Durante el año 2025, la educación pública en El Salvador estuvo marcada por casos de sobrecarga laboral, violaciones a derechos laborales y un incremento en la deserción escolar, así lo denunció el Frente Magisterial Salvadoreño (FMS).

La organización califica el contexto actual como un «período de oscurantismo» debido a la restricción de información pública y a la imposición de políticas del Ministerio de Educación que, según el FMS, obligan a los docentes a asumir tareas ajenas a su función y a renunciar a derechos laborales históricos.

Muertes atribuidas a precariedad y estrés laboral

El informe del FMS cita casos concretos que reflejan la precariedad en el sector, como el caso de la muerte del maestro Juan Antonio Cruz, quien falleció en enero del año en curso tras caer del techo de la escuela mientras realizaba una tarea impuesta.

El gremio lamentó el hecho que, según señalan, evidencia la exigencia a los docentes de realizar labores fuera de su contrato. Asimismo, se reportó el fallecimiento del maestro Abel de Jesús Peñate Pérez por un paro cardíaco durante su jornada, presuntamente provocado por el estrés.

Miembros del FMS indicaron que el estrés laboral, acompañado de violaciones como hostigamiento y sobrecarga de tareas, está causando la aparición y el agravamiento de enfermedades crónicas, motivando un retiro masivo de maestros.

A estas políticas atribuyen también la muerte del profesor José Orlando Araujo Ramírez, quien se quitó la vida tras sufrir lo que el gremio describió como un «abominable atropello«.

Denuncias de despidos, corrupción y crisis sanitaria

El Frente Magistral reportó la persistencia de despidos injustificados de maestros y la destitución de directores con experiencia. Estos últimos, según la organización, son reemplazados por personas sin conocimiento legal o administrativo, con afinidad al partido de Gobierno, facilitando abusos.

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La organización también cuestionó la gestión del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), denunciando que el Gobierno ha llevado el sistema a la precariedad, con falta de medicamentos, entrega de fármacos de baja calidad e insuficiencia de médicos especialistas. Esta situación, alertó el FMS, está provocando un sistema de salud precario con peligro evidente de colapso.

En cuanto a infraestructura, el informe señala la preocupación por la transparencia en los fondos de remodelación, identificando costos sobrevalorados por metro cuadrado de construcción.

En esta misma línea, el gremio critica el uso de privados de libertad en esta modalidad, la cual califican como trabajo forzado, y señala el incumplimiento de la promesa de reparar 1.000 escuelas por año, obligando a las comunidades a seguir con clases virtuales o en condiciones inadecuadas.

Militarización e impacto en la niñez

Otro punto central del informe es la preocupación por el nombramiento de la capitana del Ejército, Karla Trigueros, como ministra de Educación, visto como una tendencia a la militarización del Estado.

El FMS denunció nuevas medidas represivas y excluyentes, como los «deméritos» que castigan a estudiantes por el incumplimiento de códigos de vestimenta o cortes de cabello, llegando al extremo de reprobarlos sin considerar su rendimiento académico.

El gremio alerta que se está negando a los niños el derecho a recibir contenidos de salud sexual, lenguaje inclusivo, cambio climático y, crucialmente, a conocer su memoria histórica.

Adicionalmente, expresaron preocupación por las consecuencias del régimen de excepción, que consideran ilegal, vigente por 44 meses. Reportan la captura de más de 3.000 menores de edad, la irrupción de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) en centros escolares, y estiman que unos 64.000 niños y niñas se encuentran en situación de abandono.

Finalmente, el informe advierte que la influencia de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la educación pública exige, a cambio de préstamos, medidas neoliberales que buscan privatizar servicios públicos y precarizar la educación.

El Frente Magisterial Salvadoreño concluyó dedicando su informe a la memoria de los maestros fallecidos y felicitando a las madres y padres que han organizado luchas para evitar el cierre de centros escolares, a pesar de que muchas familias han tenido que alquilar espacios seguros para que continúen las clases.

La organización señala que las decisiones actuales del Ministerio de Educación generan incertidumbre y exigen más recursos económicos a las familias.

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