,… ¡¡¡UN CRIMEN DE ESTADO!!!

Las dos más grandes, desafiantes y ofensivas quemas del Palacio de Justicia…

¿Motivadas por el poder del Estado Colombiano?

Primera quema del Palacio de Justicia en Colombia en 1948.

Esta imagen tomada de internet, corresponde a la primera sede quemada del Palacio de Justicia, ubicada en la calle 11 con carrera 6ª de la a secas Bogotá, hoy Bogotá D.C.

A propósito de los actos conmemoratorios que por esta época se vienen haciendo por parte del Gobierno Nacional tras el suceso de la violencia causada desde hace ya treinta (30) años cumplidos del holocausto por la toma y quema del Palacio de Justicia en la ciudad capital de Colombia, ocurrida el día 06 de noviembre de 1985, viene al caso precisar, guardando las consabidas proporciones temporales y consecuentes en los daños sociales, que esta fue ya la segunda acción insurgente de la sociedad colombiana en contra de su Gobierno Nacional, pues específicamente por motivos de inconformismo frente a sus gobernantes, en época anterior se había ya presentado otra agresión contra la sede más importante de la administración de justicia en Colombia, su Palacio de Justicia, sí, el día 09 de abril de 1948, luego del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, la tromba humana de inconformes con ese funesto suceso y con las políticas del Estado, además del sinnúmero de daños causados en la ciudad, arremetieron también contra la principal sede de administración de justicia, propiciando un incendio cuya conflagración terminó quemando el Palacio de Justicia ubicado para la época en la calle 11 con carrera 6ª de la ciudad capital de Colombia, pudiéndose entonces afirmar, por la conmemoración efectuada el pasado día seis (06) del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), que ya son dos las ocasiones en que a nuestra Colombia le han quemado su emblemático Palacio de Justicia, por múltiples razones que además en muchas formas se entrelazan, pero que por ahora lo llamaremos genéricamente “inconformismos sociales”, porque ambos sucesos fueron causados por la sociedad insurgente cansada de los abusos del Estado, solo que las primeras personas en el tiempo no se encontraban organizadas, en tanto que las segundas sí se hallaban ya constituidas y fundadas, habiendo trascendido en nuestro país como el desaparecido e indultado grupo guerrillero llamado M-19.

Una verdadera humillación para los Estados

Ofensa contra gobierno, de tal agravante y dimensión como lo fue la toma del Palacio de Justicia ocurrida en la ciudad capital de Colombia el 06 de noviembre de 1985, solo es medianamente comparable con la ofensa tan descomunal que se le hiciera a los Estados Unidos de América con el derribamiento, también en su propia ciudad capital New York de las Torres Gemelas ese día 11 del mes de septiembre del año 2001, con afrenta aún más significativa por ser precisamente un número que compuesto por el número del día seguido al del mes, que no fue simple coincidencia sino al parecer premeditado, corresponde al 119 (día 11 del mes 9 Septiembre), pues para la vergüenza de esa nación, es ese mismo número el que simboliza su sistema nacional de seguridad; y es que son esas las dos humillaciones más vergonzosas que haya recibido gobierno alguno en la historia, siendo ella precisamente, la historia, la que se encargará de resolver más adelante el gran interrogante en el sentido si fue que acaso, aunque dejo en claro que nada lo justifica, ¿semejantes monstruosidades habrán tenido su razón de ser imputables a cada gobierno?.

Para nadie es un secreto la forma como despóticamente los americanos han sobrepasado sus fronteras para ejercer controles sobre otras naciones ostentando su pretendida supremacía mundial con principalísimos intereses económicos como por ejemplo controlar el oro negro, sin desconocer que además existen “Deudas Pasadas” que se hubieran querido cobrar como lo que al parecer ocurrió tras la derrota soviética en Afganistan, que por ello, Al Qaeda hubiera querido causar un monumental daño a su antiguo aliado Estados Unidos de América, causándole no solo destrucción y muerte sino además humillación ante el mundo, como efectivamente ocurrió con el suceso, pues fue realmente humillante para el poderío americano, dejando también en evidencia de esa forma, que tampoco está oculta la reacción que han tenido algunas de esas naciones en defensa de sus propios y legítimos intereses, lo que deja al descubierto que un ataque del talante analizado pudiera tener ese tipo de cimientos.

