Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada en relación con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, luego de que un juez del Centro de Justicia del penal federal de máxima seguridad del Altiplano considerara suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para presumir su posible responsabilidad en los hechos.

La resolución se dio después de una audiencia que se extendió por más de 15 horas, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) expuso los elementos que sustentan la acusación contra el exmandatario estatal.

Durante la diligencia, la defensa de Aguirre Rivero presentó más de 30 pruebas con los que buscaba desacreditar las acusaciones en su contra. Sin embargo, el juez determinó que ninguno de esos elementos resultaba contundente para cuestionar la hipótesis de la Fiscalía, según la cual el entonces gobernador habría ordenado ocultar y destruir evidencias relacionadas con lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

El magistrado concedió un plazo de 120 días para concluir la investigación complementaria. Durante este período, la defensa podrá reunir nuevos elementos que serán presentados en la etapa de juicio, en la que se determinará la responsabilidad de Aguirre Rivero por el delito que se le atribuye, considerado un crimen de lesa humanidad.

La resolución representa, por ahora, un revés para la estrategia de defensa del exgobernador, que buscaba dejar sin efecto los argumentos de la FGR mediante los 31 datos de prueba aportados durante la audiencia.

La acusación del Ministerio Público se apoya principalmente en los testimonios de Blanca N, exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina N, quien fue presidenta del Poder Judicial de esa entidad. Ambas declararon que Aguirre Rivero habría ordenado eliminar evidencias relacionadas con lo ocurrido a los normalistas.

De acuerdo con la versión presentada por la FGR, el entonces gobernador habría tenido conocimiento de los acontecimientos desde los primeros momentos debido a que su sobrino, Ernesto Aguirre, quien se desempeñaba como asesor, mantenía vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos y estuvo al tanto de lo ocurrido con los estudiantes.

La investigación busca esclarecer el nivel de participación del exmandatario en las acciones emprendidas después de la desaparición de los normalistas y determinar si efectivamente dio instrucciones para ocultar o destruir información relacionada con el caso Ayotzinapa.

Uno de los elementos señalados por la Fiscalía es un disco que contenía grabaciones captadas por dos cámaras instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014. Según la acusación, Blanca N, quien entonces se desempeñaba como visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), habría retirado el material de la oficina de la presidenta del organismo.

Las imágenes mostraban la llegada a las inmediaciones del Palacio de Justicia de uno de los autobuses en los que eran trasladados los normalistas, mientras eran escoltados por hombres armados, algunos vestidos con uniforme y otros de civil. Posteriormente, los sujetos obligaron a los estudiantes a subir a otro vehículo, que minutos después abandonó el lugar con dirección desconocida, acompañado en todo momento por policías y personas armadas.

Para la Fiscalía, las grabaciones constituían un elemento clave de la investigación, debido a que podían aportar información para identificar a las personas que viajaban en el autobús y establecer la ruta que siguieron después de salir de Iguala.

De acuerdo con la acusación, Blanca N retiró el sobre donde se encontraba el disco con las grabaciones y lo llevó hasta las oficinas de la gubernatura, donde se lo entregó a Ángel Aguirre Rivero la noche del 29 de septiembre, tres días después de los hechos. El entonces mandatario estatal, a su vez, puso el material en manos del procurador Iñaki Blanco y le indicó que debía eliminarlo y acabar con cualquier evidencia contenida en las imágenes.

Horas más tarde, el entonces gobernador instruyó a integrantes de su equipo para que eliminaran o destruyeran cualquier elemento que pudiera aportar información sobre lo ocurrido en Iguala durante la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre.

Por su parte, la defensa buscó cuestionar esta versión mediante testimonios y documentos que, según sus argumentos, demostraban que Aguirre se encontraba en la Ciudad de México el 29 de septiembre, fecha en la que supuestamente recibió el sobre con el disco de las cámaras del Palacio de Justicia.

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Los abogados señalaron que ese día Aguirre sostuvo un encuentro con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, circunstancia que, a su juicio, acreditaba que no estaba en Guerrero y, por tanto, no pudo haber recibido las grabaciones ni disponer posteriormente su destrucción.

El exgobernador mexicano permanecerá recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano mientras enfrenta el proceso por desaparición forzada. No obstante, sus abogados buscarán que la medida cautelar sea modificada para que pueda continuar el procedimiento bajo prisión domiciliaria, debido a su estado de salud y a sus 70 años de edad.

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