La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, dio inicio a los trabajos de construcción de un nuevo tramo de 100 kilómetros de muro fronterizo con México en el sector de Tucson (Arizona). 

Las obras comenzaron a ejecutarse pese a la oposición frontal de la Nación Indígena Tohono O’odham, que acusa al Gobierno federal de vulnerar su soberanía territorial, amenazar ecosistemas frágiles y poner en peligro cementerios e infraestructuras sagradas ancestrales.

​El proyecto, denominado oficialmente ‘Tucson 5’, contempla la imposición de una barrera de doble capa de acero y hormigón de unos 9.1 metros de altura. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desplegó contratistas y agentes armados a finales de agosto para labores de medición, estudio de suelos y movimiento de maquinaria pesada.

​La Nación Tohono O’odham interpuso una demanda judicial contra la construcción del muro; sin embargo, en agosto pasado una jueza federal de Washington falló en contra de la tribu al considerar que no demostró una violación formal a su soberanía.

​El fallo judicial se sustentó en un decreto de 1907 firmado por el expresidente Theodore Roosevelt, el cual reservó una franja de terreno de 18.3 metros de ancho a lo largo de la frontera entre California y Nuevo México como “suelo de uso federal” dedicado al control fronterizo y la lucha contra el narcotráfico.

“El proyecto permitirá cerrar uno de los corredores irregulares más utilizados para el tráfico de drogas y la inmigración indocumentada en la frontera con México”, defendió el comisionado de CBP, Rodney Scott, al anunciar el reinicio de las obras.

​Impacto cultural, ambiental y rechazo indígena

​Por su parte, las autoridades de la reserva Tohono O’odham rechazan la necesidad del proyecto y sostienen que la tribu ha colaborado de manera constante con la Patrulla Fronteriza en la vigilancia de la zona.

El presidente de la nación tribal, Verlon José, argumentó que en los últimos dos años los arrestos de migrantes en ese sector registraron una caída del 95 %, por lo que calificó el proyecto de inútil y desproporcionado.

​La comunidad denuncia que la estructura interrumpirá los desplazamientos diarios de los miembros del pueblo que habitan a ambos lados de la frontera para actos religiosos o familiares, y amenaza zonas ceremoniales sagradas como el manantial de Quitobaquito, hábitat de especies protegidas como la tortuga de Sonoyta y el pez pupo.

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​Mientras que la congresista demócrata por Arizona, Adelita Grijalva, instó a la CBP a paralizar las obras, sosteniendo que la medida representa una violación a los derechos culturales indígenas.

​Mientras la tribu Tohono O’odham mantiene apelaciones activas ante los tribunales superiores, grupos de pobladores nativos se concentran pacíficamente en las inmediaciones de las obras realizando vigilias y ceremonias tradicionales en protesta por el avance de la maquinaria pesada.

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