Toma, retoma y quema del Palacio de Justicia del 06 de noviembre de 1985

Imagen tomada de internet –Retoma del Palacio de Justicia-

Imagen tomada de internet –Quema del Palacio de Justicia-

En la misma forma, para el caso de Colombia, la realidad nos deja entrever un sinsabor en la órbita del análisis de lo ocurrido con la toma de su Palacio de Justicia, primero, con un súper sistema de seguridad precisamente implementado ante la amenaza anticipada de la toma, el cual fue retirado justamente el día anterior al suceso, cuyo motivo ni orden de retiro fueron esclarecidos ni por los investigadores ni por los operadores de justicia; segundo, con un inoperante y cobarde Presidente de la República como Belisario Betancur que se negó a negociar y a atender el llamado telefónico que le hiciera el segundo más alto funcionario del Estado como lo era para la época el Magistrado Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia Doctor Alfonso Reyes Echandía, quien a gritos publicados por la radio, imploraba que le ordenara al ejército nacional el cese al fuego, pues era la única solución para que no se produjeran las 98 muertes y las 11 desapariciones, pero no atendió ese llamado ni el que en el mismo sentido le hiciera nuestro desaparecido Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez según se supo luego de las múltiples manifestaciones que han hecho personajes públicos que estuvieron muy cerca del suceso, así lo expresó por ejemplo el Doctor Alfonso Gómez Méndez quien para esa data era el Abogado de García Márquez y a la vez ejercía una función en esa alta corte; Tercero, tampoco se explica la forma tan estúpida, por decir lo menos, como el ejército irrumpió en el Palacio de Justicia que ya había sido tomado por el grupo guerrillero, inconsciente, que digo, consciente de las implicaciones que tendría, y que en efecto tuvo la retoma de una edificación que reitero, ya había sido tomada por un grupo armado al margen de la ley, pero es que, ni siquiera algún grado de inexperiencia excusa la torpeza tan grande en que incurrió la fuerza pública al realizar la retoma del Palacio de Justicia con más de 300 personas en su interior, y es que ese accionar de la fuerza pública, la retoma, fue precisamente lo que originó el grueso de la tragedia, lo visible, que fueron algunas de las 98 muertes causadas durante la toma por el grupo guerrillero, que era algo predecible; pero lo más grave que numero como cuarto, es lo que ocurrió luego de la retoma, es decir, la quema del Palacio propiciado con la retoma militar y las muertes causadas durante el enfrentamiento por la retoma; y como quinto y último, que es lo más grave y que aún no ha tenido explicación fehaciente por parte de las autoridades, es lo relacionado con la desaparición forzada de las 11 personas de las cuales hasta ahora no se han obtenido verdades completas pese a que recientemente se supo que aparecieron tres, de los demás no se sabe nada más que lo que afirman algunos de los testigos y que hace parte de la reserva de una investigación que luego de treinta años de ocurridos los hechos, apenas la sociedad cuenta con tres condenados que con vergüenza verifica todo lo afirmado, porque son precisamente dos (2) agentes del gobierno, ellos, los Generales del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales y Luis Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada, pero para colmo de males frente a la institucionalidad gubernamental del País, lo que acrecienta mucho más la incredulidad en los gobernantes, el tercer condenado es el Estado Colombiano, este último condenado no solo por el Consejo de Estado sino además por la Justicia penal Internacional, pues en decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Colombiano fue condenado a una multimillonaria indemnización por su responsabilidad en las 11 desapariciones del Palacio de Justicia ocurrida entre los días 6 y 7 del mes de noviembre del año 1985, ordenando ejecutar un acto público de perdón con creación de un documental al respecto, y exigió prontos resultados judiciales, siendo esta la condena número quince (15) en contra del Estado Colombiano en su historia, nada de lo cual ha sido cumplido, pues pese a que el día cinco (05) de noviembre de dos el quince (2015), es decir, treinta (30) años después de los luctuosos hechos, el señor Presidente de la República realizó una especie de acto de perdón pero ello no ocurrió conforme lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia.

