La Asamblea Nacional de Cuba aprobó un paquete de 176 medidas económicas que representa la mayor reforma en décadas para la isla, destacando la apertura a la inversión extranjera y la flexibilización del comercio exterior. Las reformas, presentadas por el primer ministro cubano, Manuel Marrero, y respaldadas por el Partido Comunista de Cuba (PCC), buscan dinamizar una economía sumida en su peor crisis en décadas.

Este giro sin precedentes en la política de inversión llega en momentos de una contracción sostenida del Producto Interno Bruto (PIB) durante los más recientes seis años, y bajo el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, que impide casi totalmente la entrada de petróleo a la isla.

El paquete contempla una simplificación sustancial de los trámites para la aprobación de la inversión extranjera directa, con una mayor descentralización del proceso para agilizar la llegada de capitales. Por primera vez, se autoriza la participación de capital privado y extranjero en empresas privadas y cooperativas, un cambio de gran calado que rompe con el esquema tradicional en el que la inversión foránea solo podía canalizarse hacia empresas estatales.

Asimismo, el Gobierno permitirá la participación de capital extranjero en la compra y venta de combustibles, así como en áreas tecnológicas estratégicas como los centros de datos de Etecsa, redes móviles e infraestructuras digitales.

En el sector financiero, las medidas proyectan una mayor participación del capital privado, incluyendo la posible creación de una banca privada bajo la supervisión del Banco Central.

Uno de los cambios más significativos para la flexibilización del comercio exterior es la autorización para que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas puedan importar y exportar directamente, sin necesidad de recurrir a agencias estatales.

Esta eliminación de la intermediación estatal obligatoria supone un cambio radical en el modelo de comercio exterior cubano. También se otorgan incentivos para la importación de insumos destinados a procesos productivos.

Las empresas estatales obtendrán facultades para diseñar sus propios sistemas salariales, utilizar sus utilidades con menos restricciones y asociarse con el sector privado. Además, las reformas equiparan a los cubanos residentes en el exterior con los inversores extranjeros.

Los Gobiernos municipales podrán exportar, importar, retener divisas y gestionar proyectos impulsados por la diáspora, buscando canalizar el capital de la emigración hacia inversiones productivas.

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Finalmente, el Gobierno proyecta una redimensión del mercado cambiario oficial, con la incorporación de actores económicos no estatales y la creación de casas de cambio privadas. Las medidas contemplan una flexibilización de las operaciones financieras para inversionistas extranjeros, en un contexto de creciente dolarización parcial de la economía cubana impulsada por la escasez de divisas y la depreciación del peso.

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