DELITOS Y CIRCO: La construcción de la amenaza extranjera

La detención de un menor acusado por la muerte de otro, sirvió como disparador para que el gobierno planteara la reforma en el Código Penal Juvenil, poniendo el acento en la baja de la edad de imputabilidad, asociado esto, en tiempo de agenda mediática, a la decisión del gobierno de modificar la Ley de Migraciones a través de un decreto, con la intención de endurecer los controles migratorios. La reforma de la ley migratoria se ha hecho efectiva e implica pasar de un orden que respeta los derechos humanos de los migrantes a otro que los considera una amenaza a la seguridad nacional.

Las declaraciones de la ministra de Seguridad, vinculan en un falso nexo a los inmigrantes con el delito. Ésta realiza una afirmación en términos numéricos asegurando que el 33% de los presos por delitos asociados al narcotráfico son extranjeros. Sus dichos realizados con total liviandad, aunque sin ninguna ingenuidad, confirman la hipótesis de que a todo dato le corresponde un relato, y es desde la pretensión de imponer un relato que guarde relación con las políticas antipopulares que se orienta esta afirmación, que no sólo es falaz y engañosa, sino que tiene una marcada intencionalidad. El desconocer una parte de la proporción, desde una lectura simple y sin demasiado análisis estadístico revela que hay un 67% restante al que se le adjudica una valoración criminal diferente, intenta delimitar una línea divisoria que localiza un borde infranqueable a partir de ciertos rasgos homologables (extranjero, inmigrante, narcotraficante); dejaría por fuera de la acusación criminal a unos, demonizando a otros, y en esa equivalencia que muestra de soslayo sólo una parte, se fomenta la concepción del extranjero como el portador de todo lo malo. Estas afirmaciones revelan la intención de localizar a un monstruo que, así como en los ‘70 se construía sobre la base del demonio comunista, hoy se pretende construir sobre la idea del narcotráfico, convocando a desplegar estrategias de control y disciplinamiento social con el fin de implementar políticas acordes al accionar de un Estado gendarme.

Por supuesto que no es la intención de la ministra considerar el valor de las estadísticas, el propósito es otro, es el de instalar sentidos. Y si a números queremos remitirnos, considerando que desde nuestro lugar tenemos la obligación de construir con los datos otro relato, basta decir que en nuestro país, según la ONU, viven cerca de 2 millones de inmigrantes en forma permanente; hay 1420 extranjeros presos por delitos vinculados al narcotráfico, esto sería el 0,07 del total. Por otra parte, según un informe de 2016 de la Subsecretaría de Política criminal, el 82% de los presos por infracciones a la ley de drogas, son argentinos. La construcción de un enemigo externo y las exacerbaciones de los prejuicios xenófobos requieren de un discurso que los legitime y son solidarios de un mayor disciplinamiento social, necesario cuando el panorama es de ajuste y desolación.

El Ministro del Interior presentó un sistema de “Información anticipada de pasajeros” que pretende endurecer los controles migratorios. En consonancia con los dichos de la ministra y acorde a la misma lógica, esta medida se plantea como una herramienta acabada que permitiría determinar en un trámite de migraciones qué persona es susceptible de criminalización; de esta manera circula en el imaginario social una idea de justicia urgente y expeditiva que se alimenta de la fantasía de un tribunal exprés que imparte condenas en las oficinas de un aeropuerto.

Los medios de comunicación construyen mecanismos con mensajes que orientan la producción de determinadas ideas, mecanismos que no son azarosos sino que tienen como objetivo enfatizar ciertos aspectos e invisibilizar otros. La exhibición de una noticia suele venir acompañada de datos que intentan provocar efectos de verdad y legitimar sentidos. No se busca sólo distraer mientras “los elefantes pasan por detrás”, como afirmaba Cristina para advertirnos sobre las estrategias mediáticas, sino que también se intenta producir efectos en las subjetividades. Hay intención distractora al mismo tiempo que productora de sentidos. Si bien esta lógica de colonización de las subjetividades tiene una gran eficacia, hay que considerarla sin desconocer aquello que desde determinados campos de las ciencias humanas se ubica como un afortunado límite entre el poder y el sujeto, que localiza un espacio a salvo que no se deja recubrir por significación alguna y resulta un reducto resistencial independiente de los efectos de dominación. El poder no logra producir totalmente las subjetividades, hay algo que se sustrae y mantiene un aspecto emancipatorio y libre de la opresión.

La difusión calculada de noticias vinculadas a la inseguridad, pretende producir sujetos que tengan una visión de la cuestión criminal reducida a la lógica del castigo y la prisionalización y logran anclaje en el imaginario social porque este modo de entender la realidad localiza al agresor y evita el despliegue de angustia que provoca la ubicación difusa de la violencia. Es una criminología mediática que apela a la información, a la sobreinformación y a la desinformación y, asociada a determinadas creencias, construye explicaciones simplificadoras, lineales, definiendo soluciones también lineales y mágicas que deben ser encarnadas sobre determinados grupos humanos ubicados como los portadores del mal. Esta criminología crea una realidad dicotómica, por un lado un mundo de personas decentes y por otro un conjunto de seres estigmatizados e identificados a través de estereotipos. Esta causalidad mágica exige respuestas también mágicas y urgentes; en ese mundo que se pretende construir, que se divide entre buenos y malos, la única solución a los conflictos sería la punitiva. Esta criminología mediática crea sentidos que fomentan la prisionalización, el castigo y el sistema de penas desde una lógica tributaria de la Ley del Talión.

Las ideas que pretenden construirse a partir de la selección y el tratamiento que se hace de la información, desde una perspectiva banal y sensacionalista, producen efectos de subjetivación desde una cultura del miedo y la demonización, impactando en la población de una forma efectiva. Se construye así un sentido común que potencia el autoritarismo y el castigo como solución y que adjetiva como permisivas y benignas las normas que el Estado de derecho garantiza, haciendo un llamado a esas voces que buscan “la ley y el orden” a cualquier precio. La visibilidad que los medios le otorgan a estas cuestiones no es azarosa y apunta a la necesidad de incrementar el control y los castigos sobre esos personajes que condensan los rasgos de peligrosidad y violencia. Pero lo que de fondo se intenta legitimar es la consolidación de un sistema de exclusión donde la seguridad y la legalidad se garantizan de modo diferencial desplazándose el debate sobre cómo abordar el problema de la desigualdad y su relación con la violencia.

El funcionamiento de un Estado gendarme que interpreta los conflictos sociales en clave criminal antes que política, representa un retroceso del Estado de derecho y se alimenta de la construcción de sentidos que deben ser legitimados. Así, la reducción de la edad de imputabilidad, el endurecimiento de las penas, la ampliación de las facultades policiales, las reformas a las leyes migratorias, la ilusión de una justicia “exprés”, entre otras, abonan campañas de alarma social que se nutren de la idea de que determinadas personas resultan ser los portadores de ciertos defectos que hay que corregir a través de la criminalización y el castigo. No hay seguridad sin Estado de derecho, ya que los derechos representan las garantías de que las políticas no se convertirán en violencia de estado. Toda reflexión sobre la seguridad debe enmarcarse en una pregunta ética, una pregunta sobre la desigualdad y sus efectos devastadores en las relaciones humanas, donde se paga con violencia el precio del desamparo.