Un amañado acto de perdón privado

Imagen tomada de internet sobre el estado actual del Palacio de Justicia.

Pese a que todo estaba dispuesto para que dicho acto de perdón ocurriera en la Plaza de Bolívar y frente a algunos de los dolientes e indistintamente, y así se había publicitado, que se realizaría el 05 de noviembre de 2015 frente a la mayoría de la sociedad Colombiana que allí le esperaba, todos los allí presentes se quedaron esperando bajo la inclemencia del clima, pues muy a pesar que bajo la llovizna las personas le gritaban al presidente toda clase de improperios, pero principalmente le exigían a grito entero que diera la cara, el señor presidente les dio la espalda para dirigirse a un grupo selecto de personas que se encontraban bien acomodadas cada uno con su propio asiento y en zona cubierta del patio interno del Palacio de Justicia, seguramente eran las altas personalidades de las ramas del poder público, a quienes claro, la dignidad de sus cargos les hace merecedores de un mejor acomodamiento, y a ellos les dirigió su discurso que en principio, si bien se alcanzaba a escuchar hacia la Plaza de Bolívar debido a que como ya se dijo todo estaba dispuesto para que la alocución presidencial se realizara hacia el público presente el esa emblemática plaza del libertador, extrañamente el sonido se distorsionó pues al parecer fue perturbado intencionalmente para evitar que las protestas y los insultos de las personas llegaran desde la Plaza de Bolívar a los oídos no solo del presidente sino de su comitiva en el patio central del Palacio de Justicia, pero lo cierto es que ante tanto insulto, se creó un ruido en los parlantes que impidió al menos escuchar las palabras del señor Presidente, quedando en abierto y descarado desacato frente a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues dicho organismo internacional lo que ordenó fue un acto público de perdón y reconocimiento de responsabilidad internacional y no uno privado como lo hizo el señor presidente y su acomodada comitiva, así mismo, las multimillonarias indemnizaciones, la creación y proyección del documental sobre el citado holocausto, tanto como la esperada agilidad en los resultados judiciales seguirá en espera de que la descarada administración pública le dé la gana de cumplir la orden emitida por la Corte interamericana de Derechos Humanos.

No se hicieron esperar airadas reacciones frente al absurdo proceder presidencial, pues no se reconoció su responsabilidad en los hechos del Palacio de Justicia, así lo evidenció el grupo de personas que se apostaron en la Plaza de Bolívar sin que el presidente les dirigiera su palabra, y en la misma forma se lo dijo a la prensa Anahí Urán, hija del inmolado Magistrado Urán, quien expresó su inconformismo y resaltó que la guerrilla si cometió un crimen gravísimo con la toma de seres humanos como rehenes y al poner en riesgo el aparato de justicia, pero mucho más grave, precisó, el accionar de la fuerza pública para la retoma del palacio acabando con la justicia, desapareciendo a las personas, asesinando y torturando, y que los fallos judiciales resaltan claramente la responsabilidad el Estado, enfatizando que la intervención presidencial no cumplió con lo exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos puesto que soslayó las responsabilidades frente a la destrucción de la edificación y no asumió las actividades irregulares adelantadas en la casa del florero donde según se afirma fueron trasladados algunos de los sobrevivientes que posteriormente fueron torturados y luego fueron objeto de desaparición forzada.

Los colombianos merecemos un acto de perdón público, serio y bien dirigido a toda la sociedad, en el cual se acepte la responsabilidad internacional del Estado, pues así lo dijo la justicia internacional, ya que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el expediente existen pruebas contundentes de que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19”, y precisó además: “los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía”, así mismo, la justicia ordinaria colombiana en su sentencia agregó que: "No cabe duda que Cabrales coordinó, dirigió y supo que estas personas salieron del Palacio", así lo dijo la Fiscal delegada ante la Corte durante el desarrollo del juicio, y bajo esa probanza se le condenó al citado General Arias Cabrales, qué más verdades quieren para  que realicen el esperado público y serio gesto de perdón?

