La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, presidió este viernes la Sesión Solemne de Apertura Judicial 2026 en el Auditorio Principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acto basado en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 2 de la Ley Orgánica del TSJ y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Rodríguez, presentó el Informe de Gestión correspondiente a 2025, destacando que el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las distintas salas del máximo tribunal se materializó en la emisión de 6.292 sentencias.

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A su vez, informó que a nivel nacional los tribunales de la República dictaron un total de 781.403 decisiones judiciales, cifra que representa un incremento del 47,67 por ciento respecto al año anterior.

Durante su intervención, la magistrada Rodríguez destacó la consolidación estratégica del programa Tribunales Móviles y la capacitación de 24.458 ciudadanos en el marco del programa de formación inicial permanente para juezas y jueces de paz comunal. «La unidad no es uniformidad, sino un compromiso ineludible con el destino colectivo», afirmó la presidenta del TSJ.

El acto contó con la presencia de los integrantes del Poder Ciudadano: el fiscal general de la República, Tarek William Saab; el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz; y el contralor general de la República (encargado), Gustavo Vizcaíno Gil.

Caryslia Rodríguez reiteró el pedido de liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Asimismo, expresó reconocimiento a los fallecidos del pasado 3 de enero durante la agresión militar perpetrada por el ejército estadounidense contra territorio venezolano, que derivó en el secuestro de la pareja presidencial.

La magistrada Caryslia Rodríguez también reconoció el papel de la mujer venezolana, en especial el de la diputada y primera combatiente Cilia Flores.

Por su parte, la presidenta encargada Delcy Rodríguez revalidó durante el evento la disposición del Gobierno al diálogo para consolidar la paz nacional, en el marco del inicio del año judicial que, abre un espacio para seguir fortaleciendo la administración de justicia como garantía de estabilidad para el país.

El magistrado Carlos Castillo, vicepresidente de la Sala de Casación Social, afirmó que las instituciones bolivarianas «están a la altura de los tiempos» y denunció la violación de la integridad territorial venezolana por parte de Estados Unidos.

Castillo señaló que las instituciones judiciales condenan los actos que atentaron contra el ordenamiento político nacional y patentizó la importancia de ejercer «la diplomacia de paz que aparte el uso de las imposiciones en la gestión de la nación».

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