Pobladores de Santa Elena Barillas bloquearon este lunes los accesos viales de Villa Canales para exigir la reducción del transporte y denunciar cobros arbitrarios aplicados desde la pandemia de la Covid-19, mientras el Gobierno de Bernardo Arévalo evalúa prorrogar el subsidio extraordinario a los combustibles.

Los manifestantes exigieron la intervención del alcalde local y denunciaron momentos de tensión entre los usuarios y los choferes del transporte colectivo. Además del elevado pasaje, la comunidad rechazó el cobro arbitrario de entre 20 y 30 quetzales por el traslado de carga de trabajo.

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala y delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos acudieron al lugar del bloqueo para resguardar el orden público e intentar mediar en el conflicto.

Los usuarios enfatizaron que las tarifas actuales de transporte resultan desproporcionadas para la golpeada economía familiar, que depende de este servicio básico diario para movilizarse hacia los centros de estudio y de trabajo.

La tensión social ocurre en el marco de la vigencia del subsidio a los combustibles implementado mediante el Decreto 11-2026.

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A través de dicha legislación se aprobó una asistencia de 2.000 millones de quetzales, equivalentes a 262.000 dólares, para aliviar el impacto de la inflación internacional del petróleo provocada por los conflictos en Oriente Medio.

Ante el descontento popular por el encarecimiento de la vida, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala estudia presentar una nueva propuesta de apoyo financiero para amortiguar los costos del transporte.

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