Diversas organizaciones sindicales, defensoras de derechos humanos y actores políticos expresaron su preocupación ante las recientes directrices emitidas desde el Ejecutivo en Honduras. La controversia surgió luego de que el secretario privado de la presidencia, Luis Castro, ordenara a ministros y funcionarios destituir antes del 31 de diciembre a los trabajadores vinculados al partido Libertad y Refundación (Libre) que laboran en instituciones del Estado, con el propósito de abrir dichos espacios a militantes del Partido Nacional.

Esta disposición es cuestionada por constituir una presunta práctica de discriminación y persecución política y sectarismo ideológico. Diversas voces críticas señalan que las instituciones estatales no pertenecen a ninguna facción partidaria, sino que su función primordial es servir a toda la ciudadanía bajo los principios de un estado de derecho, por lo que la estabilidad laboral no debería depender de la afiliación partidaria, sino del mérito, la capacidad y el desempeño profesional.

El exmagistrado Mario Morazán cuestionó al secretario privado de la presidencia, acusándolo de incitar abiertamente a la exclusión por razones ideológicas. Morazán advirtió que estas acciones vulneran el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe cualquier forma de discriminación por opiniones políticas.

Criticó que este tipo de prácticas se realicen con aparente impunidad y lamentó la falta de cuestionamientos institucionales frente a tales expresiones, las cuales continúan generando alertas sobre la vulneración de los derechos laborales y constitucionales en el país.

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La medida de los despidos se anunció en medio de una ola destuciones en el sector estatal. Mientras que la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) calculaba en septiembre pasado unos 15,000 despidos durante los primeros ocho meses de laAadministración de Nasry Asfura, sectores afines a Libre aseguran que la cifra real duplica esa cantidad, alcanzando cerca de 30,000 separaciones.

La situación escaló al ámbito internacional, donde 14 organizaciones sindicales presentaron denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), documentando miles de ceses en el sector público y afectaciones a más de 400 dirigentes sindicales.

Deterioro laboral y repunte de la pobreza en Honduras

La situación económica y social en el país registra un panorama complejo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer recientemente los resultados de la encuesta de hogares realizada en junio de 2026, los cuales evidencian un incremento en los niveles de desocupación a cinco meses de haber iniciado la actual Administración gubernamental. Según el informe, la tasa de desempleo se situó en un 7.1 por ciento, equivalente a 290,314 personas sin empleo dentro de una fuerza laboral que asciende a 4,085,577 ciudadanos.

Este indicador muestra un repunte en comparación con el 4.9 por ciento reportado en 2025, situando a más de dos millones de habitantes con problemas de empleo. Entidades de análisis económico advirtieron que el 78 por ciento de la población económicamente activa subsiste gracias al sector informal y a ingresos diarios.

En el plano social, la pobreza afectó al 61.1 por ciento de los hogares durante 2026, lo que representa un aumento de un punto porcentual —equivalente a 1,702,006 familias en condiciones de precariedad— y rompe con una tendencia de cuatro años consecutivos de reducciones en este indicador nacional.

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