El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, informó este viernes ocho de mayo a través de una publicación en su cuenta en la red social X sobre una entrevista concedida a la división de la red de televisión y radio estadounidense ABC News en La Habana, capital cubana, donde denunció la agresión multidimensional de Estados Unidos contra la nación caribeña, que incluye sanciones extraterritoriales y amenazas de intervención militar.

A la cadena estadounidense, el diplomático resaltó que el asedio petrolero y la Orden Ejecutiva de Donald Trump, adoptada el primero de mayo, dañan seriamente al pueblo cubano mediante la imposición de medidas coercitivas secundarias. Estas acciones incluyen sanciones contra cualquier empresa o naviera que intentara vender petróleo a Cuba, lo que constituye una violación flagrante de la soberanía de terceros Estados.

La orden de Trump, una extensión de las anunciadas en enero, se ha concretado con el anuncio del Secretario de Estado de Estados Unidos, Donald Trump sobre entidades cubanas y personas incluidas en este registro de penalidades, evidenciando su extraterritorialidad.

Rodríguez respondió a las recientes amenazas del mandatario estadounidense, quien afirmó en Florida que «Cuba será la próxima» tras la operación en Irán. Al respecto, Rodríguez advirtió que el Gobierno de Estados Unidos ha elegido un «camino peligroso»; uno que «podría derivar en consecuencias inimaginables, en una catástrofe humanitaria, en un genocidio, en la pérdida de vidas cubanas y de jóvenes estadounidenses; también podría conducir a un baño de sangre en Cuba».

El funcionario cubano alertó sobre la seriedad de las declaraciones del jefe de la Casa Blanca sobre «tomar el control» de la isla casi de inmediato. Ante su sugerencia de enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln para forzar una rendición, el ministro enfatizó que: «Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos: ni para su seguridad nacional, ni para su política exterior, ni para su economía, ni para el estilo de vida estadounidense».

En tal sentido, precisó que «la nación ejercerá su derecho a la legítima defensa hasta las últimas consecuencias, con el apoyo masivo de su pueblo«.

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Sobre el proceso de diálogo, el titular de Exteriores aclaró que no se ha producido ningún avance en las conversaciones con Estados Unidos. «Puedo decirle que no veo ningún progreso», subrayó el jefe de la diplomacia cubana. Sin embargo, reiteró la disposición al diálogo «sobre una gran variedad de cuestiones bilaterales», pero enfatizó que los temas relacionados con el sistema político o los asuntos internos de Cuba «no están sobre la mesa».

Asimismo, el canciller cubano desestimó las recientes exigencias de la Administración de Donald Trump en materia de reformas políticas y económicas, así como las acusaciones de persecución política, calificándolas como pretextos utilizados por la Casa Blanca para justificar una eventual agresión militar contra Cuba, algo «prohibido por el derecho internacional».

Desde que asumió su segundo período en la Casa Blanca el 20 de enero del pasado año 2025, el presidente Trump ha redoblado su apuesta contra Cuba. El primer día en el cargo firmó una orden ejecutiva que revirtió medidas tomadas por su predecesor demócrata, Joe Biden, quien durante sus cuatro años en el Despacho Oval se mantuvo en línea con la política de Trump hacia Cuba, una semana antes de concluir su presidencia, decidió eliminar al país de la unilateral y arbitraria lista de Estados Unidos de supuestos patrocinadores del terrorismo.

Así, en cascada, fueron llegando una tras otra las disposiciones, todas destinadas a estrangular a la nación antillana con un reforzamiento sin precedentes del bloqueo económico, financiero y comercial más largo de la historia, con el objetivo de derrocar a la Revolución cubana, es decir, el cambio de régimen. Atacó las remesas (desde el 31 de enero de 2025 fueron suspendidas); incrementó la persecución a la cooperación internacional de Cuba en el área de la salud a través de campañas de presión que hicieron ceder a algunos países, los cuales abandonaron ese programa humanista.

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También la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha intensificado su persecución a las operaciones financieras de la isla; puso fin al programa de parole humanitario; suspendió visas para intercambios culturales, deportivos y científicos. En un giro sin precedentes tras 23 años de suspensión, Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton.

El pasado 29 de enero del corriente año 2026, (un año después de su regreso al poder), firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba bajo el falso argumento de que constituye una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. En virtud de ello se impuso un bloqueo energético a la isla y amenazó con aranceles punitivos y sanciones secundarias a cualquier país.

En este contexto de escalada, una reciente votación en el Senado de Estados Unidos (51-47) rechazó una iniciativa demócrata sobre poderes de guerra para limitar las posibles operaciones militares que Trump pudiera ordenar contra Cuba sin la autorización del Congreso. Este resultado subraya la preocupación sobre el alcance de las acciones presidenciales en el ámbito militar.

El Gobierno cubano mantiene su postura de independencia absoluta y advierte que cualquier intento de intervención militar ignorando la soberanía nacional conducirá a un escenario de consecuencias inimaginables para ambos países.

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