El Senado francés aprobó una controvertida ley agrícola que permitirá, de forma excepcional, el uso de dos pesticidas prohibidos en el país. La norma, impulsada por el Gobierno para responder a las demandas del sector agrario, ha provocado una fuerte división política y ha llevado a la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, a anunciar su dimisión.

Los detractores de la legislación, que fue aprobada con 296 votos a favor y 224 en contra, afirman que los pesticidas atentan contra la biodiversidad y la polinización, responsable de la reproducción del 35 por ciento de los cultivos.

Quienes defendieron la legislación, incluida la derecha tradicional y los ultraderechistas, afirman que ello garantiza la soberanía alimentaria, ante las desventajas que tienen ahora los productores nacionales frente a agricultores de otros países europeos.

Antecedentes de la polémica Ley

En el verano de 2025, el Consejo Constitucional había censurado el regreso, mediante la denominada ley Duplomb, de los plaguicidas de la familia de los neonicotinoides, «por falta de regulación suficiente», haciendo hincapié en que la excepción no estaba limitada en el tiempo ni a un sector en particular.

Por iniciativa del senador republicano Laurent Duplomb, se añadieron medidas que tienen en cuenta estas observaciones al proyecto de ley agrícola de emergencia, aprobado por el Parlamento el pasado 21 de julio.

El texto estipula que la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Ambiental y de Salud Ocupacional (ANSES), consultada por el Ministro de Agricultura, autorizará, por períodos limitados y bajo ciertas condiciones, el uso de acetamiprid para el sector de la avellana y de flupyradifurona para la remolacha azucarera, las manzanas y las cerezas.

La apelación de los parlamentarios, de los partidos Francia Indomable y Los Verdes, argumenta que estas disposiciones no guardan relación con el proyecto de ley original y, por lo tanto, deben ser declaradas nulas por tratarse de añadidos legislativos.

Indican que las enmiendas que contienen esta medida fueron inicialmente declaradas inadmisibles en la Asamblea Nacional antes de ser aprobadas en el Senado.

El problema de los neonicotinoides

En esencia, los demandantes argumentan que el poder legislativo no ha regulado suficientemente estas exenciones en cuanto a su alcance. También critican que, en el caso del flupyradifurone, el recubrimiento de las semillas de remolacha azucarera sea obligatorio incluso antes de que se observe la aparición de una amenaza.

Además, sostienen que la medida establece un principio de autorización automática por parte de la ANSES, en detrimento del derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que afectan al medio ambiente.

Señalan que, el verano pasado, el Consejo Constitucional había indicado que los neonicotinoides «tienen un impacto en la biodiversidad, en particular en los insectos y aves polinizadores» y «conllevan riesgos para la salud humana».

Cabe destacar que el acetamiprid está prohibido en Francia desde 2018, aunque la Unión Europea mantiene su autorización hasta 2033, con límites de uso cada vez más estrictos. La flupyradifurona, prohibida en Francia desde el 31 de diciembre de 2019, está considerada un neonicotinoide de nueva generación, pero su uso está autorizado en la Unión Europea hasta 2029.

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