EE.UU. autoriza la venta de diluyentes y admite el daño estructural causado al petróleo venezolano
La autorización de los diluyentes confirma que las sanciones no solo castigaron al Estado venezolano, sino que distorsionaron el mercado energético internacional
La autorización del Tesoro está rodeada de un entramado de controles jurídicos y políticos que confirman que no se trata de un gesto de buena voluntad, sino de un ajuste táctico condicionado a los intereses estratégicos de EE.UU. Foto: EFE
4 de febrero de 2026 Hora: 14:02
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Luego de más de seis años de bloqueo energético deliberado, el Gobierno de Estados Unidos levantó formalmente la prohibición de vender diluyentes para crudos pesados a Venezuela. La autorización fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro mediante la Licencia General N.º 47, permitiendo transacciones con el Estado venezolano y con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
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La decisión supone la reversión parcial de una de las sanciones más agresivas impuestas desde 2019, diseñada explícitamente para estrangular la principal fuente de ingresos del país. La prohibición de acceso a diluyentes estadounidenses —insumos técnicos indispensables para procesar el crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco— fue un factor determinante en la caída histórica de la producción venezolana, que pasó de más de tres millones de barriles diarios a mínimos por debajo de los 500.000, en medio de un cerco financiero, comercial y logístico sin precedentes.
Los diluyentes, como el condensado y determinadas naftas especializadas, no son un lujo técnico sino una condición material básica para la explotación del petróleo venezolano.
Su ausencia obligó a PDVSA a recurrir a mezclas improvisadas, costosas y menos eficientes, reduciendo la capacidad exportadora, deteriorando la calidad del crudo y encareciendo toda la cadena productiva. El bloqueo no fue simbólico ni retórico: fue mecánico, calculado y devastador.
Con la nueva licencia, Washington autoriza la exportación, venta, transporte y entrega de diluyentes de origen estadounidense, así como los servicios financieros y logísticos asociados. Sin embargo, la autorización está rodeada de un entramado de controles jurídicos y políticos que confirman que no se trata de un gesto de buena voluntad, sino de un ajuste táctico condicionado a los intereses estratégicos de EE.UU..
Los contratos quedan sometidos a tribunales estadounidenses, se excluyen mecanismos de pago alternativos y se mantiene un sistema de supervisión periódica sobre cada operación, reafirmando la lógica de tutela y presión permanente sobre la economía venezolana.
El acceso estable a diluyentes podría permitir un aumento inmediato de la producción petrolera venezolana de entre 20 % y 30 %, siempre que no se interrumpa el suministro.
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Aunque la Licencia General N.º 47 no implica el levantamiento integral del régimen sancionatorio, sí constituye una admisión implícita del fracaso de la política de “máxima presión”, aplicada durante años con el objetivo declarado de provocar el colapso económico y político de Venezuela.
El giro se produce además en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los precios energéticos, la recomposición del mapa geopolítico global y la creciente pérdida de control de EE.UU. sobre los flujos estratégicos de hidrocarburos.
Autor: teleSUR - cc - JDO
Fuente: OFAC - Blog La Tabla
