Pacientes renales y sus familiares se concentraron este martes en los exteriores del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo en Quito, Ecuador, para rechazar la desatención del sistema sanitario público y denunciar que alrededor de 4.000 personas con padecimiento renal han perdido la vida en los últimos dos años por falta de insumos y medicamentos. Durante la manifestación, exigieron la entrega de tratamientos de calidad y el cumplimiento del artículo 32 de la Constitución, el cual garantiza el derecho a la salud.

El vocero de los pacientes renales, Kevin Valdés, catalogó la situación como una crisis humanitaria provocada por la falta de respuesta estatal. «Lamentablemente, la crisis de los pacientes renales a nivel nacional ha desbordado lo económico. Hemos pasado ya a la deshumanidad. No hay una voluntad política como tal. Tenemos un total abandono por parte del Ejecutivo», declaró Valdés durante la protesta.

El vocero detalló que a nivel nacional los centros hospitalarios operan con un 54 por ciento de abastecimiento, cifra inferior al rango de entre 80 y 90 por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Más de 4.000 compañeros han perdido ya la batalla. Existen compañeros trasplantados que por falta de medicina inmunosopresora están rechazando su órgano», advirtió Valdés, señalando que esta situación obliga a las personas a depender nuevamente de máquinas de diálisis, sumándose a los más de 20.800 pacientes en esa condición.

Asimismo, criticó que el Estado entregue fármacos genéricos: «Cualquier cambio en bioequivalencia de esta medicina de especialidad puede afectar al órgano y finalmente provocar un rechazo como tal».

Respecto a la interlocución con las autoridades nacionales, el representante del colectivo denunció la falta de apertura institucional por parte del presidente Daniel Noboa y las autoridades sanitarias.

«Para nosotros, pacientes renales, se han cerrado totalmente las puertas. Los diferentes ocho ministros que han pasado nunca nos han dado audiencia. Nosotros estamos ya cansados de mendigar salud porque es un derecho constitucional«, enfatizó Valdés, agregando: «No pedimos bonos, no pedimos lujos, solamente pedimos una salud digna, un derecho a la vida que nosotros tenemos como ecuatorianos».

La manifestación se produce a pesar de la promesa realizada el pasado 24 de mayo por Noboa durante su informe a la nación en la Asamblea Nacional, cuando ofreció resolver el desabastecimiento en tres semanas.

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El mandatario mencionó posteriormente la estructuración de una hoja de ruta con la India para la adquisición de medicinas. La crisis en los hospitales públicos se relaciona con un recorte presupuestario acumulado de 421 millones de dólares entre 2023 y 2025, junto a una ejecución presupuestaria del 45 por ciento en el último año.

Por su parte, la legisladora Eliana Correa alertó que diversos centros operan con insumos por debajo del 50 por ciento e incurren en deudas salariales de hasta dos años con el personal. Adicionalmente, el sector denunció la interrupción del servicio de alimentación para pacientes en hospitales de grandes ciudades, costo que ha sido asumido directamente por el personal médico y paramédico con sus propios recursos.

La Cartera de Salud Pública atraviesa además una inestabilidad estructural tras el nombramiento de Juan Carlos Aveiga Parra, octavo titular del ministerio en la presente gestión. Los siete ministros anteriores registraron un promedio de permanencia de casi cuatro meses, siendo Manuel Antonio Naranjo el de mayor duración con 233 días entre junio de 2024 y febrero de 2025.

Aveiga asume el cargo desde la dirección médica del Hospital Alcívar en medio de cuestionamientos planteados por el abogado Jaime Chuchuca sobre presuntas inhabilitaciones legales por despojarse de acciones empresariales horas antes de su designación.

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Esta vinculación con el sector privado y contratistas del Estado repite el patrón de gestiones previas como la de Naranjo en Hospifuturo S.A., Franklin Encalada en la Clínica San Francisco y Édgar Lama, quien asumió la cartera arrastrando una glosa de 3.75 millones de dólares emitida por la Contraloría General del Estado por pagos indebidos a las empresas prestadoras de salud en Ecuador de familiares Teoton y Alboteoton.

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