Registros oficiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos revelaron que siete de cada 10 armas ocupadas al crimen organizado en México provienen del mercado estadounidense. De acuerdo con el último informe de la agencia norteamericana, durante el año transcurrido las autoridades mexicanas enviaron a rastrear un total de 32.144 armas incautadas en operativos contra la delincuencia.

El análisis técnico confirmó que 22.817 de esos pertrechos, equivalentes al 71 por ciento del total de solicitudes procesadas, fueron fabricados o comercializados legalmente en suelo estadounidense antes de ingresar a territorio mexicano. La cifra representa un incremento sostenido durante los últimos años, consolidando la proporción más alta registrada por los organismos de seguridad fronteriza en la última década.

El reporte detalló que el 51 por ciento de las piezas rastreadas se fabricaron directamente en industrias norteamericanas, mientras que el resto correspondió a armamento de manufactura extranjera importado por empresas de ese país. Asimismo, la agencia reconoció la imposibilidad de determinar el origen final de un porcentaje menor de pertrechos debido a la falta de sellos de importación o datos insuficientes en las solicitudes recibidas.

El volumen total de armamento enviado a análisis registró un aumento significativo del 78 por ciento en comparación con las cifras reportadas al inicio de las mediciones oficiales. Estos datos fortalecen los argumentos históricos del Gobierno mexicano, que señala de manera constante a la industria armamentística norteamericana como la principal fuente de abastecimiento de las organizaciones criminales que operan dentro de las fronteras nacionales.

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La divulgación del informe coincidió con el debate multilateral en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y contrasta con el discurso en donde el presidente Donald Trump calificó a México como el epicentro de la violencia generada por el narcotráfico. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que la problemática debe abordarse de forma bilateral, señalando los altos índices de consumo de drogas sintéticas y la masiva producción de armas en el territorio vecino.

Pese a los constantes intercambios de postura, ambos Gobiernos mantienen canales de cooperación técnica para frenar el flujo ilegal de armamento hacia el sur de la frontera Río Bravo. Las instituciones de seguridad continuarán enviando las matrículas de las piezas aseguradas para identificar las redes de tráfico y sancionar a las armerías involucradas.

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