Cristosal, organización humanitaria que cerró operaciones en El Salvador por la “escalada represiva” del Gobierno de Nayib Bukele, afirmó este martes que los migrantes deportados desde Estados Unidos (EE.UU.) fueron recluidos injustamente en el sistema penitenciario salvadoreño antes de ser enviados a Venezuela.

LEA TAMBIÉN

«Teníamos que comer como animales»: Denuncian abusos de ICE contra migrantes en Florida, EE.UU.

“Aunque fueron remitidos de vuelta a Venezuela, la situación de las personas deportadas ilegalmente de los EE.UU. y recluidas injustamente en el sistema penitenciario salvadoreño plantea un escenario muy particular con graves consecuencias para cientos de familias”, indicó Cristosal en el análisis publicado.

Asimismo, la organización señaló que ambos países actuaron de manera coordinada para cometer “graves violaciones a los derechos humanos, en desprecio de la dignidad de las personas” y agregó que el acuerdo entre Washington y San Salvador permitió el envío de personas deportadas ilegalmente a un sistema penitenciario sin protección legal ni vigilancia judicial.

En ese sentido, el ente humanitario instó a los organismos internacionales de derechos humanos a establecer las responsabilidades de ambos Estados y a crear mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

“Esta situación obliga a las instancias internacionales de derechos humanos a definir los límites de las responsabilidades de ambos Estados y establecer mecanismos de rendición de cuentas que resulten efectivos frente a estas prácticas”, sostuvo Cristosal.

Entretanto, detalló que “tanto El Salvador como los EE.UU. son responsables sobre las víctimas, y deben asumir su responsabilidad en la dimensión que le corresponde a cada uno”. Subrayó, además, que ningún país puede eludir su responsabilidad, dejando a las víctimas en “absoluta desprotección”.

La ONG enfatizó que El Salvador debe asumir responsabilidad por el control material ejercido sobre las víctimas, garantizar la reparación de los daños causados y prevenir futuras dinámicas de desaparición forzada conforme a estándares internacionales.

El ente advirtió que las deportaciones y el encarcelamiento de migrantes se realizaron sin las debidas garantías legales, agravando las violaciones a sus derechos. El acuerdo entre ambos países, según la organización, facilitó la transferencia de personas a un sistema penitenciario sin supervisión judicial, lo que constituye una violación grave de los derechos humanos.

Cristosal destacó la necesidad de que organismos internacionales investiguen y sancionen estas prácticas para evitar su repetición. La denuncia se produce en un contexto de creciente preocupación por las políticas migratorias y de seguridad en El Salvador, especialmente bajo el Gobierno de Bukele, acusado de restringir derechos fundamentales. La organización llamó a la comunidad internacional a vigilar estas acciones y a exigir justicia para las víctimas.

EN ESTA NOTA: