El Tribunal Federal de Rio Grande do Norte programó una reunión crucial para este próximo martes 12 de mayo, con el fin de ejecutar el plan de recuperación de un terreno ocupado por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). La decisión judicial afecta directamente a ciento diez familias que permanecen en el campamento Zé Teixeira desde mediados del año pasado en la zona de Jandaíra.

A lo largo del proceso legal el MST intentó establecer un acuerdo de coexistencia que permitiera el uso compartido de la propiedad entre las familias y las instituciones de investigación. Sin embargo la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria rechazó tajantemente cualquier propuesta de cooperación alegando que el terreno debe destinarse exclusivamente a sus fines técnicos.

El abogado del movimiento destacó que nunca se había visto a un juez tan comprometido con alcanzar una solución conciliatoria entre las partes involucradas en el conflicto. No obstante la postura de la empresa estatal fue inflexible al exigir el abandono inmediato de las tierras para retomar sus actividades de investigación agrícola.

La coordinación del movimiento campesino sostiene que la ocupación se justificaba por el estado de abandono y subutilización en que se encontraba la infraestructura de la estación experimental anteriormente. Según los residentes las familias han transformado el sitio mediante el cultivo de alimentos básicos y la restauración de una antigua escuela para actividades comunitarias.

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Por su parte los representantes de Embrapa argumentan en el expediente judicial que la propiedad siempre cumplió plenamente con su función social y científica en la región semiárida. La empresa estatal negó que existiera deterioro en las instalaciones y defendió que la ocupación interrumpe proyectos de investigación productiva que cuentan con tecnología moderna.

Esta disputa territorial forma parte de una estrategia nacional del movimiento para presionar por una reforma agraria que priorice la agricultura familiar sobre los intereses de las grandes agroindustrias. El resultado de la próxima reunión judicial determinará el futuro de las familias mientras el MST continúa apelando a tribunales superiores para evitar el desalojo.

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