Empleados públicos de diferentes dependencias del Estado hicieron el miércoles filas de metros para saber si estaban en la lista de despedidos, luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, expresara que “se van a caer 70.000 contratos”.

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Otros trabajadores entraron por la fuerza, estuvieran despedidos o no, pese a el mega operativo policial montado a nivel nacional.  

La medida se realizó bajo el amparo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a los trabajadores a ingresar forzosamente a la instituciones del Estado donde ejercen funciones. 

Pese al despliegue de las Fuerzas de Seguridad y la amenaza de iniciar procesos penales contra aquellos que intenten ingresar “ilegalmente” a las dependencias del Estado, los trabajadores lograron ocupar sus puestos de trabajo en la mayoría de los casos, según apuntaron desde el sindicato, que al finalizar la jornada decidió profundizar el plan de lucha y convocar a un paro nacional activo el próximo 5 de abril.

La lucha por mantener los puestos de trabajos se da en un contexto en que el costo de vida se eleva día a día, el índice de inflación en marzo superó el 295 por ciento interanual y la recesión de la economía provoca una caída superior al 30 por ciento interanual en la actividad industrial de las pequeñas y medianas empresas, responsables del 50 por ciento del empleo asalariado registrado.

11.000 despidos

Hasta el pasado 28 de marzo, el sindicato estatal contabilizaba un aproximado de 11.000 despidos, y desde la vocería de la Casa Rosada manifestaron que, para el miércoles, se esperaba que la cifra ascendiera a 15.000.

Desde el Gobierno nacional señalan la falta de recursos públicos y la presencia de “ñoquis”, como se dice en Argentina a quienes reciben un salario sin realizar el correspondiente trabajo.

Sin embargo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, declaró en asamblea que “el pueblo comienza a darse cuenta que lo de los ñoquis era una excusa y que los empleados públicos no sobramos. La sociedad comienza a advertir que el hecho de que despidan estatales de manera masiva no va a hacer que ellos estén mejor. Todos los sectores vamos a estar cada vez peor”.

El vaciamiento del Estado

La cartera con mayor cantidad de despidos fue la de Capital Humano, un mega ministerio que absorbió bajo su órbita los antiguos ministerios de Trabajo, Educación, Desarrollo Social y Cultura, entre otros.

Solo en la Secretaría de Trabajo, desde el inició de la actual gestión fueron despedidos 523 trabajadores, mientras que otros 1.200 fueron cesanteados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), también inscripto bajo la órbita de Capital Humano.

 

Según datos de ATE, debido a los despidos, debieron cerrarse oficinas de atención en cercanía de la Anses, razón por la cual miles de personas deben viajar varios cientos de kilómetros para realizar trámites relacionados con jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios.

Del mismo modo, el ajuste de Milei apuntó contra medios públicos. Télam fue cerrada y con ella fueron dispensados sus 781 trabajadores. La avanzada contra la agencia estatal se dio en el marco del decreto 117/24, por el cual fueron intervenidos los principales medios públicos, dándole el poder a los interventores de «designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas». 

En este marco, al menos 100 empleados fueron despedidos de Radio Nacional y trabajadores de la Televisión Pública denunciaron la práctica sistemática de la censura por parte de la intervención. “Un ejemplo cabe para ilustrarlo: en la transmisión de la apertura de sesiones del primero de marzo por cadena nacional, sólo se mostraron legisladores oficialistas, en una paradoja construida en base a planos cortos”, acotaron los trabajadores en un comunicado.

En tanto, en organismos públicos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Secretaría de Agricultura Familiar, se han realizado cientos de despidos, se redujo significativamente el presupuesto y ha llegado al cierre, en algunos de los casos.

Despidos Ilegales

«No vaya a ser cosa que el presidente y sus funcionarios terminen presos por las cesantías masivas. Se están cometiendo delitos penales», sostuvo el secretario general de ATE en una nota de prensa. 

El dirigente indicó que la decisión de renovar los contratos cada tres meses, bajo permanente amenaza de despido, “vulnera la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces”. 

Y subrayó que el artículo 226 del Código Penal da penas de entre cinco y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales, elevando la pena mínima a un tercio cuando se trate de funcionarios públicos.

A su vez, Aguiar expresó que “despedir tantos trabajadores a tal punto que hasta delegaciones enteras tienen que cerrar, como ocurrió con Anses, restringe de manera grave el derecho a la seguridad social, y lo mismo empieza a ocurrir con otros servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar: educación, salud, seguridad alimentaria y hasta la posibilidad de prevenir catástrofes, cuestión ahora afectada porque el recorte alcanzó hasta el Servicio Meteorológico Nacional”.

Mercado laboral cerrado

Los despidos se dan en un momento cuando Argentina atraviesa una de las mayores crisis económicas de su historia. Desde que Milei asumió funciones, la inflación suma casi un 60 por ciento. A su vez, el Gobierno realizó una devaluación del 50 por ciento de la moneda nacional apenas iniciado su mandato, por lo cual los salarios perdieron más de la mitad del poder de compra.

Según la consultora Ecolatina, esta situación lleva a personas ocupadas a buscar un segundo y hasta un tercer empleo para poder sostener su nivel de vida, lo cual implica una mayor competitividad en el mercado laboral.

A su vez, el aumento de precios se traduce en un desplome del consumo que impacta, sobre todo, en las empresas de menos de 100 empleados, con una fuerte dependencia del mercado local. De hecho, hasta enero pasado la actividad económica había caído un 4,3 por ciento con respecto a 12 meses antes, la peor contracción desde la pandemia de la Covid-19.

De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un informe que evalúa la situación del empleo registrado privado, la ocupación comenzó a tener una tendencia bajista desde agosto de 2023 y señala que hacia adelante, “los indicadores tempranos de actividad de enero y febrero, permiten estimar que el empleo va a continuar esta trayectoria a la baja”.

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