Con riesgo de caer en lo mediático, no dejare pasar por alto que el ente investigador informó sobre el reciente hallazgo de tres de las desaparecidas en el holocausto, lo que implicaría ampliar el ámbito de la investigación debiéndose ordenar exhumaciones adicionales que como se sabe siempre han tenido opositores, se ha dicho del gobierno, prolongando y manteniendo el manto de dudas, pero precisamente ello ocurre por estos días al cumplirse treinta años de ocurrido el suceso, pretendiendo presentar una muestra de gestión que a todas luces es tardía, lo cual no hace más que evidenciar la prolongación del pacto de silencio que hubo y que aún existe alrededor de la investigación, corroborando así que este pacto del silencio por conveniencias, y el miedo independiente de aquel, fueron evidentemente las mayores dificultades que ha tenido el esclarecimiento de los hechos de palacio, de lo cual se seguirá hablando por mucho más tiempo del pasado, mismo que ha ocurrido tras más de sesenta (60) años de la existencia del conflicto armado en Colombia.

La retoma del Palacio de Justicia …

Un insolente ataque del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, ... Sin juzgar

Este asunto de las responsabilidades derivadas de la retoma del Palacio de Justicia en nuestro País es tan claro pero ha estado tan mal manejado desde siempre, que ni siquiera la Rama Judicial que es la encargada de hacer cumplir las leyes, hizo valer la autonomía que frente al ejecutivo y al legislativo le otorga la carta magna en la parte final del artículo 228: “Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo” (Subrayé), es decir, el Poder Ejecutivo irrumpió, destruyó y mató en la propia casa de la Rama judicial y nadie dijo nada al parecer por desconocimiento incluso de sus propias funciones de hacer cumplir las leyes y de juzgar; y es que sus integrantes regularmente han dado muestra de su bajo nivel de comprensión constitucional, legal y hasta judicial, muestra de ello es que al parecer no han alcanzado el entendimiento de preceptos constitucionales tan claros como, solo por presentar un ejemplo claro, el previsto por la Constitución Política en su artículo 30: “Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona el habeas corpus, el cual deberá resolverse en el término de treinta y seis horas”, (Subrayé muy intencionalmente) y cuando un ciudadano le pedía a un Juez de la República que revisara su caso por estar privado ilegalmente de su libertad, ese Juez, le decía que no era competente pues no estaba autorizado por la ley para proteger ese derecho, rayana tontería, es decir, un Juez de la República desconociendo que la Constitución Política de 1991 tiene incorporado el derecho de acción y solución, y por sobre todo, para el ejemplo, desconociendo que el derecho de libertad es un derecho constitucional de rango fundamental que debe ser protegido en su función primigenia que es constitucional y no procesal, y ni hablar de que tal vez desconociera lo que es un derecho fundamental, vaya uno a saber, pero lo cierto es que otro sabio, el legislador, para que la ceguera de los jueces pudiera comprender e intentar proteger el derecho fundamental de la libertad a través del habeas corpus, debió desarrollar el contenido de ese artículo 30 superior, entiéndase enseñar su contenido, y expedir la ley 1095 del 02 de noviembre de 2006 para que operara dicho mandato constitucional, igual que ocurrió, con tan simple y además bien redactado artículo numerado 86 de la misma carta política, pues hubo de emitirse, con la facultad legislativa del propio Presidente de la República, el decreto 2591 de 1991 que desarrolló dicho artículo para la protección de los derechos intrínsecos de la persona humana, esas, las cosas extrañas que ocurren en un Estado Social y Democrático de Derecho y que sirven de soporte a la precisión en el sentido que así mismo, la Rama Judicial nunca fue capaz de exigir el respeto de sus derechos tras el ataque recibido por el poder ejecutivo en el momento que se ejecutó la retoma de su otrora principal sede como lo era el destruido Palacio de Justicia por parte del Ejercito Nacional, pues como bien se sabe, la Fuerza Pública pertenece a la Rama Ejecutiva y tiene como su Comandante Supremo al Presidente de la República, de tal suerte que no hay una manera diferente de ver las cosas, tan sencillo como esto, el Poder Ejecutivo irrumpió en la casa principal de la Rama Judicial, atacó, mató, torturó y desapareció personas, resumiendo, agredió sangrientamente al Poder Judicial destruyendo su sede con la retoma que hizo del Palacio de Justicia, desatendiendo incluso el llamado de cese al fuego que realizara la Máxima Autoridad de la Rama Judicial el inmolado Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia Doctor Alfonso Reyes Echandía, pues no se detuvo al poder brutal la retoma, y a pesar que el señor Presidente de la República en su discurso del 8 de noviembre de 1985 expresara que si tuvo conocimiento del suceso y que asumió el control del mismo, nunca se supo con certeza sobre alguna orden surgida directamente del mismo o emanada siquiera de un Consejo de Ministros que hubiera sido lo procedente, pero en cambio, si se ha comentado toda clase de sorpresivas tesis también sin soporte, como es que la orden la hubieran dado por separado y con intereses propios tanto el ex presidente Alvaro Uribe Vélez como el desaparecido zar de las drogas Pablo Escobar Gaviria (Q.E.P.D.) en su afán de destruir pruebas que obraban en los expedientes contentivos de los procesos en su contra, y por último, que los altos mandos militares ordenaban acometer con todas las fuerzas disponibles la ejecución de la retoma para destruir al M-19, sin consideración alguna por ninguno de los ocupantes del palacio, según se dice, emitiendo mandatos del talante de “Acaben con todo”, dirigidas a sus subalternos, pero repito, tan dantesco agravio no fue nunca siquiera investigado sencillamente porque no hubo doliente pues la Rama Judicial guardó silencio bien porque no quiso, ora porque no pudo siquiera invocar y lograr el adelantamiento de una investigación por la causal comentada, pero lamentablemente, si no es porque está muerto, el único que de seguro hubiera hecho algo al respecto, hubiera sido el gran jurista inmolado Doctor Alfonso Reyes Echandía (Q.E.P.D.), pero ya no habrá más como él.

