La crisis financiera vinculada a la intervención de ueno bank derivó en un pedido de juicio político en Paraguay. La Cámara de Diputados examina este jueves 5 de noviembre «un libelo acusatorio formal para iniciar un proceso de destitución contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana». La iniciativa parlamentaria «detalla cinco capítulos de presunta responsabilidad política y administrativa por el manejo de los fondos previsionales». 

El hecho institucional radica en la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de colocar a ueno bank bajo un «procedimiento de resolución y administración especial», medida adoptada por «insuficiencia en el índice de solvencia de la entidad», provocando la «congelación de los fondos de los depositantes».  

El documento presentado por los legisladores señala que «el Gobierno permitió que el fondo estatal de seguridad social del Instituto de Previsión Social (IPS) depositara en la entidad financiera intervenida un volumen de recursos financieros superior al límite máximo autorizado por la legislación nacional vigente». 

En respuesta, voceros del Palacio de López sostuvieron que «las instituciones funcionan bajo el imperio estricto de la ley y no cederán ante presiones que buscan fracturar la paz de la República». Por su parte, sectores de la cámara explicaron que «las operaciones financieras aplicadas durante la administración se ejecutaron bajo el amparo del marco normativo». 

En consecuencia, al conocerse la noticia, en las inmediaciones del Congreso en Asunción las fuerzas sociales se hacen presentes mediante concentraciones de gremios de trabajadores y aportantes del Instituto de Previsión Social. En este sentido, las fuerzas de seguridad desplegaron operativos de control en el perímetro legislativo ante las manifestaciones vinculadas a «la inmovilización de los recursos económicos del sector público». 

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El procedimiento jurídico se rige de manera estricta por el «artículo 225 de la Constitución Nacional» indicaron los legislativos al formular la denuncia. A su vez recordaron que «la Cámara de Diputados requiere de mayoría calificada para aprobar el libelo acusatorio y remitir las actuaciones a la Cámara de Senadores».  

Asimismo, agregaron que «la Cámara Alta constituye el tribunal de sentencia», donde se requiere la aprobación de dos tercios de los votos de los miembros presentes para consumar la destitución del jefe de Estado y activar los mecanismos constitucionales de sucesión. 

La evaluación parlamentaria de la solicitud marca el desarrollo de la jornada legislativa en la capital. Los promotores de la iniciativa solicitaron «la investigación formal de las transferencias financieras del instituto previsional», mientras que la bancada gubernamental sostuvo «el rechazo a la admisibilidad del escrito presentado ante el pleno». 

El juicio político en Paraguay no representa un hecho aislado, sino la cúspide de tensiones estructurales entre el poder político y los grandes conglomerados económicos. El sistema financiero paraguayo ha atravesado periodos de vulnerabilidad regulatoria, donde la concentración de fondos públicos y reservas previsionales en entidades privadas específicas «ha sido objeto de recurrentes cuestionamientos por parte de diversos organismos de veeduría ciudadana y sectores parlamentarios» explican los analista. 

La figura del juicio político, consagrada de manera explícita en la Carta Magna de 1992 como un mecanismo constitucional de control extremo frente al mal desempeño de funciones, ha sido empleada histórica y jurídicamente en momentos de fractura institucional dentro del país. Estos antecedentes marcan hitos de polarización nacional que alteran el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

Además, la actual crisis desatada en torno al sistema bancario privado y su impacto sobre los aportantes del Instituto de Previsión Social afecta la legitimidad del modelo económico vigente. Esta situación obliga a los actores políticos a redefinir sus alianzas ante un escenario de descontento social y movilización en las calles de la capital. 

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