El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció el lunes que el Gobierno de Estados Unidos utiliza la lucha contra el narcotráfico en América Latina y el Caribe como un “pretexto” para justificar una creciente “militarización” en la región, la cual calificó como un “instrumento de dominación”.

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Durante una reunión de ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) —en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)—, el jefe de la diplomacia cubana afirmó que el continente enfrenta “una ofensiva del gobierno de EE. UU. para imponer la arcaica Doctrina Monroe, acentuada bajo nuevos e inaceptables corolarios”.

“Utilizan como instrumento de dominación, la militarización de la región bajo el pretexto de combatir el narcotráfico; imponen aranceles punitivos contra varios de nuestros países; promueven iniciativas que pretenden dividirnos; y tratan de debilitar los mecanismos de concertación e integración que tanto nos ha costado construir”, advirtió Rodríguez a través de su cuenta en la red social X.

En su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores cubano también denunció un “reforzamiento sin precedentes” del embargo económico estadounidense hacia la isla, haciendo especial énfasis en el cerco energético, el impacto de las sanciones secundarias, una “violenta ofensiva mediática” y la constante amenaza de agresión militar contra la nación caribeña.

La declaración del canciller cubano se produce en un contexto de máxima tensión bilateral, marcado por la presencia militar que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump mantiene en aguas del Caribe y del Pacífico en el marco de una operación antinarcóticos desplegada desde septiembre de 2025.

Hasta la fecha, en el desarrollo de esta ofensiva, las fuerzas navales y aéreas de EE.UU. han interceptado o atacado cerca de 70 embarcaciones presuntamente vinculadas con el tráfico de sustancias ilícitas, dejando un saldo de más de 220 personas muertas, a quienes Washington ha calificado de “narcoterroristas” sin aportar pruebas públicas.

Dichas acciones han generado una ola de críticas de expertos de la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos, quienes señalan que estos operativos constituyen ejecuciones extrajudiciales y una clara violación del derecho internacional.

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