La deuda nacional de Estados Unidos (EE. UU.) alcanza un máximo histórico de más de 40,5 billones de dólares, evidenciando las tensiones fiscales de la primera economía global. Según datos del Departamento del Tesoro de EE. UU. la deuda soberana estadounidense se situaba en 40,52 billones de dólares, marcando un nuevo récord.

Esta cifra supera los registros previos, luego de que el pasivo rebasara los 38 billones de dólares en octubre del año pasado y cruzara la barrera de los 40 billones en agosto de este año. El texto base enfatiza que el endeudamiento ha aumentado en 20 billones de dólares en menos de una década, reflejando una brecha fiscal que denota la incapacidad estructural del Gobierno federal para contener los déficits y el encarecimiento de la financiación estatal.

Las proyecciones futuras alertan sobre la sostenibilidad del modelo. Según estimaciones del Instituto Peterson de Economía Internacional, la deuda del país podría alcanzar los 50 billones de dólares en seis años, a menos que se reforme el gasto público o el sistema fiscal.

El costo del servicio de la deuda y el «círculo vicioso» fiscal tienen repercusiones sociales directas. El documento original advierte que este escenario impacta de manera directa a las familias trabajadoras mediante la subida sostenida de los costos de vida, las hipotecas, los préstamos vehiculares y los intereses de las tarjetas de crédito.

En el ámbito presupuestario, el pago de intereses de la deuda se consolidó como la tercera partida presupuestaria más alta del país, superada únicamente por la sanidad y la Seguridad Social. Durante el ejercicio fiscal 2026, los costos por intereses alcanzaron los 1,17 billones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 15 %. A esto se suma que las subastas de bonos del Tesoro a 10 y 30 años registraron los costos de financiamiento más elevados en casi dos décadas.

Los factores históricos y estructurales del endeudamiento incluyen decisiones de diversas administraciones. Por un lado, las exenciones tributarias promovidas por las gestiones de George W. Bush y Donald Trump redujeron la recaudación en billones de dólares. Por otro, las intervenciones militares y guerras en Irak y Afganistán demandaron un gasto superior a 1,6 billones de dólares del erario público. A esto se suman las medidas de rescate económico aprobadas ante la recesión de 2008, la crisis sanitaria del Covid-19 y las normativas promulgadas durante la gestión de Joe Biden.

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Hacia el futuro, la inacción política y el techo legal dominan la agenda. A medida que las obligaciones se aproximan al límite legal de 41,1 billones de dólares, umbral que la agencia Fitch Ratings prevé alcanzar a mediados de 2027, aumenta el riesgo de un enfrentamiento político sobre el impago. Pese al anuncio de iniciativas de recortes como el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), las medidas en el gasto discrecional resultaron insuficientes, perpetuando un ciclo donde el Estado emite nuevos títulos únicamente para cubrir los compromisos acumulados.

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