Decenas de trabajadoras de la educación de 0 a 3 años y bomberos forestales se concentraron frente a la Asamblea de Madrid para exigir mejoras salariales y laborales. La manifestación coincidió con el debate del estado de la región en el Parlamento local, y los manifestantes aprovecharon ese escenario para visibilizar el descontento social contra la gestión autonómica.

Las educadoras de las escuelas infantiles cumplen 5 meses en huelga ininterrumpida, durante los cuales han denunciado salarios cercanos al mínimo y una severa sobrecarga operativa diaria. Entre sus demandas centrales destacan la reducción de alumnos por aula, la incorporación de parejas educativas de apoyo y la equiparación salarial con otras autonomías.

Por su parte, los bomberos forestales denunciaron sumar más de mil días en huelga y superar 800 días sin mantener mesas formales de negociación con la Administración regional. Entre otras cuestiones, el colectivo criticó que solo los contraten durante 6 meses al año y que no reconozcan el riesgo de sus labores en la prevención de incendios.

Recordaron que durante el verano la Comunidad de Madrid sufrió una de las peores olas de incendios de los últimos años, con más de 27.000 hectáreas quemadas. La magnitud de la emergencia obligó en su momento al desalojo preventivo de casi 12.000 personas y a la intervención de recursos estatales de contención.

Oposición cuestiona escándalo inmobiliario y recortes presupuestarios

Otra batalla política tenía lugar puertas adentro de la Asamblea regional. Durante el debate parlamentario, la oposición cargó contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso por la compra de un inmueble residencial de lujo de 485 metros cuadrados. La adquisición del piso ubicado en el barrio de Chamberí superó los 6.3 millones de euros provenientes de fondos públicos.

Portavoces de la izquierda cuestionaron la falta de transparencia en la transacción de la propiedad que cuenta con 200 metros cuadrados de terraza, 5 habitaciones y 6 baños. Los grupos parlamentarios señalaron que la normativa urbanística prohíbe el uso de oficinas en dicha planta, derivando el caso en denuncias por presunta malversación y prevaricación.

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La portavocía del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) parlamentario recriminó a la administración haber prometido en 2022 un aumento del 50 por ciento en la plantilla de bomberos y terminar recortando 500 plazas. Asimismo, señalaron desvíos presupuestarios por 588 millones de euros que restaron 17.5 millones de euros a la prevención de incendios y 32 millones de euros a residencias de mayores.

Desde Más Madrid y otras agrupaciones de izquierda exigieron salarios dignos y contratos anuales permanentes para el personal de los servicios esenciales del Estado. Representantes sociales enfatizaron que la protección del patrimonio natural y la atención a la primera infancia constituyen pilares fundamentales para hacer frente a las crisis climáticas y sociales.

Las trabajadoras de las escuelas infantiles mantendrán la concentración permanente y pernocta frente a la sede del Gobierno en la Puerta del Sol. Los colectivos en lucha reafirmaron que continuarán movilizados en las calles para defender la educación pública y la seguridad territorial de la región.

Frente al inicio de la contienda hacia los comicios previstos para mayo de 2027, las organizaciones de trabajadores advirtieron que la presión popular aumentará. La ciudadanía movilizada exige respuestas concretas e inversión urgente en los servicios públicos frente a las políticas de recorte e irregularidades administrativas.

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