Denuncian asesinato de otro líder social en Putumayo, Colombia

7 de febrero de 2024 Hora: 02:06

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció este martes el asesinato de un líder social en el municipio de Puerto Caicedo, en el departamento de Putumayo, en el suroeste del país.

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“Lirnedy Soto era un reconocido líder, quien se desempeñaba actualmente como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pradera, Inspección de Arizona, en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo”, indicó el Indepaz en su cuenta de la red social X.

El ente colombiano acotó que este dirigente “fue detenido por hombres armados quienes posteriormente lo asesinaron y su cuerpo fue encontrado con varios impactos por arma de fuego el domingo 4 de febrero sobre un trayecto que conduce dela comunidad de La Pradera hacia Arizona”.

��Lirnedy Soto
�� Fecha:04/02/24
�� Lugar: Puerto Caicedo, Putumayo

➡️Lirnedy Soto era un reconocido líder, quien se desempeñaba actualmente como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pradera, Inspección de Arizona en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo. pic.twitter.com/VzWFL4MCDd

— INDEPAZ (@Indepaz)
February 6, 2024

La organización no gubernamental alertó que “debido a las condiciones del lugar solo hasta hoy 6 de febrero pudo ser recuperado el cuerpo y trasladado a Puerto Asís”.

El asesinato de este activista tuvo lugar en el mismo departamento que Jhon Fredy Muchavisoy, quien fue asesinado el 2 de febrero, aunque su cuerpo no pudo ser extraído de la zona hasta el 3 de febrero.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, la Alerta Temprana (AT) 019/23 para líderes/as y defensores de Derechos Humanos (DD.HH.) señala “el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en del país”.

Indepaz puntualizó que “la imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación de los derechos de la población”.