Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen actualmente detenidas a 73.000 personas, la cifra más alta registrada en la historia del país. Este número implica un aumento del 84% en comparación con el mismo periodo del año anterior, antes de que Donald Trump asumiera la presidencia y pusiera en marcha una serie de políticas antinmigrantes centradas en la detención y la deportación masivas.

Según un análisis reciente de los datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, inglés) de Estados Unidos, el 92% del aumento en las detenciones durante el año fiscal 2026 corresponde a inmigrantes sin antecedentes penales, lo cual confirma que la mayoría de las personas detenidas no han cometido delitos y su única infracción es de carácter migratorio.

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La Administración republicana ha anunciado planes para ampliar la capacidad de detención hasta un promedio de 100.000 personas diarias, mediante la apertura o expansión de centros de custodia.

Este incremento se enmarca en un contexto de financiamiento sin precedentes: en 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió, a través de la Ley de Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley Único (OBBBA), un paquete suplementario de 178.000 millones de dólares, el más grande en su historia.

A esto se suma un presupuesto plurianual de casi 191.000 millones de dólares, destinado principalmente a seguridad fronteriza, aplicación de leyes migratorias —incluyendo a ICE y CBP— y construcción de barreras físicas y operativos de detención.

Organizaciones como la ACLU (Unión Estadounidense de Libertades Civiles) han denunciado condiciones “inhumanas” en los centros de detención, incluyendo hacinamiento, abusos físicos y psicológicos. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia de ICE, con más de 30 fallecimientos.

En los primeros 10 días de 2026, al menos cuatro migrantes han muerto en instalaciones del ICE, incluyendo una en la base militar de Fort Bliss, Texas.

El alto número de detenidos por el ICE sin antecedentes penales contradice la versión de que las campañas de redadas masivas están enfocadas en la captura de “asesinos, violadores y pandilleros”, principal justificación de la Administración Trump y los republicanos para sustentar sus medidas antinmigrantes.

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