La soslayada intervención de los medios de comunicación

La manipuladora intervención de los medios de comunicación, ha causado con su proceder que los colombianos desatiendan su propia historia y participen mucho más en sucesos internacionales como ocurrió el 13 de noviembre de 2015 con la agresión perpetrada contra Francia con 129 muertes, pues muchos Colombianos se solidarizaron publicando en esa fecha la bandera de Francia en su fotografía de Facebook, pero sin hacer apología a la violencia y sin desconocer que esa problemática no puede ser ajena a la sociedad, si habrá de precisarse que circunstancialmente merecerían mucha más atención y expresión de condolencia y necesaria honra por los hechos ocurridos hace treinta años al interior de nuestra Colombia, cuando precisamente un 13 de noviembre de 1985 acaeció la tragedia del Volcán Nevado del Ruiz con 25.000 muertes, nadie publicó la bandera de Colombia en su Facebook, y tampoco lo hicieron, ni hubo una reacción de ese talante frente al holocausto de la retoma del Palacio de Justicia ocurrida el 05 de los mismos mes y año en nuestra Colombia con 98 muertes y 11 desapariciones que a la fecha ni el Gobierno Nacional, ni la Fiscalía General de la Nación ni la administración de justicia ha podido explicar, de esa forma, los medios contribuyen a la creación de un manto de olvido mediático dándole más trascendencia a la guerra por el petróleo, contribuyendo así al desconocimiento y ocultamiento de nuestro referente histórico, que no puede ni debe quedar en el olvido, … quisiera ver si algún francés publicó la foto de Colombia en su Facebook o si algún medio de comunicación en Francia publicó algo sobre nuestro discurrir histórico de hace treinta años.

