En el marco de la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se desarrolla en la ciudad de Belém, ubicada en el estado de Pará, Brasil, las organizaciones de mujeres indígenas de la Comisión Nacional de Mujeres de Abya Yala-Guatemala manifestaron su profunda preocupación por los nulos avances en el cumplimiento de los principios de responsabilidades climáticas.

Mediante un comunicado, las mujeres originarias exigieron a los países desarrollados liderar todo esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionar recursos financieros, tecnológicos y de capacitación para acciones de mitigación, compromisos asumidos desde 1995.

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Las representantes de los pueblos originarios de Guatemala rechazaron no ser consideradas para la participación activa en la discusión y propuestas concretas para mitigar la crisis climática, a pesar de que sus pueblos demuestran «la solvencia y experiencia de vida en el cuidado de la Madre Tierra, nuestra Casa Común».

También denunciaron que los Estados incumplen los compromisos al promover la industria extractiva en territorios indígenas y aplicar políticas de despojo de bienes. Además, señalaron el continuo rezago estatal en la financiación, facilitación y capacitación en el manejo de las tecnologías, así como el rechazo a los conocimientos y derechos de los pueblos en los sistemas jurídicos de cada país.

Las mujeres exigieron a las naciones firmantes de la Convención el diseño de Políticas Públicas con participación y coordinación directa de las mujeres y Pueblos Originarios, y el reconocimiento de los derechos y conocimientos ancestrales para el cuidado de la Casa Común desde los sistemas jurídicos. Al gobierno de Guatemala pidieron el involucramiento directo de los pueblos en la construcción de la Ley de Aguas.

Reconocieron el veto presidencial al Decreto 9-2025 que proponía reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente que además de contravenir la Constitución, promovía privilegios a un sector ajeno al cuidado ambiental. Al Congreso de la República, solicitaron la aprobación de la iniciativa de ley 6086, «Ley de los Pueblos», que garantiza el respeto, la conservación y el uso sostenible de las semillas nativas y prohíbe la importación de organismos modificados.

La denuncia de la Comisión Nacional de Mujeres de Abya Yala-Guatemala en el marco de la COP30 subraya la lucha de los pueblos originarios del Sur Global por la justicia climática. Esta postura confronta directamente las políticas extractivistas de los Gobiernos y la falta de voluntad de los países desarrollados para cumplir sus obligaciones, evidenciando que la crisis ambiental está intrínsecamente ligada a la defensa de la soberanía territorial y el conocimiento ancestral.

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