El gigante tecnológico Google acordó pagar 68 millones de dólares para resolver una demanda colectiva federal que lo acusó de grabar ilegalmente conversaciones privadas de usuarios a través de su asistente de voz, en un fallo que refuerza el creciente escrutinio legal sobre las prácticas de vigilancia de las grandes tecnológicas.

El acuerdo, presentado el viernes ante la jueza federal Beth Labson Freeman del Tribunal del Distrito Norte de California, establece un fondo de compensación para los afectados y deberá recibir aprobación judicial para entrar en vigor.

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El caso denunció que el «Asistente de Google» se activaba de manera inadvertida sin comando verbal, capturando diálogos íntimos y compartiendo esos datos para publicidad dirigida y otros fines comerciales, en presunta violación de leyes de privacidad. La cobertura del acuerdo se extiende a propietarios de dispositivos Google desde mayo de 2016, cuando se lanzó por primera vez el asistente.

Los consumidores elegibles podrán reclamar compensación por hasta tres dispositivos, aunque el monto individual dependerá del número total de reclamaciones, distribuyéndose mediante un «sistema de asignación prorrateada» que otorga puntos según la gravedad de la intrusión.

Un punto central del litigio fueron las «falsas activaciones», fenómeno en el que el asistente de voz presuntamente se activa de manera involuntaria y graba conversaciones privadas sin que el usuario pronuncie frases de activación como «Hey Google» o «Okay Google».

La acción legal fue presentada por varios propietarios de dispositivos que afirmaron que sus conversaciones habían sido registradas sin conocimiento. Los demandantes argumentaron que los dispositivos interpretaban incorrectamente palabras habladas como comandos, generando grabaciones de conversaciones sobre temas personales, financieros o laborales que posteriormente se utilizaron con fines comerciales.

Un detonante de la acusación fue el informe de 2019 de la emisora holandesa VRT, cuyos periodistas documentaron que «Google envió partes de conversaciones a contratistas externos que analizaron patrones de lenguaje». En su investigación, «escucharon más de 1.000 extractos de conversaciones, incluidos 153 en los que los participantes no habían dicho una palabra candente». Algunos fragmentos incluían discusiones sobre finanzas, salud, relaciones personales y asuntos laborales.

Google no admite responsabilidad y opta por el acuerdo

La compañía sostuvo que las activaciones accidentales no violaban su política de privacidad, argumentando que los usuarios habían dado consentimiento al habilitar la configuración de «Actividad de Voz y Audio».

En documentos judiciales, Google afirmó que desde el lanzamiento del Asistente en 2016 informó a los usuarios que al habilitar dicha función estaban autorizando a la empresa a «grabar, guardar y usar sus datos de audio» para mejorar sus tecnologías de voz. No obstante, desde agosto de 2020 la empresa actualizó sus divulgaciones para informar que el audio «se puede guardar si un dispositivo detecta incorrectamente una activación».

Los abogados de los demandantes solicitarán hasta un tercio del fondo del acuerdo, aproximadamente 22,7 millones de dólares, en concepto de honorarios. Una vez aprobado por la jueza Freeman, se abrirá un período para que los usuarios presenten sus reclamos ante el fondo de compensación.

El caso forma parte de un patrón creciente de litigios por privacidad en la industria tecnológica. Google ha enfrentado otras demandas relacionadas con la privacidad en años recientes, incluyendo un acuerdo de 1.400 millones de dólares con el estado de Texas en 2025 para resolver dos demandas por presuntas violaciones a leyes estatales de privacidad de datos.

Además, es la segunda gran empresa de tecnología en llegar a un acuerdo de privacidad de asistentes de voz durante enero de 2026: a principios de mes, Apple acordó pagar 95 millones de dólares por una demanda similar relacionada con su asistente Siri.

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