Y en lo relacionado con la toma y retoma de nuestro Palacio de Justicia, una vergüenza más, de risa, … de lo peor!!!, … mientras el pueblo colombiano necesitaba saber sobre el desenvolvimiento de lo que estaba ocurriendo con la retoma del Palacio de Justicia, entretanto, subrepticiamente, los medios de comunicación dejaron de transmitir lo relacionado con el suceso que tenía la atención de todo el país, y todos los televidentes quedaron estupefactos pues se comenzó a transmitir un extraordinario partido de fútbol que se jugaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campin por parte de los súper equipos de fútbol criollo como usualmente lo mencionan los presentadores, Millonarios y Unión Magdalena, todo ello muy astutamente orquestado por la Agente del Estado Nohemí Sanín como Ministra de Comunicaciones de la época y acolitada por los medios de comunicación, violando de esa forma un derecho que para la época no era fundamental y que hoy si lo es con responsabilidad social gracias a la Constitución Política de 1991 que en su artículo 20 precisó: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”, de esa manera, con la estratégica y sutil aparición de la ayuda de la mano femenina del Estado, se lograron en efecto apaciguar los ya exaltados ánimos de una sociedad que necesitaba despejar la incertidumbre que produjo el suceso, ocultándose de esa forma la reducida y veraz información que pudieran haber conseguido y entregado los diferentes medios de comunicación a la ciudadanía.

Para una verdadera y muy profunda reflexión sobre la actitud delictiva de nuestro Estado Colombiano, ¿verdad que sí?.

Algunas de las muchas preguntas que aún quedan sin resolverse:

¿Cuándo se cumplirá realmente por parte del Estado Colombiano la orden de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?, que a propósito de su actuar criminal, fue la condena número 15 en contra de nuestro Estado delincuente.

¿Qué pasó con el cuerpo inmolado del Honorable Magistrado Pedro Elías Serrano Abadía?, pues en el protocolo de necropsia de medicina legal aparece: “útero no preñado carbonizado” y “N.N. Femenino Pedro Elías Serrano Abadía” lo que indica que al parecer no es el cuerpo del Magistrado el inhumado en la ciudad de Cali, pero pese a la solicitud de exhumación para lograr la identificación del cuerpo, el proceso ha sido dilatado porque según se dice, no le conviene al Estado.

 ¿Qué pasó con la investigación y juzgamiento de los actos de barbarie en maltrato, tortura y desaparición de las personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y que fueron conducidas a diferentes lugares por las fuerzas militares?

¿Qué pasó con la muerte por asesinato en manos de paramilitares de que fue víctima del abogado Armando Umaña?, quien fungía como Defensor de Derechos Humanos por las ya citadas víctimas de desapariciones forzadas.

¿Realmente la única e irrazonada intención del Ejército Nacional para realizar la cruenta y sangrienta retoma del palacio era aprovechar para acabar con su principal enemigo de la época el M-19?

¿Existió realmente algún interés e influencia en la quema del palacio por parte de Alvaro Uribe Vélez para la desaparición incinerada de investigaciones que se afirma corrían en su contra?

¿Cuál es el juego político que hay detrás del llamado que se dice realiza la Fiscalía General de la Nación a los indultados Gustavo Petro y Antonio Navarro Wolf, cuando para esa data aquel se encontraba detenido por porte ilegal de armas y este por fuera del País, es decir, ambos ausentes para el momento de la retoma del Palacio de Justicia?

El eco de la solicitud de cese al fuego desde hace 30 años

No más de las múltiples agresiones del Estado Colombiano en contra de sus coasociados, prefiero dejar que de ello se encargue sabiamente la historia cuando cuente con la construcción de la memoria, sirvan mejor los anteriores sucesos para resaltar la necesidad de Paz en nuestra Colombia, para lo cual, muy oportuno traer de nuevo las palabras del inmolado Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando, mientras se desarrollaba ya la etapa de retoma del Palacio de Justicia, angustiosamente suplicaba a voces públicas muy conocidas por la mayoría de colombianos que estuvimos pendientes de dicho suceso, y de aquellos que posteriormente tomaron interés en el mismo, dirigidas al señor Presidente de la República de Colombia Belisario Betancur Cuartas para que le ordenara al Ejército Nacional el cese al fuego, porque hoy, treinta (30) años después del holocausto de palacio, es exactamente lo mismo que pedimos los 48 millones de colombianos, eso mismo, que se ordene el cese al fuego, pero esta vez, circunstancialmente, en la modalidad de cese bilateral del fuego por los extremos de la guerra, tanto a la guerrilla como a los militares, para que de una vez por todas se abra el camino firme al proceso de la Paz que se ha venido negociando en la Habana Cuba.

ORLANDO MARIN SÁNCHEZ

plumacriticajudicial@gmail.com